Caputo insultó a quienes defienden la industria y volvió a presentar el ajuste como una promesa de futuro

El ministro de Economía calificó de “tarados” a quienes cuestionan el impacto del modelo sobre la producción nacional, minimizó las dificultades para llegar a fin de mes y defendió una reforma del Banco Central que busca condicionar a los próximos gobiernos. También atacó a Axel Kicillof y le recomendó abandonar cualquier candidatura presidencial.

Luis Caputo volvió a elegir la descalificación personal como respuesta a las críticas económicas. Durante una conferencia realizada este miércoles 5 de agosto en la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro llamó “tarados” a quienes advierten sobre el deterioro de la industria nacional y ratificó el rumbo de un programa que privilegia a los sectores exportadores mientras buena parte de la producción, el consumo y el empleo atraviesan serias dificultades.

Lejos de presentar una explicación detallada sobre la situación actual de las fábricas, las pequeñas empresas o el mercado interno, Caputo buscó desviar la discusión hacia el desempeño de los gobiernos anteriores.

“La industria entre 2011 y 2023 cayó un 10% a pesar de estar subsidiada. Para todos los tarados que hablan de la industria…”, lanzó ante un auditorio que recibió sus palabras con aprobación.

La frase exhibe una manera cada vez más habitual de comunicar por parte del Gobierno: cualquier cuestionamiento es reducido a ignorancia, mala fe o defensa de privilegios. En lugar de responder qué ocurre hoy con la actividad manufacturera, el ministro apeló nuevamente a la comparación con el pasado, como si los errores de administraciones anteriores bastaran para justificar las consecuencias presentes.

Insultos en lugar de explicaciones

Caputo sostuvo que los subsidios a las tarifas representaban un costo asumido por toda la sociedad. Sin embargo, omitió mencionar que la eliminación acelerada de esos subsidios también trasladó fuertes aumentos a hogares, comercios e industrias, elevando los costos de producción y debilitando el poder adquisitivo.

El ministro defendió el crecimiento del agro, la minería y otros sectores generadores de divisas. Según afirmó, el ingreso de dólares proveniente de esas actividades permitirá alcanzar la estabilidad macroeconómica y terminará beneficiando al resto de la economía.

“Que a estos sectores les vaya bien ayuda al resto; no los perjudica”, aseguró.

La afirmación presenta como automático un mecanismo que está lejos de estar garantizado. El ingreso de divisas puede mejorar las cuentas externas, pero no necesariamente se convierte en empleo industrial, mejores salarios o mayor consumo. Para que esa riqueza se distribuya hacia el conjunto de la economía hacen falta políticas productivas, crediticias y laborales que el Gobierno suele considerar obstáculos o intervenciones innecesarias.

Caputo cuestionó también la idea de que la Argentina carezca de dólares. Para el funcionario, el problema histórico fue la falta de incentivos para quienes podían generarlos. Su diagnóstico vuelve a colocar a los grandes exportadores en el centro del modelo y deja en segundo plano a las actividades que dependen de la demanda interna.

Un dólar barato que el Gobierno se niega a discutir

El ministro también defendió el actual nivel del tipo de cambio, que se encuentra en términos reales entre los más bajos de los últimos años.

“Si la competitividad dependiera de una devaluación, seríamos la economía más competitiva de la galaxia”, ironizó.

Es cierto que la competitividad no depende exclusivamente del dólar. También influyen la productividad, la infraestructura, el financiamiento, los impuestos y la incorporación de tecnología. Pero esa afirmación no elimina el problema de un tipo de cambio atrasado cuando los costos internos aumentan y las empresas nacionales deben competir con importaciones más baratas.

Caputo sostuvo que la competitividad debe alcanzarse mediante menores impuestos, desregulaciones, reducción del costo financiero y caída del riesgo país. Sin embargo, el Gobierno todavía no logró que esas promesas se traduzcan de manera generalizada en crédito accesible, inversión productiva y recuperación del empleo.

Mientras tanto, numerosas empresas enfrentan tarifas más elevadas, caída del consumo y dificultades para sostener sus niveles de producción.

La reforma del Banco Central como límite a la democracia económica

Uno de los ejes principales de la exposición fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Caputo la definió como “probablemente la reforma más importante de los últimos 100 años” y aseguró que tendrá un carácter “refundacional”.

La iniciativa busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria. Según el ministro, cualquier administración que quiera sostener un déficit deberá recurrir al mercado de deuda.

El Gobierno presenta esa prohibición como una garantía contra la inflación. Sin embargo, también supone reducir las herramientas disponibles para enfrentar emergencias económicas, crisis internacionales, recesiones profundas o situaciones excepcionales.

El debate no consiste simplemente en elegir entre emisión o disciplina. La discusión central es quién define la política económica y con qué instrumentos cuenta un gobierno elegido democráticamente para responder ante una crisis.

Una prohibición rígida puede limitar abusos, pero también puede obligar a futuros gobiernos a endeudarse en condiciones desfavorables o aplicar ajustes todavía más severos.

