El ajuste cambia de bolsillo: menos impuestos para arriba, más carga para abajo
El Fondo Monetario Internacional volvió a poner sobre la mesa una vieja receta con envoltorio técnico: reducir los impuestos que afectan a grandes empresas, exportadores y sectores de altos ingresos, mientras se amplía la carga sobre trabajadores, monotributistas y consumidores. La propuesta aparece bajo el lenguaje amable de la “reforma tributaria” y la eliminación de tributos “distorsivos”, pero el fondo del asunto es bastante menos elegante: se trata de decidir quién financia al Estado y quién queda liberado de hacerlo.
El esquema que impulsa el organismo coincide con el rumbo que el gobierno de Javier Milei viene ejecutando desde hace meses. La reducción de retenciones, la baja de Bienes Personales, los recortes en impuestos internos sobre bienes de lujo, la disminución de aranceles y los beneficios asociados al RIGI configuran una orientación nítida: aliviar la carga sobre el capital, la riqueza y los sectores exportadores. El problema es que cada peso que el Estado resigna por arriba debe recuperarse por algún lado. Y, según el camino sugerido por el FMI, ese “algún lado” vuelve a ser el bolsillo de la mayoría.
La propuesta apunta a que más asalariados paguen Ganancias, hasta alcanzar una proporción cercana al 20% de los trabajadores registrados. También plantea eliminar el régimen del monotributo, lo que implicaría empujar a pequeños contribuyentes hacia un esquema más pesado de Ganancias e IVA. A eso se suma la posibilidad de generalizar el IVA sobre productos y servicios que hoy tienen exenciones o tratamientos diferenciales, como alimentos o libros. Traducido al idioma de la calle: menos impuestos para exportadores y patrimonios altos; más impuestos sobre el salario, el consumo y la supervivencia cotidiana.
La palabra “distorsivo” funciona acá como coartada ideológica. Para el FMI, parecen ser distorsivos los impuestos que afectan la rentabilidad empresaria o la competitividad exportadora, pero no el IVA que pagan por igual un trabajador, un jubilado y un empresario. Ese es el corazón regresivo del planteo: cobrar más sobre consumos básicos y sobre ingresos medios, mientras se reduce la presión sobre quienes concentran mayor capacidad económica.
El Gobierno, lejos de resistir esa orientación, parece dispuesto a profundizarla. Milei ya anticipó su voluntad de llevar las retenciones a cero y de extender la lógica del RIGI al conjunto de la economía. La reforma tributaria prometida para antes de fin de año podría convertirse así en una nueva fase del ajuste: ya no solamente mediante recortes del gasto público, sino mediante una reconfiguración completa de quién paga la cuenta.
El argumento oficial probablemente será conocido: simplificar impuestos, mejorar la competitividad, atraer inversiones y ordenar las cuentas. Pero una reforma tributaria no se mide solo por su prolijidad contable. Se mide, sobre todo, por su impacto distributivo. Y si el resultado es que el salario y el consumo popular financian la reducción impositiva para sectores concentrados, entonces no estamos ante una modernización fiscal: estamos ante una transferencia de ingresos.
La discusión que se abre no es técnica, aunque quieran presentarla como una planilla de Excel. Es política. Porque detrás de cada impuesto eliminado y de cada tributo ampliado hay una definición de país. Un país puede elegir gravar más la riqueza, la renta extraordinaria y la concentración económica. O puede elegir cargar sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores. El FMI ya eligió. El Gobierno también parece haber elegido.
La pregunta, entonces, es quién paga el costo de esa elección.
