Lugones, acorralado por el escándalo del fentanilo y la crisis del PAMI

El ministro de Salud acumula cuestionamientos por el avance de la causa del fentanilo contaminado y por el conflicto con prestadores del PAMI, que ya afectó la atención en distintas provincias. Mientras en La Libertad Avanza descartan una salida inmediata, crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para administrar áreas sensibles del sistema sanitario.

Mario Lugones atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió al frente del Ministerio de Salud en septiembre de 2024. Las versiones sobre una posible renuncia volvieron a circular con fuerza mientras su gestión enfrenta dos conflictos de enorme sensibilidad: el avance de la causa judicial por el fentanilo contaminado, que provocó centenares de muertes durante 2025, y la crisis financiera del PAMI, que derivó en suspensiones de atención y medidas de fuerza de prestadores en distintas provincias. En el oficialismo insisten en que el ministro continuará en su cargo y rechazan los rumores que incluso involucraron a su hijo Rodrigo Lugones, cercano a Santiago Caputo, como supuesto impulsor de una salida anticipada.

El caso del fentanilo sigue siendo el frente más grave. El medicamento contaminado fue elaborado por Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma Group, y el expediente judicial avanzó sobre responsabilidades dentro de los organismos encargados de controlar medicamentos. Por el escándalo fueron desplazadas Agustina Nélida Bisio, entonces titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, quien se desempeñaba en el Instituto Nacional de Medicamentos. Ambas quedaron bajo investigación judicial y presentaron cauciones por $75 millones cada una para continuar el proceso en libertad. Bisio sostuvo ante la Justicia que su responsabilidad debía analizarse en función de la información que efectivamente llegaba a su despacho, por qué circuito lo hacía y qué decisiones estaba en condiciones de tomar. Su defensa buscó diferenciar sus funciones de las tareas específicas vinculadas al control de laboratorios y líneas de producción.

En La Libertad Avanza aseguran que el Gobierno actuó como correspondía cuando estalló el caso y que se encuentran implementando cambios tanto en la ANMAT como en el Iname para evitar una repetición del episodio. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido vuelve inevitable la discusión sobre el funcionamiento de los organismos de control durante una administración que convirtió la desregulación y la reducción del Estado en dos de sus principales banderas. Cuando una tragedia sanitaria alcanza semejante dimensión, la explicación no puede agotarse en la responsabilidad individual de funcionarios desplazados: también corresponde discutir si existieron fallas estructurales, controles insuficientes o decisiones políticas que debilitaron capacidades estatales esenciales.

El segundo gran problema es el PAMI. Prestadores privados suspendieron durante varios días la atención en alrededor de cien clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza. Las entidades reclamaron una actualización urgente de los aranceles y la regularización de pagos atrasados, y describieron la situación como un verdadero “ahogo financiero”. Según advierten, el atraso de los valores frente a la inflación deterioró seriamente las cuentas de las instituciones y amenaza la continuidad de distintas prestaciones. Una medida similar había afectado pocos días antes a Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, lo que confirma que el conflicto ya tiene dimensión federal.

Durante las medidas de fuerza sólo quedó garantizada la atención de emergencias de máxima gravedad. El resto de las prestaciones quedó condicionado por una disputa económica que tiene como principales perjudicados a miles de jubilados y pensionados. Allí aparece nuevamente una contradicción del Gobierno de Javier Milei: mientras presenta el ajuste del gasto como un requisito indispensable para ordenar las cuentas públicas, las consecuencias de ese recorte comienzan a hacerse visibles en áreas donde la falta de recursos puede traducirse directamente en una peor atención sanitaria.

El PAMI no es un organismo más. Atiende a una de las poblaciones más vulnerables del país, integrada mayoritariamente por adultos mayores que dependen de medicamentos, controles periódicos y tratamientos continuos. Cuando clínicas y sanatorios advierten que no pueden sostener las prestaciones porque los aranceles quedaron retrasados, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. Se convierte en una cuestión de salud pública y también de prioridades presupuestarias.

La situación vuelve a marcar el contraste entre el proyecto de Milei y la concepción del Estado defendida durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo sostuvo que la salud pública, la seguridad social y la presencia estatal debían funcionar como herramientas de protección frente a desigualdades que el mercado no corrige por sí solo. El mileísmo, en cambio, construyó buena parte de su programa sobre la reducción del gasto, la desregulación y la idea de que un Estado más pequeño necesariamente funciona mejor.

Los conflictos que hoy atraviesan a Salud muestran los límites de esa premisa. Un organismo de control debilitado puede significar medicamentos sin fiscalización suficiente. Un PAMI sin recursos adecuados puede significar jubilados que pierden acceso a sus tratamientos. En ambos casos, aquello que en una planilla puede aparecer como ahorro fiscal termina teniendo consecuencias concretas sobre la vida de las personas.

Lugones continúa en su cargo y en el oficialismo aseguran que no existe una decisión tomada para reemplazarlo. Pero su situación política se vuelve cada vez más frágil. La causa del fentanilo todavía tiene capítulos judiciales por delante y el conflicto con los prestadores del PAMI está lejos de haberse resuelto. Detrás de ambos problemas aparece una pregunta más profunda para el Gobierno: cuánto puede seguir reduciéndose la presencia estatal antes de que el ajuste deje de ser una discusión ideológica y empiece a convertirse en una amenaza concreta para servicios esenciales.