Argentina lidera la morosidad en América Latina y expone el fracaso del crédito bajo Milei

El país registra un 7,3% de su cartera en situación irregular, más del doble del promedio regional, mientras el crédito representa apenas el 14,3% del PBI. Cerca de 7 millones de argentinos mantienen deudas y el Gobierno insiste en que se trata de “un asunto entre privados”, pese al deterioro cada vez más visible de las economías familiares.

La Argentina encabeza el ranking de morosidad bancaria de América Latina con un 7,3% de su cartera en situación irregular, una cifra que más que duplica el promedio regional del 2,78%, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos. El dato resulta todavía más grave porque convive con el nivel de crédito sobre el PBI más bajo de la región: apenas 14,3%, frente a un promedio latinoamericano de 47,3%. En otras palabras, en la Argentina se presta mucho menos que en los países vecinos, pero aun así una proporción mucho mayor de esos préstamos termina sin pagarse. La combinación refleja una economía en la que el crédito no alcanza para impulsar proyectos ni consumo de largo plazo y, cada vez más, funciona como último recurso para cubrir gastos corrientes.

La comparación regional deja en evidencia la magnitud del problema. Mientras Argentina registra 7,3% de morosidad, Brasil alcanza 4,3%, Colombia 3,7%, Uruguay 1,7%, El Salvador 1,4% y República Dominicana apenas 1,1%. La tendencia general en América Latina es creciente: la cartera vencida aumentó un 10% respecto de diciembre de 2025 y llegó en marzo de 2026 a unos US$104.621 millones. Sin embargo, ningún otro país importante de la región muestra una brecha tan pronunciada como la argentina. A esto se suma otro indicador preocupante: el nivel de cobertura bancaria frente a posibles pérdidas es de apenas 84%, uno de los más bajos del continente y muy lejos de República Dominicana, con 316%, Uruguay, con 226%, o Ecuador, con 210%.

En el país, los préstamos irregulares totalizan alrededor de $14 billones. Cerca de dos tercios corresponden al sistema bancario tradicional y el resto se distribuye entre fintech, cooperativas, financieras, tarjetas de supermercados y otros prestamistas no bancarios. La expansión del crédito privado de los últimos dos años fue presentada por el Gobierno como una señal de normalización económica, favorecida por la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria. Pero esa recuperación vino acompañada de una consecuencia que el discurso oficial prefiere minimizar: cada vez más personas toman deuda que después no pueden pagar. El problema no es sólo cuánto crédito existe, sino qué ingresos tienen quienes deben devolverlo.

La morosidad creciente vuelve a mostrar la distancia entre la macroeconomía que exhibe Javier Milei y la realidad cotidiana de millones de familias. Cerca de 7 millones de argentinos afrontan algún nivel de endeudamiento problemático, mientras una parte importante utiliza tarjetas, préstamos personales o aplicaciones financieras para pagar alimentos, servicios, alquileres o deudas anteriores. En ese contexto, la posición oficial de considerar la cuestión como “un asunto entre privados” resulta cada vez más difícil de sostener. Cuando el fenómeno alcanza a millones de personas y coloca a la Argentina en el peor lugar de América Latina, deja de ser una suma de decisiones individuales y pasa a constituir un problema económico y social.

La respuesta del Gobierno vuelve a expresar la concepción más dura del modelo libertario. Milei reivindica la libertad contractual y rechaza la intervención estatal, incluso cuando las relaciones entre acreedores y deudores están atravesadas por una enorme desigualdad de poder. Pero una familia que necesita endeudarse para completar la compra del supermercado no negocia en igualdad de condiciones con un banco o una fintech. El mercado puede ofrecer crédito, pero no puede fabricar el salario necesario para devolverlo. Y allí aparece el punto que la administración libertaria evita: si los ingresos no alcanzan, la expansión financiera puede terminar convirtiéndose no en una señal de prosperidad, sino en una máquina de refinanciar pobreza.

La discusión también vuelve a marcar una diferencia histórica con el modelo económico defendido por Cristina Fernández de Kirchner. Durante sus gobiernos, el crédito se pensó como complemento de salarios, empleo y consumo interno, dentro de una estrategia donde el Estado intervenía para sostener la demanda y proteger a los sectores más débiles. El mileísmo invirtió esa lógica: primero el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad financiera; después, eventualmente, la recuperación social. Pero mientras esa segunda etapa no llega, los números muestran hogares cada vez más expuestos, endeudados y con mayores dificultades para cumplir sus compromisos.

Argentina tiene hoy menos crédito que casi toda América Latina y, al mismo tiempo, más morosidad. Esa aparente contradicción resume buena parte del problema económico actual. No se trata de una sociedad que se endeuda masivamente para invertir, comprar viviendas o expandir negocios, sino de una parte creciente de la población que toma préstamos para sostener consumos elementales y luego queda atrapada en cuotas que sus ingresos no pueden acompañar.

Milei puede decir que la deuda corresponde a relaciones entre privados. Pero cuando millones de argentinos no pueden pagar lo que deben y el país duplica ampliamente la morosidad promedio regional, el problema ya no pertenece únicamente a cada deudor.

Pertenece al Gobierno que conduce la economía.