El proyecto de “inocencia fiscal” habilita el ingreso de funcionarios y limita los controles de ARCA

El Gobierno envió a Diputados una nueva versión de la iniciativa. El texto elimina los topes patrimoniales, permite que funcionarios en ejercicio adhieran al régimen y agrega condiciones para que el organismo recaudador investigue inconsistencias en las declaraciones.

El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de “inocencia fiscal”, una iniciativa que modifica el régimen vigente y amplía el universo de personas que podrán regularizar fondos no declarados.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es que los funcionarios públicos en ejercicio podrán adherir al sistema. De aprobarse la propuesta, quienes ocupen cargos en el Estado tendrán la posibilidad de declarar dinero o bienes no registrados sin que se investigue de manera automática el origen de esos recursos.

La disposición retoma un criterio incluido en la ley sancionada en diciembre de 2025. Aquella norma fue utilizada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se incorporó al régimen mientras existían cuestionamientos públicos por el crecimiento de su patrimonio durante su paso por la gestión.

La iniciativa también mantiene la denominada “presunción de exactitud”. Mediante ese mecanismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aceptará como válida la información presentada por el contribuyente, salvo que detecte diferencias que superen los parámetros establecidos por la legislación.

Quien ingrese al régimen podrá regularizar fondos no declarados mediante el pago de una alícuota reducida del impuesto a las Ganancias. A cambio, accederá a una mayor protección frente a revisiones fiscales sobre períodos anteriores y posteriores a la presentación.

Eliminación de los límites patrimoniales

La principal diferencia con la ley vigente es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio exigidos para ingresar al régimen.

La normativa actual establece que solo pueden adherir quienes registren ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Según las equivalencias incluidas en el proyecto original, esos montos representaban aproximadamente US$660.000 y US$6,6 millones, respectivamente.

El nuevo texto suprime esas restricciones y permite que cualquier contribuyente pueda solicitar su incorporación, independientemente del volumen de sus ingresos o bienes.

El Ministerio de Economía justificó el cambio con el argumento de “democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Sin embargo, la eliminación de los límites abre la puerta a que también puedan ingresar personas con grandes patrimonios y capitales no declarados.

La modificación fue discutida por el ministro Luis Caputo y su equipo con estudios contables que asesoran a contribuyentes de altos ingresos. Esos encuentros derivaron en cambios destinados a reducir los riesgos de fiscalización para quienes se incorporen al programa.

Más requisitos para iniciar una investigación

El proyecto también incorpora nuevas condiciones para que ARCA pueda auditar las declaraciones presentadas.

La ley vigente autoriza al organismo a abrir una investigación cuando detecta una diferencia superior al 15% entre el patrimonio calculado por el fisco y el informado por el contribuyente.

La nueva redacción mantiene ese porcentaje, pero añade una segunda exigencia: la diferencia también deberá superar el equivalente al 5% del monto mínimo previsto para considerar una evasión como delito penal tributario.

Ese piso fue fijado en $5 millones. De este modo, no alcanzará con que exista una inconsistencia porcentual: la diferencia también deberá superar el valor económico establecido para habilitar el control.

Antes de aplicar sanciones o multas, ARCA deberá permitir que el contribuyente rectifique su declaración y abone el monto pendiente. Solo si no regulariza la situación podrá avanzar el procedimiento fiscal correspondiente.

Un régimen bajo cuestionamiento

El Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para facilitar la formalización de ahorros y reducir la presión burocrática sobre los contribuyentes.

Desde sectores opositores, en cambio, advierten que el proyecto puede transformarse en un nuevo blanqueo dirigido principalmente a grandes patrimonios y a personas que ya participaron de regímenes similares en el pasado.

El punto más sensible es la incorporación de funcionarios públicos. La ausencia de una prohibición específica y las restricciones impuestas a las facultades de control de ARCA alimentan los cuestionamientos sobre el alcance real de la norma.

La discusión que llegará al Congreso no se limitará, por lo tanto, a una simplificación tributaria. También pondrá en debate hasta dónde puede extenderse la presunción de buena fe del contribuyente cuando existen fondos sin declarar y qué controles deben mantenerse para evitar que un régimen fiscal termine funcionando como una garantía de impunidad.