Caputo pretende convertir su visión económica en una regla permanente para las próximas administraciones. Es decir, no se conforma con aplicar su programa: busca condicionar por ley a quienes gobiernen después.

El ataque a Kicillof

En ese contexto, el ministro apuntó contra Axel Kicillof y le recomendó que no se presente en las elecciones de 2027 si la reforma consigue ser aprobada.

“Yo, si fuera Kicillof, si pasan esta ley, no me voy a querer presentar, porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, claramente solo lo podría financiar con deuda o con emisión”, afirmó.

Luego completó su provocación: “Deuda no le va a prestar nadie y, si el Banco Central no le da pesos, yo le diría, como consejo de amigo: retirate, no sé qué vas a hacer”.

Más que una explicación técnica, la intervención fue un ataque político. Caputo utilizó una conferencia económica para descalificar personalmente a uno de los principales dirigentes de la oposición y celebrar la posibilidad de que una reforma limite su eventual programa de gobierno.

La afirmación también expone una concepción preocupante: la política económica no debería decidirse solamente en las elecciones, sino quedar encerrada dentro de normas diseñadas por el actual oficialismo.

El ministro habló de reducir la volatilidad de las políticas públicas, pero en los hechos propuso restringir el margen de acción de cualquier gobierno que no comparta la doctrina libertaria.

El ajuste presentado como única salida

Caputo volvió a responsabilizar al financiamiento monetario del déficit por la inflación acumulada desde el final de la convertibilidad. Según su interpretación, impedir la asistencia del Banco Central al Tesoro significaría darle “un mazazo a la inflación” y producir un “cambio de país”.

El ministro adelantó que el Gobierno también buscará aprobar una ley de equilibrio presupuestario, definida por Javier Milei como un “grillete fiscal”.

La elección del término no es inocente. El objetivo es impedir que futuros gobiernos amplíen el gasto incluso en contextos de recesión, desempleo o emergencia social, salvo que cuenten con ingresos suficientes o acceso al endeudamiento.

El equilibrio fiscal puede ser una meta razonable. Convertirlo en una obligación inflexible, sin considerar el ciclo económico ni las necesidades sociales, puede profundizar las crisis en lugar de resolverlas.

La experiencia internacional demuestra que, ante una caída de la actividad, los Estados suelen utilizar políticas fiscales para sostener el empleo y evitar que la recesión se agrave. El esquema defendido por Caputo reduciría considerablemente esa capacidad.

La desconfianza también se alimenta desde el poder

Durante su discurso, el ministro afirmó que “el escepticismo está en el ADN de la gente” debido a décadas de inflación, confiscaciones y cambios en las reglas de juego.

La descripción contiene una parte cierta: la sociedad argentina acumula razones históricas para desconfiar. Pero resulta cómodo responsabilizar a la población por su escepticismo mientras el propio Gobierno modifica regulaciones, elimina políticas públicas y exige sacrificios presentes a cambio de beneficios futuros que todavía no llegan.

Caputo sostuvo que familias y empresas deben abandonar las conductas defensivas desarrolladas durante años. “Cambió la música, hay que cambiar el paso”, afirmó.

Sin embargo, la confianza no se construye mediante consignas ni insultos. Se construye con estabilidad, mejora de los ingresos, reglas previsibles y resultados concretos.

Pedirles a los argentinos que dejen de cubrirse frente a una posible crisis mientras sus salarios pierden capacidad de compra y la actividad productiva muestra fragilidad parece, como mínimo, una exigencia prematura.

Dólares del colchón y promesas para 2050

Caputo instó al sector privado a sacar los dólares del colchón, invertir y competir. Aseguró que el Estado acompañará ese proceso reduciendo impuestos, regulaciones y costos financieros, además de mejorar la infraestructura.

El problema es que el Gobierno reclama una confianza que todavía no consiguió generar. Los ahorros no regresan a la economía únicamente porque un ministro lo pida desde un escenario. Los inversores evalúan la demanda, la estabilidad política, la rentabilidad, el acceso al crédito y la capacidad de consumo de la población.

El ministro cerró su exposición con una proyección ambiciosa: si la Argentina creciera durante 25 años a una tasa superior al 6%, podría convertirse en una de las cinco economías más importantes del mundo hacia 2050.

La afirmación puede resultar atractiva, pero no constituye un plan. Sostener semejante crecimiento durante un cuarto de siglo requeriría inversión, infraestructura, educación, desarrollo científico, estabilidad institucional y una estrategia productiva integral.

Por ahora, el Gobierno ofrece una economía apoyada en sectores primarios, ajuste fiscal, apertura comercial y desregulación. Frente a las dudas sobre sus consecuencias, Caputo no respondió con datos sobre el presente industrial: eligió insultar.

Y cuando un ministro necesita llamar “tarados” a quienes cuestionan su programa, acaso el problema no esté en la inteligencia de los críticos, sino en la debilidad de las respuestas.