Sueldos bajos, deudas y abandono estatal: crecen los suicidios en las fuerzas bajo el gobierno de Milei
Los casos aumentaron un 30% entre integrantes de las fuerzas federales durante 2025. Familias y especialistas advierten sobre salarios deteriorados, obras sociales desfinanciadas, endeudamiento y falta de asistencia psicológica, mientras el Gobierno intenta presentar el fenómeno como parte de una tendencia general y evita discutir el impacto de su propio ajuste.
Detrás de los uniformes, los discursos sobre orden y las fotografías oficiales existe una realidad mucho menos cómoda para el Gobierno de Javier Milei: integrantes de las fuerzas de seguridad atraviesan problemas económicos, sanitarios y psicológicos cada vez más graves. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció recientemente que durante 2025 los suicidios entre efectivos federales aumentaron un 30% respecto del año anterior. La funcionaria buscó contextualizar el dato señalando que los casos también crecieron en el conjunto de la sociedad, pero familiares y especialistas advierten que esa explicación resulta insuficiente cuando las propias fuerzas padecen salarios debilitados, obras sociales colapsadas y el desmantelamiento de áreas destinadas a la prevención y al bienestar del personal.
Uno de esos casos fue el de R., un policía federal de 59 años y tres décadas de servicio que se quitó la vida en agosto de 2025 después de atravesar durante meses fuertes dolores de columna y crecientes dificultades para acceder a atención médica. Su esposa relató que la obra social de la Policía Federal no brindaba las prestaciones necesarias y que la familia comenzó a pagar consultas, estudios e internaciones de manera particular. Primero recurrieron a la tarjeta, después a préstamos y finalmente consumieron los ahorros destinados a los estudios universitarios de una de sus hijas. “Gastamos hasta lo último, pero eso no fue suficiente”, recordó. La familia no sólo quedó endeudada: tampoco recibió después asistencia psicológica por parte del Estado.
El caso expone crudamente una contradicción del discurso libertario. Milei suele presentar a las fuerzas de seguridad como uno de los pilares de su proyecto político y reivindica públicamente a policías, gendarmes y prefectos frente a lo que denomina décadas de abandono. Pero mientras el Gobierno construye una retórica de respaldo a quienes llevan uniforme, las condiciones materiales dentro de esas instituciones muestran otra realidad. Los efectivos pueden recibir elogios desde un atril y al mismo tiempo encontrarse con una obra social que no responde, salarios insuficientes y dificultades para pagar tratamientos médicos o psicológicos.
Según el último informe del Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego, en 2024 se registraron 24 episodios entre suicidios e intentos de suicidio en las fuerzas federales. La propia información elaborada por el Ministerio de Seguridad muestra una tendencia preocupante: se registraron 25 suicidios en 2021, 14 en 2022, 16 en 2023 y 21 durante 2024. La Policía Federal presentó ese último año la mayor cantidad de casos, con 13, seguida por Gendarmería y Prefectura.
Los especialistas rechazan cualquier explicación simplista. Los suicidios son fenómenos multicausales y no pueden atribuirse únicamente a una variable económica o laboral. Sin embargo, tampoco puede ignorarse el peso de las condiciones de trabajo. Santiago Galar, investigador del Conicet y exdirector nacional de Bienestar Policial, advierte que existen problemas vinculados con los bajos ingresos, el deterioro de las obras sociales, el endeudamiento, las dificultades para acceder a atención psicológica y los constantes traslados geográficos que afectan la estabilidad familiar de los integrantes de las fuerzas. El cuadro se agrava porque quienes deben tomar una licencia psiquiátrica pueden perder la posibilidad de realizar adicionales y, por lo tanto, reducir todavía más sus ingresos.
La política del Gobierno tampoco ofrece señales tranquilizadoras en materia de prevención. Según Galar, el área de Bienestar encargada de trabajar sobre estas problemáticas continúa formalmente existiendo, pero perdió herramientas y recursos. Buena parte de la responsabilidad quedó trasladada a las propias fuerzas, que deben autogestionar mecanismos de asistencia en un contexto general de desfinanciamiento. Es una consecuencia coherente con el modelo de Milei: reducir estructuras públicas bajo la premisa de que menos Estado implica necesariamente mayor eficiencia. El problema aparece cuando aquello que se recorta no es burocracia innecesaria, sino una red capaz de detectar a tiempo a una persona que atraviesa una crisis.
