Kicillof busca frenar la privatización nuclear y abre una disputa por el valor estratégico del sector

El gobernador bonaerense Axel Kicillof endureció su enfrentamiento con el Gobierno nacional por la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina y advirtió que vender activos estratégicos por debajo de su valor podría constituir una grave pérdida patrimonial para el Estado. El mandatario realizó una presentación en La Plata en el marco del Segundo Encuentro sobre Política Nuclear y Soberanía Energética, donde cuestionó el plan oficial de desprenderse del 44% de la compañía estatal que opera las centrales nucleares del país.

La discusión adquirió mayor intensidad luego de que un integrante del Tribunal de Tasaciones sostuviera que Nucleoeléctrica Argentina podría valer hasta seis veces más que el monto que, según los cuestionamientos opositores, el Gobierno estaría tomando como referencia para avanzar con la privatización. Kicillof utilizó ese argumento para advertir que “malvender” activos públicos no constituye una política de eficiencia sino una posible descapitalización del Estado.

La controversia excede la discusión sobre una empresa específica. El sector nuclear argentino se construyó durante décadas mediante inversión pública, formación de científicos, técnicos e ingenieros, desarrollo tecnológico local y cooperación internacional. Nucleoeléctrica administra centrales que forman parte de la matriz energética nacional y, por esa razón, sus defensores sostienen que el control estatal tiene un valor que no puede medirse únicamente con criterios financieros.

El Gobierno de Milei, en cambio, sostiene una visión distinta respecto del papel del Estado en la economía. Su programa propone reducir la participación estatal en empresas y sectores donde considera que el capital privado puede gestionar con mayor eficiencia. Desde esa perspectiva, una apertura accionaria podría generar inversiones, incorporar capital y reducir la carga financiera del Estado.

Kicillof cuestiona precisamente esa premisa. Su argumento es que no toda empresa estatal debe evaluarse con la misma lógica y que sectores como energía nuclear, infraestructura o recursos naturales tienen una dimensión estratégica vinculada con soberanía, seguridad energética y capacidades tecnológicas. La discusión reproduce así una de las diferencias más profundas entre el gobierno bonaerense y la Casa Rosada: cuánto Estado necesita la Argentina y en qué áreas su presencia debe considerarse indispensable.

La pelea también tiene una dimensión política inevitable. Kicillof se convirtió en uno de los principales referentes opositores al programa económico de Milei y viene construyendo un discurso centrado en la defensa de la producción, la obra pública y las capacidades estatales. Desde el oficialismo, en cambio, se cuestiona que ese enfoque reproduzca estructuras costosas e ineficientes.

La privatización nuclear se convierte entonces en una prueba concreta para ambas posiciones. El Gobierno deberá demostrar que el proceso preserva el valor de los activos y mejora la gestión. La oposición, por su parte, intenta instalar la idea de que una venta apresurada puede implicar desprenderse a bajo precio de capacidades que llevaron décadas en desarrollo