De remate

El festival privatizador no se detiene. Ahora le toca a Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en los aeropuertos del país. Con la firma de Luis Caputo, el Gobierno oficializó la venta del 100% de sus acciones. El plazo: ocho meses. La orden: desguazarla, tasarla y rematarla.

No es un caso aislado. A Intercargo le preceden otras joyas de la corona: Belgrano Cargas, AySA y Enarsa. Todas habilitadas a cambiar de manos por la Ley Bases, esa llave maestra que abrió la puerta grande del mercado a la liquidación del patrimonio público.

Desde 2024, el Ejecutivo comenzó a vaciar Intercargo: cortó la asistencia financiera, dejó caer los sueldos, despidió personal. En noviembre desreguló el sector y con eso quebró el monopolio estatal. Hoy, media docena de empresas privadas —varias extranjeras— ya operan los servicios que antes eran exclusivos.

Entre las primeras en desembarcar: Air Class Cargo, uruguaya; Fly Seg, argentina; y la británica Menzies Aviation, a través de MNZS S.A. También figuran Global Protection Service, Handyway Cargo y Escalum Investment. Todas ellas florecieron al calor del abandono planificado.

La resolución 1067/2025 ordena tasar la empresa, armar los pliegos y licitarla a nivel nacional e internacional. Luis Pierrini, nuevo secretario de Transporte, tendrá a su cargo cumplir la hoja de ruta. El Gobierno celebró la decisión en redes como si se tratara de un gol: “Mayor competitividad, más inversión privada, ampliación de servicios”, dijeron. Pero no hubo una sola mención a los trabajadores, ni a la pérdida de soberanía en un área estratégica.

Intercargo no era perfecta. Ninguna empresa estatal lo es. Pero entregarla así, desfinanciada, desprotegida, sin blindaje institucional ni control ciudadano, es más que una venta: es una rendición.

Y lo que está en juego no es sólo una empresa. Es una lógica. Una forma de entender el país. ¿Lo común como carga o como bien compartido?

Porque cuando todo se vende, ¿qué queda de lo que nos une?