“Olivosgate”: Pagano denunció presuntas irregularidades y contrataciones bajo sospecha en la Quinta de Olivos
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial por presunto peculado, fraude a la administración pública y lavado de dinero. Entre sus señalamientos aparecen el supuesto uso de insumos estatales para un emprendimiento privado, contrataciones vinculadas al entorno de la Secretaría General y facturaciones millonarias atribuidas a un proveedor de perfil económico incompatible con esos montos.
La diputada nacional Marcela Pagano puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Quinta Presidencial de Olivos y denunció una serie de presuntas irregularidades que alcanzan al esquema de compras, proveedores y servicios dentro de la residencia oficial. Bajo el rótulo de “Olivosgate”, la legisladora difundió este domingo en redes sociales acusaciones por posibles maniobras de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos, y confirmó que llevó el caso a la Justicia. Sus señalamientos apuntan al entorno de la Secretaría General de la Presidencia y, en particular, a personas vinculadas con la administración cotidiana del predio.
Uno de los ejes más sensibles de la denuncia tiene que ver con el manejo de la cocina de la residencia. Según Pagano, esa área habría quedado bajo el control de Analía Agudiez, pareja del intendente de la quinta y hermana de Belén Agudiez, colaboradora cercana de Karina Milei. La diputada sostuvo que parte de los insumos adquiridos con fondos públicos habría sido utilizada para abastecer un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”. Por ahora, se trata de una acusación que deberá ser corroborada judicialmente, pero el planteo abre una pregunta central sobre los controles internos y el destino de los bienes comprados con dinero del Estado.
Pagano también señaló un posible caso de facturación incompatible con el perfil económico del supuesto proveedor. De acuerdo con su presentación, documentación oficial mostraría que un jubilado sin patrimonio relevante ni vivienda propia habría figurado como proveedor de la Presidencia por montos superiores a los $600 millones. La legisladora sugirió que podría tratarse de un “proveedor fantasma” utilizado para canalizar contrataciones, una hipótesis especialmente grave que la Justicia deberá investigar antes de poder establecer responsabilidades.
Las sospechas alcanzan además a otros servicios de la Quinta de Olivos. Pagano afirmó que el mantenimiento de jardines fue adjudicado a Franco Castelli, a quien vinculó comercialmente con la familia Agudiez, y recordó que ese contrato ya habría sido incorporado a una causa penal identificada como CFP 2273/2026. También cuestionó compras y contrataciones relacionadas con carritos de golf de la marca Melex y productos aromatizantes Saphirus, al tiempo que habló de un supuesto esquema de retornos del 3% en contrataciones del predio. La diputada vinculó esa mecánica con sospechas ya planteadas en otras investigaciones, aunque ese punto también deberá ser probado y no puede darse por acreditado sólo a partir de la denuncia.
Otro elemento mencionado por Pagano fue la reorganización del personal dentro de la residencia. Según su versión, empleados civiles habrían sido desplazados y reemplazados parcialmente por una mayor presencia militar, una decisión que la legisladora interpretó como un intento de reducir controles y restringir el acceso a información sensible. Llegó incluso a describir a Javier Milei como un Presidente “aislado” en una residencia que, según sus palabras, “parece un cuartel”. Esa caracterización forma parte de su acusación política y no constituye por sí misma una constatación judicial.
El caso adquiere especial relevancia porque toca una de las promesas centrales con las que Milei llegó al poder: terminar con los privilegios de la política y con el uso discrecional del Estado. Si las sospechas planteadas por Pagano fueran confirmadas, el impacto sería particularmente significativo por tratarse del corazón administrativo y residencial de la Presidencia. Pero, por ahora, lo que existe es una denuncia formal y una serie de acusaciones que deberán atravesar peritajes, documentación, testimonios y decisiones judiciales.
La discusión, entonces, no debería reducirse a consignas partidarias. Lo central es si existieron contrataciones irregulares, si hubo desvío de bienes públicos, si los proveedores eran reales y si funcionarios o allegados obtuvieron beneficios indebidos. Esa respuesta no la dará una pelea en redes sociales, sino la Justicia y la documentación oficial.
Si el Gobierno hizo todo correctamente, deberá poder demostrarlo con expedientes, facturas y trazabilidad de cada contratación.
Y si no fue así, la promesa de terminar con “la casta” habrá quedado enfrentada a una contradicción mucho más difícil de explicar.
