Créditos a un click, tasas abusivas y familias atrapadas: el costo social de la desregulación de Milei

Millones de argentinos recurren a billeteras virtuales y financieras porque los bancos tradicionales ya no les prestan. El resultado es un mercado de créditos inmediatos con costos que pueden superar ampliamente el capital solicitado. Incluso Luis Caputo admitió que las tasas son “abusivas”, pero el Gobierno decidió no intervenir. Mientras crece la mora, cada vez más hogares se endeudan para comprar alimentos o cancelar deudas anteriores.

Pedir dinero prestado nunca fue tan fácil. Alcanzan algunos movimientos en el teléfono, una aceptación en pantalla y, en cuestión de segundos, el crédito aparece disponible.

Lo difícil viene después.

En una Argentina atravesada por salarios debilitados, pérdida de poder adquisitivo y crecientes dificultades para llegar a fin de mes, las billeteras virtuales y las financieras encontraron un mercado enorme entre quienes quedaron fuera del sistema bancario tradicional.

La promesa es tentadora: dinero inmediato, sin trámites interminables y con pocos requisitos.

El costo puede ser devastador.

Las tasas nominales anuales de estos préstamos parten, según el producto y el perfil del usuario, de alrededor del 45% y pueden alcanzar el 245%. Cuando se incorpora la totalidad de gastos, impuestos e intereses, el Costo Financiero Total de determinados créditos digitales puede superar ampliamente el 1.000%.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que existen tasas “abusivas”.

Sin embargo, el Gobierno no piensa regularlas.

La contradicción vuelve a exponer uno de los rasgos centrales del modelo económico de Javier Milei: el Estado interviene para limitar salarios cuando considera que una paritaria amenaza su programa antiinflacionario, pero se retira cuando una familia desesperada debe aceptar condiciones financieras extremadamente desfavorables para comprar comida.

La desregulación también tiene responsables

El crecimiento del negocio de los microcréditos digitales no ocurrió en un vacío.

El Decreto 70/2023 impulsado por Milei eliminó restricciones vinculadas con los intereses compensatorios y punitorios previstos anteriormente en la Ley de Tarjetas de Crédito.

La decisión amplió considerablemente el margen de bancos, billeteras y otras compañías para establecer el precio del dinero en función del riesgo que asignan a cada cliente.

Las fintech argumentan que prestan a personas con ingresos informales, historiales crediticios incompletos o antecedentes que les impiden conseguir financiamiento bancario. Ese universo presenta un mayor riesgo de incumplimiento y, según las empresas, necesita por lo tanto tasas superiores.

Pero la ausencia de límites genera una situación particularmente delicada.

Cuanto más vulnerable es una persona, más caro termina pagando el acceso al crédito.

La lógica resulta perversa: quien tiene un empleo estable, patrimonio y buenos antecedentes consigue mejores condiciones; quien necesita desesperadamente algunos miles de pesos para atravesar el mes termina enfrentando las tasas más elevadas.

La libertad económica prometida por Milei termina funcionando de manera bastante peculiar.

El que tiene menos alternativas es, precisamente, quien menos libertad tiene para rechazar las condiciones que le ofrecen.

Si los bancos no prestan, aparecen las aplicaciones

Matías Rajnerman, economista jefe del Banco Provincia, explicó con claridad la lógica del sistema.

Las fintech cobran más porque atienden a un público que, en muchos casos, no consigue financiamiento en los bancos.

Detrás de las tasas aparece principalmente la cobertura frente al riesgo de que esos clientes no puedan devolver el dinero.

Durante el año, las tasas financieras generales atravesaron distintos movimientos. Sin embargo, el costo de los préstamos otorgados por entidades no bancarias permaneció en niveles extremadamente elevados.

Ese comportamiento sugiere que el principal componente del precio no está necesariamente en el costo que tiene conseguir los fondos, sino en cuánto cobra cada empresa para protegerse frente a posibles incumplimientos.

En otras palabras: las plataformas incorporan al precio del crédito la probabilidad de que una parte significativa de sus usuarios no pueda pagar.

Y son los propios usuarios quienes terminan financiando ese riesgo.

El negocio del deudor permanente

Existe además una realidad menos visible.

