Zonas frías: el Gobierno consiguió apoyo para recortar subsidios con la promesa de beneficios para las zonas cálidas

El oficialismo logró este miércoles darle media sanción en Diputados al proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una medida que podría afectar a casi cuatro millones de hogares en plena antesala del invierno. La clave del resultado estuvo en el apoyo de gobernadores del norte y del litoral, que acompañaron la iniciativa tras recibir la promesa de futuros beneficios eléctricos para las llamadas “zonas cálidas”.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora será girado al Senado. La iniciativa combina dos medidas de fuerte impacto: por un lado, limita el alcance de los descuentos en las boletas de gas establecidos tras la ampliación del régimen en 2021; por el otro, incluye una condonación de deudas que distribuidoras mantienen con CAMMESA.

Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo activas las negociaciones con gobernadores de Jujuy, Tucumán, Salta, Misiones, Catamarca y Santa Fe. El esquema fue leído por la oposición como un trueque político: votos para avanzar con el recorte en zonas frías a cambio de la promesa de subsidios eléctricos para provincias afectadas por altas temperaturas en verano.

La desconfianza hacia el Gobierno obligó a los mandatarios provinciales a negociar hasta último momento la forma concreta de implementación. Durante la jornada se evaluaron distintas vías: resolución administrativa, decreto presidencial o incorporación directa en el texto de la ley. Sin embargo, el tema no quedó completamente saldado en el recinto.

Aun así, La Libertad Avanza consiguió los votos necesarios con el respaldo del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, diputados de Innovación Federal, legisladores tucumanos vinculados a Osvaldo Jaldo, representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo y los dos diputados del MID. También se abstuvieron tres legisladores catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil y el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Desde el oficialismo, el diputado mendocino Facundo Llano defendió la iniciativa con el argumento de ordenar un sistema que, según dijo, estuvo atravesado por “subsidios con privilegio” y “populismo tarifario”. En esa línea, sostuvo que el país necesita una política energética “estable y previsible”, en sintonía con el discurso económico del Gobierno.

La oposición, en cambio, denunció que el Ejecutivo busca apropiarse de un fondo creado para garantizar equidad territorial. Desde Unión por la Patria, Julia Strada afirmó que el Gobierno está dando un nuevo “manotazo” al Presupuesto y advirtió que el recorte anticipa otra ronda de ajuste fiscal.

El punto más sensible está en las zonas incorporadas al régimen en 2021. Según el proyecto, esos hogares solo conservarán una bonificación adicional si forman parte del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, creado por decreto a fines de 2025. Es decir, el beneficio dejará de tener un criterio territorial amplio y pasará a depender de una selección socioeconómica más restringida.

Además, el subsidio ya no se calculará sobre el total de la tarifa, sino únicamente sobre el precio del gas. Quedarán afuera del cálculo los costos de transporte y distribución, lo que podría elevar el monto final de las facturas incluso para usuarios que conserven algún tipo de beneficio.

Aunque la Patagonia, Malargüe y la Puna mantendrán el beneficio original, legisladores de esas regiones alertaron que los cambios metodológicos también impactarán sobre lo que deberán pagar los usuarios. La diputada santacruceña Moira Sancho mostró en el recinto el caso de una docente de Las Heras cuya deuda por servicios representa una porción sustancial de su salario. “La gente no llega a fin de mes y tampoco llega a pagar los servicios”, denunció.

El recorte golpea especialmente a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires, dos distritos gobernados por la oposición. En Córdoba, la quita podría afectar a más de 600.000 usuarios. En territorio bonaerense, el impacto alcanzaría a más de 1,2 millones de hogares distribuidos en alrededor de 90 municipios.

La diputada cordobesa Gabriela Estévez cuestionó que el Gobierno avance sobre un régimen que, según recordó, protege a millones de familias. “Ya no tienen de dónde seguir ajustando, entonces tocan fondos creados por ley para brindar equidad”, sostuvo. En la misma línea, Vanesa Silley pidió llamar a la medida por su nombre: “Están aplicando un tarifazo fenomenal en la tarifa del gas”.

El régimen continuará financiándose mediante el fondo fiduciario para subsidios de consumos de gas, constituido con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, el proyecto faculta al Gobierno a aumentar o disminuir ese recargo hasta en un 50%, lo que le otorga margen para rediseñar el sistema hacia adelante.

La votación dejó una postal clara del método político del oficialismo: ajustar por un lado, compensar con promesas por otro y negociar con gobernadores bajo presión presupuestaria. En la práctica, el Gobierno consiguió avanzar sobre un régimen de protección territorial en nombre del orden fiscal. La pregunta, ahora, es quién pagará el costo cuando las boletas lleguen con el invierno ya instalado.