La reforma laboral libertaria: el futuro no se defiende con nostalgia

La dificultad es real. El mundo del trabajo ya no es el de los convenios homogéneos y el empleo estable como norma. Hoy conviven asalariados registrados con una masa creciente de informales, cuentapropistas forzados, monotributistas “de mentira” y trabajadores de plataformas que cargan el riesgo entero en su mochila. Esa fractura no surgió por progreso sino por deterioro: salarios que no alcanzan, pluriempleo, rebusque digital, endeudamiento doméstico. Entonces, cuando el Gobierno vende la reforma como adaptación a “lo nuevo”, toca una fibra sensible: mucha gente siente que el sistema actual no la incluye o no la protege. Y ahí está la trampa: confundir inclusión con desprotección.

La reforma libertaria, por lo que se describe, no busca integrar a los excluidos elevándolos, sino emparejar hacia abajo. Bancos de horas que licuan el pago de extras y habilitan jornadas estiradas; indemnizaciones recortadas al achicar la base de cálculo; pagos en cuotas; vacaciones fragmentables y movibles según conveniencia empresaria; restricciones al derecho de huelga ampliando categorías de “esencialidad”; debilitamiento de la ultraactividad; primacía del convenio por empresa sobre el sectorial; trabas a la financiación sindical; y, en plataformas, la tentación de consagrar un “independiente” que trabaja como dependiente pero sin red. No es modernización: es un cambio de relación de fuerzas.

El punto más delicado, por su simbolismo y por su mecánica, es ese fondo de asistencia para cubrir despidos alimentado con un aporte patronal que se compensa con menores contribuciones a la seguridad social. Si eso se hace mal, el mensaje es venenoso: “despedir cuesta menos hoy aunque cueste más mañana”, y el mañana lo paga el sistema previsional. Es la clase de ingeniería que suena técnica, pero es política en estado puro: socializar pérdidas privadas y privatizar el beneficio de la flexibilidad.

Ahora bien, sería un error infantil que la oposición se pare frente a esto como si el país fuera 1974 o 2006. La nostalgia no paga sueldos, y el romanticismo sindical tampoco formaliza a quien reparte comida bajo la lluvia. La oposición necesita un discurso que diga, sin rodeos, dos cosas a la vez: que el trabajo cambió y que la dignidad no cambia. Y, sobre todo, necesita proponer una reforma alternativa que hable el idioma del futuro sin aceptar el alfabeto de la precariedad.

Esa propuesta tiene que empezar por una definición simple: el empleo no se crea por decreto laboral sino por crecimiento e inversión productiva, pero el marco laboral sí decide quién carga el riesgo y quién se queda con el premio. Si el Gobierno pretende “dinamizar” abaratando el despido y disciplinando la protesta, la oposición debe ofrecer dinamismo con otro método: simplificar registro, reducir costos no salariales de manera focalizada y transitoria para nuevos empleos formales, reforzar inspección contra el fraude del monotributo, y modernizar la capacitación con participación de sindicatos y empresas, sin vaciar derechos.

En plataformas, el camino serio no es inventar categorías para lavar la relación laboral, sino reconocer lo evidente: hay subordinación económica, hay reglas impuestas por algoritmo, hay sanciones, hay dependencia. Si no se quiere copiar modelos europeos al pie de la letra, al menos hay que garantizar un piso: aportes, cobertura por accidentes, licencias, representación colectiva y negociación real. La “flexibilidad” sin piso es simplemente abuso con sonrisa.

En negociación colectiva, la oposición debe ser inteligente: defender el convenio por actividad como columna vertebral —porque equilibra poder y evita dumping laboral—, pero abrir puertas a acuerdos complementarios por empresa que mejoren productividad y organización sin romper el piso sectorial. Tradición no es rigidez: tradición es método probado. El modelo argentino tiene defectos, sí, pero también una virtud mayor: cuando funciona, evita que el salario sea una aventura individual contra una estructura empresaria.

Y hay una dimensión política que nadie debería subestimar: la sociedad, cansada y golpeada, suele premiar a quien parece representar el porvenir. El oficialismo juega a eso. Si la oposición responde solo con “esto ya lo vimos”, pierde la pelea estética y simbólica, aunque tenga razón técnica. La respuesta tiene que ser: “sí, lo vimos; por eso proponemos algo mejor”. No para quedar “modernos”, sino para ser útiles.

La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿quiere la oposición disputar el futuro o solo administrar el resentimiento por el pasado? Porque si se limita a custodiar ruinas, Milei seguirá vendiendo ruinas nuevas como si fueran rascacielos. La reforma libertaria abre un riesgo evidente, pero también una oportunidad: obligar a la oposición a dejar de hablarle a un país que ya no existe y empezar a diseñar uno que todavía puede existir, con trabajo formal, productividad, tecnología y, sobre todo, una regla antigua y civilizada: que el más fuerte no escriba solo el contrato.