El cliente más conveniente para una entidad financiera no siempre es aquel que cancela completamente su deuda.

Quien paga todo deja de generar intereses.

En cambio, el usuario que abona solamente el mínimo, refinancia el saldo y vuelve a utilizar el crédito puede permanecer durante meses —o años— pagando intereses sobre intereses.

Así nace el deudor crónico.

La deuda deja de ser un puente temporal y se convierte en una relación permanente con el prestamista.

El usuario paga una cuota, pero el capital disminuye lentamente. Luego aparece una nueva necesidad, toma otro crédito y el circuito vuelve a comenzar.

El endeudamiento termina alimentándose a sí mismo.

Y para determinados modelos financieros, ese cliente puede resultar extraordinariamente rentable.

La mora se dispara

Los números muestran que el fenómeno dejó de ser marginal.

Según información del Banco Central correspondiente a mayo, la irregularidad en los créditos destinados a las familias alcanzó el 12,8% dentro del sistema bancario y llegó al 30,4% entre las entidades no bancarias.

El indicador de este último segmento se multiplicó aproximadamente por cinco en apenas un año.

Las estimaciones muestran además millones de argentinos con dificultades para cumplir sus compromisos financieros.

Dentro del sistema tradicional existirían alrededor de tres millones de personas morosas. En las aplicaciones, el número ronda 1,9 millones, mientras otros sectores no bancarios reúnen varios millones adicionales.

El dato debe analizarse con cautela porque existen personas contabilizadas en más de un segmento y diferencias metodológicas entre los registros.

Las propias fintech cuestionan además algunas estadísticas oficiales.

Aseguran que las cifras del Banco Central pueden sobreestimar determinados niveles de incumplimiento debido a criterios contables relacionados con el castigo de préstamos incobrables.

Algunas compañías sostienen que su morosidad efectiva se ubica entre el 10% y el 17%, mientras bancos privados afirman registrar niveles menores.

Pero más allá de esa disputa técnica, prácticamente nadie discute la tendencia general: las dificultades para pagar aumentaron.

Endeudarse para comer

El dato más alarmante no está en cuánto dinero deben las familias.

Está en para qué lo pidieron.

Según los relevamientos citados, el 71,9% de los hogares mantiene algún tipo de deuda.

Las tarjetas de crédito continúan siendo el instrumento más utilizado, seguidas por los préstamos personales y los créditos otorgados mediante aplicaciones.

Pero el destino de esos fondos revela la profundidad del deterioro económico.

Un 33,4% de quienes se endeudaron durante los últimos doce meses afirmó haberlo hecho principalmente para comprar alimentos y afrontar gastos corrientes.

Otro 13,7% pidió dinero para cancelar deudas anteriores.

Los bienes durables, que tradicionalmente explicaban buena parte del uso del crédito familiar, quedaron relegados.

Sólo el 8,5% destinó esos fondos a compras como electrodomésticos.

La deuda dejó de financiar el futuro.

Ahora financia el presente.

Una economía donde se pide prestado para pagar lo prestado

Cuando una persona solicita un crédito para cancelar otro, aparece una señal particularmente grave.

Ya no está utilizando financiamiento porque espera tener mayores ingresos en el futuro.

Está intentando ganar tiempo.

Primero utiliza la tarjeta para cubrir el supermercado.

Después pide un préstamo para pagar la tarjeta.

Al mes siguiente necesita otro crédito porque el salario debe cubrir los gastos habituales más la cuota anterior.

La deuda crece mientras el ingreso continúa prácticamente igual.

Ese mecanismo explica la aparición de millones de pequeños deudores.

De hecho, alrededor del 70% de los deudores crónicos del país mantiene compromisos inferiores a $1,5 millones.

No estamos hablando exclusivamente de grandes operaciones financieras ni de familias que tomaron préstamos para comprar propiedades.

Son pequeños agujeros económicos que se multiplican mes tras mes.

Caputo reconoce el problema, pero Milei deja hacer

Que el propio ministro de Economía admita que existen tasas abusivas debería encender una alarma.

Sin embargo, la respuesta gubernamental sigue siendo la misma: el Estado no intervendrá.

