El Gobierno retiró el capítulo de tierras rurales y quedó expuesta la fractura interna

Sin los votos necesarios, el oficialismo eliminó del proyecto de Propiedad Privada el apartado que facilitaba el acceso de extranjeros a tierras rurales. La derrota reabrió las disputas entre Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y la mesa política de la Casa Rosada, mientras se debilita la alianza legislativa construida en el Senado.

Después de cuatro meses de negociaciones y dieciséis dictámenes, el Gobierno debió abandonar uno de los puntos centrales de la denominada Ley de Propiedad Privada. La falta de respaldo político obligó al oficialismo a retirar el capítulo referido al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión y Tenencia de Tierras Rurales, mediante el cual pretendía flexibilizar el acceso de capitales extranjeros al territorio argentino.

La marcha atrás fue definida durante la tarde de este miércoles, luego de una sucesión de conversaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vicejefe, Ignacio Devitt; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el armador libertario Eduardo “Lule” Menem.

Desde la noche anterior, los funcionarios buscaban contener la rebelión de gobernadores y legisladores aliados. Sin embargo, no consiguieron revertir el rechazo que el capítulo había provocado desde su presentación. El texto no solamente encontraba resistencia en la oposición: tampoco generaba consenso entre los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno.

La crisis ya había quedado en evidencia veinte días atrás, cuando el oficialismo pidió un cuarto intermedio ante la imposibilidad de reunir los votos. Ese plazo vencerá este jueves a las 14, momento en el que el Senado retomará la discusión del resto de la iniciativa.

Un proyecto recortado

Tras la eliminación del apartado sobre tierras rurales, el proyecto conserva las modificaciones al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.

En el oficialismo aseguran que esos capítulos cuentan con un respaldo más amplio y podrían aprobarse sin mayores obstáculos. Sin embargo, el retroceso sobre la extranjerización modificó el sentido político de la iniciativa y dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para transformar sus propuestas más radicales en leyes.

Una vez confirmada la decisión, desde el entorno de Bullrich buscaron presentar la derrota como el resultado de un acuerdo entre los 44 senadores que integran La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz.

La explicación oficial intentó convertir una retirada forzada en una muestra de responsabilidad parlamentaria. Cerca de la conducción libertaria afirmaron que el consenso reflejaba la “madurez política” de los bloques involucrados y su voluntad de impulsar reformas sin abandonar el diálogo.

Pero detrás del comunicado había una realidad menos decorosa: el Gobierno no tenía los votos.

Gobernadores y aliados marcaron el límite

La decisión terminó de precipitarse después de una reunión de urgencia convocada por Bullrich en su despacho. Para entonces, el bloque radical ya mostraba fisuras y el senador pampeano Daniel Kroneberger había anticipado que no acompañaría la iniciativa.

A eso se sumó la negativa de los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gustavo Sáenz, de Salta, quienes rechazaron sentarse a negociar modificaciones que permitieran aprobar el capítulo.

Passalacqua hizo pública su posición mediante un mensaje contundente: Misiones no respaldaría ninguna medida que facilitara la extranjerización de tierras y continuaría defendiendo el control provincial sobre sus recursos estratégicos.

Con los números en contra, el oficialismo decidió retirar el apartado antes de exponerse a una derrota en el recinto. La estrategia fue aplazar la discusión y asegurar que el tema será retomado más adelante. Hasta el momento, sin embargo, ningún funcionario pudo precisar cuándo ni bajo qué condiciones podría volver a tratarse.

La improvisación también quedó reflejada en las declaraciones privadas de integrantes del Gobierno. Una fuente involucrada en las conversaciones reconoció que, hasta el día anterior, el oficialismo calculaba una votación ajustada de 37 contra 35. Pero la posición adoptada por Jaldo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti terminó de alterar la cuenta.

Sturzenegger, nuevamente en el centro de la tormenta

El fracaso legislativo volvió a colocar al ministro Federico Sturzenegger en el centro de las críticas internas. En varios sectores del oficialismo consideran que su insistencia por avanzar con reformas desregulatorias sin medir previamente su viabilidad política genera conflictos que luego deben resolver otros funcionarios.

