La reforma tributaria de Milei profundiza la desigualdad: los que menos tienen terminan pagando más
Mientras el Gobierno celebra una baja de la presión tributaria, los principales beneficios se concentraron en patrimonios altos, bienes suntuarios y sectores exportadores. Al mismo tiempo, más de la mitad de la recaudación sigue dependiendo de impuestos al consumo, que golpean proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos.
La reforma tributaria impulsada por Javier Milei avanza sobre una contradicción difícil de ocultar: el Gobierno proclama una reducción de impuestos como parte de su cruzada contra el Estado, pero los sectores de menores ingresos siguen soportando una estructura impositiva fuertemente regresiva. Según un estudio de Fundar, el 54,9% de la recaudación argentina proviene de impuestos indirectos ligados al consumo y a la compra y venta de bienes y servicios, la proporción más alta de la región. Los impuestos sobre los ingresos representan apenas el 16,2% y los que gravan la propiedad, sólo el 2,4%. El resultado es un sistema en el que quienes destinan casi todo lo que ganan a consumir pagan proporcionalmente más que quienes cuentan con mayores patrimonios y capacidad de ahorro.
La comparación internacional deja todavía más expuesta esa desigualdad. En los países de la OCDE, los impuestos sobre bienes y servicios representan alrededor del 31,2% de la recaudación, mientras que los tributos sobre ingresos y patrimonio explican en conjunto cerca del 40,3%. En Argentina ocurre prácticamente lo contrario. Fundar estima que los hogares ubicados en el decil de menores ingresos destinan más del 35% de lo que perciben al pago de impuestos, mientras que el decil más rico destina menos del 25%. El IVA es el ejemplo más evidente: pesa mucho más sobre una familia que utiliza casi todo su ingreso para alimentos, transporte y servicios que sobre quien puede ahorrar, invertir o acumular patrimonio.
Sin embargo, las principales rebajas impositivas impulsadas por Milei no apuntaron a corregir esa regresividad. Según cálculos del Instituto Argentina Grande, durante el último año los sectores de mayores recursos dejaron de pagar más de $4 billones entre Bienes Personales e Impuestos Internos. De ese total, unos $3,3 billones corresponden a la reducción de Bienes Personales, cuya alícuota máxima inició un sendero descendente desde 1,75% en 2024 hasta 0,25%, junto con una fuerte suba del mínimo no imponible, que alcanzó los $385 millones. A esto se sumaron aproximadamente $945.000 millones que el Estado dejó de recaudar tras las rebajas aplicadas a bienes suntuarios, autos de gama media y alta, embarcaciones deportivas, aeronaves, joyas y otros productos.
También se redujeron los derechos de exportación sobre productos agrícolas. La soja pasó de una retención del 33% al 24%, el maíz del 12% al 8,5% y el trigo del 12% al 7,5%, además de rebajas para carne y algunas actividades industriales. Los sectores agropecuario, pesquero, minero y financiero aparecen, además, entre los de mayor crecimiento durante el último año. Con estas medidas, la presión tributaria total cayó del 23% al 20,8% del PBI en dos años, según el Iaraf. El problema no es solamente cuánto bajó, sino para quién bajó.
Milei sostuvo recientemente ante el Council of the Americas que el Gobierno había reducido impuestos por tres puntos del PBI y “devuelto” US$100.000 millones a los argentinos. Pero la frase omite una cuestión central: los beneficios de una baja tributaria no se distribuyen automáticamente de manera equitativa. Si se reducen principalmente impuestos al patrimonio, bienes de lujo o exportaciones mientras se mantiene intacto el peso del IVA y otros gravámenes al consumo, la disminución de la presión fiscal beneficia mucho más a quienes tienen mayores ingresos y activos que a una familia que utiliza prácticamente todo su salario para llegar a fin de mes.
Allí aparece una diferencia profunda con la concepción tributaria defendida históricamente por Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo sostuvo que un sistema impositivo debía ser progresivo: quienes tienen mayor capacidad económica deben aportar proporcionalmente más para financiar políticas públicas, jubilaciones, educación, salud e infraestructura. Esa lógica también explica la defensa de tributos patrimoniales y de derechos de exportación sobre sectores con rentas extraordinarias. Puede discutirse cada alícuota o cada diseño concreto, pero la orientación era la contraria a la actual: utilizar la política fiscal para reducir desigualdades, no para consolidarlas.
El panorama puede volverse todavía más regresivo si prosperan algunas propuestas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. El organismo volvió a plantear la necesidad de modificar el régimen del monotributo para incrementar los aportes de trabajadores independientes y reducir el déficit previsional. En muchos casos, esos trabajadores forman parte precisamente de sectores precarizados, sin estabilidad laboral ni beneficios propios de una relación de dependencia. El Gobierno prometió revisar el sistema para fines de 2027, lo que abre la posibilidad de que mientras se reducen impuestos sobre patrimonio y riqueza, aumente la carga sobre trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes.
A ese escenario se suma el proyecto conocido como Inocencia Fiscal II, que obtuvo media sanción en Diputados. La oposición sostiene que la iniciativa funciona como un blanqueo encubierto al facilitar la utilización de fondos no declarados y reducir las posibilidades de investigar su origen. El contraste es evidente: mientras se alivian controles y obligaciones sobre grandes capitales, los impuestos que recaen sobre el consumo cotidiano siguen financiando buena parte del Estado.
El titular de ARBA, Cristian Girard, propuso recientemente avanzar hacia un sistema con mayor peso de los impuestos directos y una política más agresiva contra la evasión. La lógica es sencilla: si quienes tienen mayores ingresos y patrimonios pagan efectivamente lo que corresponde, puede reducirse la presión sobre quienes cumplen y sobre los impuestos al consumo. Esa discusión está ausente en el proyecto libertario, que identifica casi cualquier impuesto con una expropiación, pero termina tolerando una estructura en la que el peso fiscal recae proporcionalmente con mayor fuerza sobre los sectores populares.
La promesa de Milei fue bajar impuestos. El resultado, hasta ahora, es más selectivo: se redujeron cargas sobre patrimonios altos, bienes suntuarios y sectores exportadores, mientras los hogares de menores ingresos continúan pagando una parte considerable de sus ingresos cada vez que compran alimentos, pagan servicios o consumen bienes básicos.
Esa diferencia no es técnica.
Es política.
Cristina Kirchner defendió durante años que la política tributaria debía servir para redistribuir y financiar un Estado capaz de compensar desigualdades. Milei plantea que el mercado debe ordenar por sí solo buena parte de esas diferencias. Los números muestran quién termina pagando el costo de esa elección: en el esquema actual, cuanto menos tenés, mayor proporción de lo que ganás termina en impuestos.