Es coherente con la doctrina libertaria, pero deja abierta una pregunta elemental.

¿Qué libertad contractual existe cuando una persona necesita dinero para comprar comida?

El acreedor puede elegir a quién prestar, cuánto dinero ofrecer y qué tasa cobrar.

El trabajador que llegó al día 20 sin dinero para llenar la heladera tiene posibilidades mucho más limitadas de negociar.

Tratar esa relación como un acuerdo entre dos partes equivalentes significa ignorar deliberadamente la desigualdad existente entre ellas.

La desregulación no elimina el poder.

Simplemente permite que lo ejerza quien ya lo tiene.

Dos modelos enfrentados

Este escenario también muestra una diferencia profunda entre el proyecto económico de Javier Milei y la concepción que predominó durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El kirchnerismo puso el consumo interno, los salarios, las jubilaciones, el crédito productivo y la intervención estatal en el centro de su política económica.

La lógica era que el crecimiento no podía depender exclusivamente del equilibrio de las cuentas públicas o de la rentabilidad financiera, sino también de la capacidad de compra de los trabajadores.

Cristina defendió reiteradamente un modelo en el que el salario debía funcionar como motor de la economía.

Podrá discutirse la eficacia de cada una de aquellas políticas y los problemas que atravesaron sus gobiernos. Pero la orientación era clara: primero debía existir una sociedad con capacidad de consumir, producir y trabajar.

Milei propone exactamente lo contrario.

Su programa parte del ordenamiento macroeconómico, la austeridad fiscal, la desregulación y la confianza en que la libertad del mercado terminará asignando eficientemente los recursos.

El problema aparece cuando ese experimento llega a la vida cotidiana.

Para una familia que debe pagar un crédito con costos exorbitantes porque el salario ya no alcanza, la discusión entre escuelas económicas deja de ser abstracta.

Se convierte en la diferencia entre comer hoy o endeudarse hasta el mes siguiente.

El mercado encuentra rentabilidad donde existe necesidad

Las billeteras virtuales han ampliado el acceso financiero de millones de personas que antes estaban excluidas.

Ese aporte no debe desconocerse.

Pero inclusión financiera no puede convertirse en un eufemismo para endeudamiento permanente.

Permitir que una persona consiga dinero con un click puede ser una innovación extraordinaria.

Permitir que, por necesidad, quede atrapada durante meses en una deuda que acumula intereses sobre intereses es otra cosa.

Un informe de Management & Fit señala que el 53,6% de las familias atraviesa dificultades económicas para sostenerse, con un deterioro especialmente fuerte entre mujeres, mayores de 40 años y sectores de menor nivel educativo.

Son precisamente esos grupos los que cuentan con menos herramientas para enfrentar un crédito caro.

El sistema termina entonces produciendo una paradoja brutal: quienes menos tienen pagan más caro por el dinero.

La verdadera factura del modelo

Javier Milei suele presentar la desregulación como sinónimo de libertad.

Pero no toda ausencia del Estado produce automáticamente relaciones más libres.

A veces produce simplemente relaciones más desiguales.

Si una empresa puede establecer prácticamente sin límites el precio del crédito y enfrente tiene a una persona que necesita endeudarse para comprar alimentos, la asimetría resulta evidente.

Esa es la discusión que el Gobierno pretende reducir a una transacción privada.

Cristina Kirchner representa, en este punto, el modelo exactamente contrario: un Estado que interviene cuando considera que el mercado, librado exclusivamente a su propia lógica, genera desigualdades incompatibles con una sociedad razonablemente integrada.

Ese debate probablemente será uno de los grandes ejes de 2027.

Milei podrá mostrar equilibrio fiscal y reivindicar la libertad económica.

La oposición tendrá delante una pregunta mucho más concreta.

¿Qué clase de libertad tiene una familia que necesita pedir dinero prestado para comer y después pasa meses trabajando para pagar los intereses?

Porque detrás de cada crédito concedido “a un click” hay números, algoritmos y modelos de riesgo.

Pero también hay personas.

Y una economía que convierte la necesidad en un negocio puede ser rentable para algunos.

Difícilmente pueda llamarse exitosa para todos.