Un proyecto del Gobierno busca reformar cinco leyes sobre tierras, ambiente, expropiaciones y vivienda
El Gobierno nacional impulsa una iniciativa legislativa que propone modificar de manera sustancial cinco normas vinculadas a la propiedad de la tierra, la protección ambiental, las expropiaciones y la política habitacional. El texto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, es presentado oficialmente como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque distintos sectores opositores la denominan «Ley de Extranjerización» por el alcance de algunas de sus reformas.
Las modificaciones alcanzan a la Ley de Tierras Rurales (26.737), la Ley de Manejo del Fuego (26.815), la Ley de Expropiaciones (21.499), la Ley de Desalojos (17.454) y la Ley de Integración Sociourbana (27.453).
Cambios en la propiedad de tierras rurales
Uno de los ejes centrales del proyecto elimina el tope que actualmente limita al 15% la superficie de tierras rurales que puede quedar en manos de personas o empresas extranjeras. La propuesta también suprime restricciones que regían en las denominadas Zonas de Seguridad de Fronteras.
Otro punto relevante habilita la adquisición de predios que contengan ríos, lagunas o lagos, una posibilidad que hasta ahora estaba restringida por la legislación vigente debido a criterios de soberanía y acceso público a los recursos hídricos.
Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que estas modificaciones favorecerían una mayor concentración de tierras estratégicas en manos de capitales extranjeros. Entre las regiones señaladas figuran sectores de la Patagonia, los humedales del Litoral, áreas próximas al río Paraná y zonas mineras del norte argentino.
Flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también introduce cambios en la normativa aprobada en 2020 para proteger los terrenos afectados por incendios forestales.
La legislación vigente prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques incendiados y durante 30 años el de superficies rurales destinadas a la producción agropecuaria. La reforma elimina esos plazos y deja como principal referencia el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Organizaciones ambientales advierten que esa modificación podría facilitar futuros desarrollos inmobiliarios en áreas donde históricamente existieron denuncias sobre incendios intencionales.
Nuevas condiciones para las expropiaciones
La propuesta oficial también modifica el régimen de expropiaciones por utilidad pública. Entre los cambios previstos aparecen nuevas exigencias administrativas y un esquema indemnizatorio que, según sus críticos, incrementaría significativamente el costo económico de estos procedimientos.
Desde esa perspectiva, futuras obras públicas podrían enfrentar mayores obstáculos para concretarse debido al aumento de requisitos legales y burocráticos.
Desalojos más rápidos
Otro de los capítulos incorpora un procedimiento más expeditivo para los desalojos de inmuebles urbanos y rurales.
El texto prevé la posibilidad de ejecutar estas medidas en un plazo mínimo de 72 horas desde la denuncia, sin contemplar una audiencia previa que permita a los ocupantes presentar una defensa antes de la ejecución del desalojo.
Sectores opositores sostienen que esta modificación reduciría las garantías procesales de las familias afectadas.
Impacto sobre los barrios populares
La iniciativa mantiene vigente el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), aunque modifica aspectos centrales del régimen de integración sociourbana.
Entre otras medidas, elimina la suspensión de desalojos prevista para numerosos asentamientos registrados y restringe las herramientas estatales para declarar inmuebles de utilidad pública con fines de urbanización.
Estas reformas se suman a la eliminación, dispuesta en 2024, del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), utilizado para financiar obras de infraestructura en barrios populares.
Para organizaciones sociales y referentes críticos del proyecto, el conjunto de las modificaciones representa un cambio profundo en la relación entre el Estado, la propiedad privada y las políticas de acceso al suelo, con un mayor peso otorgado a los derechos de los propietarios frente a otros intereses públicos contemplados por la legislación vigente.