El endeudamiento constituye otro factor de presión. Dentro de las fuerzas existen mutuales y sistemas de préstamos que descuentan directamente las cuotas del recibo de sueldo, incluso con tasas que especialistas describen como extremadamente elevadas. Muchos efectivos son, además, los únicos integrantes de sus familias con un ingreso formal y terminan solicitando créditos para sostener a todo el hogar. El resultado puede ser un círculo peligroso: salarios que no alcanzan, préstamos para cubrir gastos, intereses crecientes y cada vez menos dinero disponible a comienzo de mes.
A esa combinación se agrega un elemento específico de las fuerzas de seguridad: la disponibilidad cotidiana de armas de fuego. Investigaciones citadas en el informe señalan que la presencia de armas puede funcionar como un factor facilitador de las conductas suicidas. Estudios anteriores detectaron incluso que la incidencia del suicidio entre integrantes de las fuerzas podía duplicar la observada en la población general. Esto obliga a pensar políticas preventivas particularmente intensas, no simplemente trasladar el problema a la esfera privada de cada efectivo.
El fenómeno tampoco puede separarse del contexto nacional. Según datos citados por el Observatorio de Política Criminal, durante 2025 la tasa de suicidios argentina alcanzó su nivel más alto de los últimos nueve años y ubicó al país entre los de mayor incidencia de Sudamérica. Existen múltiples causas, pero distintos estudios señalan que las crisis económicas y el deterioro de las condiciones materiales pueden incrementar factores de vulnerabilidad. Por eso las declaraciones de Monteoliva generaron rechazo entre integrantes de las fuerzas y familiares: reconocer que el problema existe en toda la sociedad no exime al Estado de preguntarse qué está haciendo para prevenirlo.
Aquí también aparece una diferencia profunda entre el modelo libertario y la concepción estatal defendida históricamente por Cristina Fernández de Kirchner. Durante el kirchnerismo, con errores y conflictos que pueden discutirse, el Estado fue pensado como una estructura responsable de garantizar derechos laborales, sanitarios y previsionales incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Cristina sostuvo reiteradamente una idea contraria a la del “sálvese quien pueda”: ninguna sociedad puede descansar exclusivamente en la capacidad individual de cada ciudadano para resolver problemas que tienen dimensiones colectivas.
Milei propone lo contrario. Su proyecto parte de reducir al máximo la intervención estatal y trasladar crecientes responsabilidades al individuo, a las familias o al mercado. Pero los casos que atraviesan hoy las fuerzas muestran los límites humanos de esa filosofía. Un policía que no consigue atención médica no resuelve su problema con libertad de mercado. Un efectivo endeudado no mejora su situación porque el Estado decida retirarse. Una familia destruida después de un suicidio tampoco necesita una explicación estadística: necesita contención, prevención y una institución que responda.
Un año después de la muerte de R., su esposa todavía paga los préstamos y el mínimo de la tarjeta utilizados durante la enfermedad de su marido. Los ahorros destinados a que su hija estudiara Medicina en otra provincia desaparecieron y la joven terminó eligiendo una carrera disponible cerca de su casa porque la familia ya no podía afrontar los gastos. Es difícil encontrar una imagen más clara del costo social que puede esconderse detrás de una planilla de ajuste.
El problema de los suicidios exige prudencia: no existe una causa única ni sería responsable adjudicar cada muerte directamente a una política de Gobierno. Pero justamente por esa complejidad resulta indispensable sostener áreas de prevención, garantizar acceso a salud mental, fortalecer las obras sociales y evitar que el endeudamiento y las condiciones laborales se conviertan en factores adicionales de riesgo.
Milei promete orden y respaldo a las fuerzas. El verdadero respaldo, sin embargo, no se mide en discursos.
Se mide en cuánto cobra un policía, si puede atenderse cuando está enfermo, si tiene acceso a un psicólogo cuando lo necesita y si el Estado está allí antes de que sea demasiado tarde.