La llamada “modernización laboral” del mileísmo pone a la oposición frente a un espejo cruel: si se limita a decir “no” con lenguaje de museo, pierde; si compra el paquete entero por miedo a quedar “antigua”, también pierde, pero peor, porque traiciona una tradición jurídica y social que en Argentina no es capricho sino dique: el trabajo como derecho, no como limosna del mercado. La salida no es llorar un pasado idealizado ni aplaudir un futuro de cartón; la salida es disputar el sentido de “modernizar” sin entregar el corazón del modelo.

La dificultad es real. El mundo del trabajo ya no es el de los convenios homogéneos y el empleo estable como norma. Hoy conviven asalariados registrados con una masa creciente de informales, cuentapropistas forzados, monotributistas “de mentira” y trabajadores de plataformas que cargan el riesgo entero en su mochila. Esa fractura no surgió por progreso sino por deterioro: salarios que no alcanzan, pluriempleo, rebusque digital, endeudamiento doméstico. Entonces, cuando el Gobierno vende la reforma como adaptación a “lo nuevo”, toca una fibra sensible: mucha gente siente que el sistema actual no la incluye o no la protege. Y ahí está la trampa: confundir inclusión con desprotección.

La reforma libertaria, por lo que se describe, no busca integrar a los excluidos elevándolos, sino emparejar hacia abajo. Bancos de horas que licuan el pago de extras y habilitan jornadas estiradas; indemnizaciones recortadas al achicar la base de cálculo; pagos en cuotas; vacaciones fragmentables y movibles según conveniencia empresaria; restricciones al derecho de huelga ampliando categorías de “esencialidad”; debilitamiento de la ultraactividad; primacía del convenio por empresa sobre el sectorial; trabas a la financiación sindical; y, en plataformas, la tentación de consagrar un “independiente” que trabaja como dependiente pero sin red. No es modernización: es un cambio de relación de fuerzas.

El punto más delicado, por su simbolismo y por su mecánica, es ese fondo de asistencia para cubrir despidos alimentado con un aporte patronal que se compensa con menores contribuciones a la seguridad social. Si eso se hace mal, el mensaje es venenoso: “despedir cuesta menos hoy aunque cueste más mañana”, y el mañana lo paga el sistema previsional. Es la clase de ingeniería que suena técnica, pero es política en estado puro: socializar pérdidas privadas y privatizar el beneficio de la flexibilidad.

Ahora bien, sería un error infantil que la oposición se pare frente a esto como si el país fuera 1974 o 2006. La nostalgia no paga sueldos, y el romanticismo sindical tampoco formaliza a quien reparte comida bajo la lluvia. La oposición necesita un discurso que diga, sin rodeos, dos cosas a la vez: que el trabajo cambió y que la dignidad no cambia. Y, sobre todo, necesita proponer una reforma alternativa que hable el idioma del futuro sin aceptar el alfabeto de la precariedad.

Esa propuesta tiene que empezar por una definición simple: el empleo no se crea por decreto laboral sino por crecimiento e inversión productiva, pero el marco laboral sí decide quién carga el riesgo y quién se queda con el premio. Si el Gobierno pretende “dinamizar” abaratando el despido y disciplinando la protesta, la oposición debe ofrecer dinamismo con otro método: simplificar registro, reducir costos no salariales de manera focalizada y transitoria para nuevos empleos formales, reforzar inspección contra el fraude del monotributo, y modernizar la capacitación con participación de sindicatos y empresas, sin vaciar derechos.

En plataformas, el camino serio no es inventar categorías para lavar la relación laboral, sino reconocer lo evidente: hay subordinación económica, hay reglas impuestas por algoritmo, hay sanciones, hay dependencia. Si no se quiere copiar modelos europeos al pie de la letra, al menos hay que garantizar un piso: aportes, cobertura por accidentes, licencias, representación colectiva y negociación real. La “flexibilidad” sin piso es simplemente abuso con sonrisa.

En negociación colectiva, la oposición debe ser inteligente: defender el convenio por actividad como columna vertebral —porque equilibra poder y evita dumping laboral—, pero abrir puertas a acuerdos complementarios por empresa que mejoren productividad y organización sin romper el piso sectorial. Tradición no es rigidez: tradición es método probado. El modelo argentino tiene defectos, sí, pero también una virtud mayor: cuando funciona, evita que el salario sea una aventura individual contra una estructura empresaria.

Y hay una dimensión política que nadie debería subestimar: la sociedad, cansada y golpeada, suele premiar a quien parece representar el porvenir. El oficialismo juega a eso. Si la oposición responde solo con “esto ya lo vimos”, pierde la pelea estética y simbólica, aunque tenga razón técnica. La respuesta tiene que ser: “sí, lo vimos; por eso proponemos algo mejor”. No para quedar “modernos”, sino para ser útiles.

La pregunta final es incómoda, pero necesaria: ¿quiere la oposición disputar el futuro o solo administrar el resentimiento por el pasado? Porque si se limita a custodiar ruinas, Milei seguirá vendiendo ruinas nuevas como si fueran rascacielos. La reforma libertaria abre un riesgo evidente, pero también una oportunidad: obligar a la oposición a dejar de hablarle a un país que ya no existe y empezar a diseñar uno que todavía puede existir, con trabajo formal, productividad, tecnología y, sobre todo, una regla antigua y civilizada: que el más fuerte no escriba solo el contrato.