La acusación que circula en la Casa Rosada es clara: Sturzenegger presenta sus proyectos directamente ante Javier Milei, obtiene el visto bueno presidencial y deja para después la construcción de los acuerdos necesarios para aprobarlos.

“Él le vende todo el paquete a Javier, que acepta porque le parece brillante, pero después aparece la realidad”, resumió un interlocutor gubernamental.

La situación fue comparada internamente con el conflicto provocado por el decreto que desregulaba la actividad de los prácticos portuarios, otra iniciativa que obligó al Ejecutivo a retroceder ante la resistencia de los sectores afectados. Un funcionario incluso definió el nuevo traspié como una “sturzeneggeada”.

Desde el entorno del ministro rechazan esas acusaciones. Allí sostienen que cada iniciativa impulsada por su cartera cuenta con autorización presidencial y es revisada junto con las demás áreas del Gobierno.

No obstante, admiten que las modificaciones negociadas en el Senado alteraban sustancialmente la esencia del proyecto. Según fuentes parlamentarias, Sturzenegger habría contactado personalmente a distintos senadores durante la última sesión para pedirles que no aceptaran los cambios.

El resultado fue el peor para el oficialismo: no consiguió aprobar la propuesta original, tampoco logró imponer una versión negociada y finalmente debió eliminar el capítulo completo.

La disputa por Rosatti y la ruptura de los acuerdos

Otros integrantes del Gobierno responsabilizan directamente a la conducción política y legislativa. Una fuente de la Casa Rosada sostuvo que el conflicto comenzó cuando el oficialismo intentó impulsar el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Según esa interpretación, la insistencia en esa designación rompió los acuerdos que Bullrich había construido con gobernadores y bloques provinciales.

“Por querer meter ese pliego generaron un problema innecesario. Rompieron la dinámica que Patricia había conseguido para aprobar las leyes y ahora hay que reconstruir todas las alianzas”, explicó un dirigente oficialista.

En el bullrichismo reconocen que el proyecto fue presentado con errores, pero también advierten que el cúmulo de derrotas y contradicciones complicará futuras negociaciones. Cada retroceso deteriora la confianza de los aliados y reduce la capacidad del Gobierno para reunir mayorías circunstanciales.

La estrategia electoral de Karina también pasa factura

A las disputas legislativas se suma la estrategia electoral de Karina Milei. Su intención de competir con candidatos propios en todas las provincias y “pintar el país de violeta” genera tensión con los mismos gobernadores a los que la Casa Rosada debe recurrir cada vez que necesita votos en el Congreso.

La contradicción empieza a resultar evidente: mientras el Gobierno amenaza el poder territorial de sus aliados, al mismo tiempo les exige respaldo para aprobar sus reformas.

En distintos despachos oficiales advierten que ese doble juego será cada vez más difícil de sostener a medida que avance el calendario electoral. Los mandatarios provinciales ya no parecen dispuestos a acompañar automáticamente cada iniciativa libertaria, especialmente cuando se encuentran en discusión asuntos sensibles como el control de la tierra y los recursos naturales.

Una nueva sesión bajo el signo de la incertidumbre

El Senado retomará este jueves el tratamiento del proyecto bajo la conducción provisional de Bartolomé Abdala. Victoria Villarruel deberá ejercer la Presidencia de la Nación debido al viaje de Javier Milei a Colombia y Ecuador.

En las últimas horas, la vicepresidenta autorizó rápidamente el pedido de Fernández Sagasti para participar de manera virtual por tratarse de un embarazo de riesgo. La decisión también generó malestar entre los operadores libertarios, que esperaban contar con su ausencia al momento de calcular la votación.

“Estuvo rápida, nos arruinó los números”, admitió sin eufemismos un integrante de la mesa política del Gobierno.

La frase resume el clima interno. La Libertad Avanza llegó al Senado convencida de que había construido una mayoría confiable, pero terminó retirando uno de los capítulos más importantes de su propia ley.

El episodio deja una conclusión difícil de ocultar: el Gobierno continúa lanzando reformas de alto impacto sin asegurar previamente los consensos necesarios. Entre la rigidez ideológica de Sturzenegger, la voracidad electoral de Karina Milei y los errores de la mesa legislativa, el oficialismo volvió a tropezar con sus propias decisiones.