Inocencia fiscal para los que exigían transparencia
El régimen de “Inocencia Fiscal” nació envuelto en una promesa amable: simplificar, ordenar, facilitarle la vida al contribuyente. Sin embargo, cuando quienes se apuran a utilizarlo son funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al poder, la cuestión deja de ser meramente administrativa y pasa a ser profundamente política.
El caso de Manuel Adorni y su esposa, sumado a los nombres de Federico Sturzenegger, José Luis Espert y otros integrantes o allegados del oficialismo, obliga a una pregunta incómoda: ¿por qué quienes llegaron al Estado en nombre de la transparencia necesitan ahora un régimen que reduce el escrutinio fiscal sobre su pasado patrimonial?
No se trata de condenar sin pruebas ni de reemplazar a la Justicia por el juicio público. Se trata, justamente, de lo contrario: de exigir explicaciones claras a quienes administran recursos, toman decisiones y le piden sacrificios enormes a la sociedad. Porque en una república sana, la vara para los funcionarios debe ser más alta, no más baja.
El Gobierno construyó buena parte de su legitimidad denunciando a la “casta”, prometiendo terminar con privilegios y señalando con el dedo a todo aquel que no pudiera justificar su patrimonio. Pero cuando el control se acerca a sus propios nombres, aparece una herramienta legal que, al menos políticamente, funciona como un escudo. Y eso produce una contradicción difícil de maquillar.
Mientras jubilados, trabajadores, comerciantes y sectores medios son llamados a soportar el ajuste con paciencia casi religiosa, algunos funcionarios parecen buscar paz fiscal antes que transparencia pública. Es una escena incómoda: el ciudadano común debe explicar cada peso, mientras parte de la dirigencia se refugia en beneficios diseñados por el propio poder.
La legalidad de una medida no siempre alcanza para sostener su legitimidad. Algo puede ser legal y, aun así, resultar éticamente reprochable. Más aún cuando involucra a quienes tienen responsabilidades públicas y predican austeridad desde los despachos oficiales.
La Argentina necesita reglas claras, no atajos para los de arriba. Necesita funcionarios que rindan cuentas antes de exigir sacrificios. Necesita que la palabra “transparencia” no sea apenas un decorado de campaña, sino una práctica concreta.
Si no tienen nada que ocultar, deberían explicar. Y si necesitan un régimen especial para evitar preguntas, entonces el problema ya no es sólo fiscal: es político, moral e institucional.
