Gobierno en apuros

A febrero de 2026, el problema de Milei ya no es solo ideológico: es material. Su gobierno se presenta como una cruzada contra “la casta”, pero en la práctica viene descargando el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pymes y sectores medios que cada mes viven con más incertidumbre. Puede mostrar una macro más ordenada en algunos frentes, sí, pero lo hace con una lógica de demolición: primero rompe, después promete que algún día se verá el beneficio. Y mientras tanto, la vida concreta de millones queda reducida a una variable de transición.

La reforma laboral empujada por el oficialismo sintetiza esa mirada. No aparece como una modernización equilibrada del sistema de trabajo, sino como una transferencia de poder desde el trabajador hacia el empleador, en nombre de una supuesta eficiencia que nunca termina de probarse. Que se la venda como remedio para el empleo cuando el mercado laboral ya viene golpeado es, como mínimo, una apuesta temeraria. Abaratar despidos, flexibilizar condiciones y debilitar herramientas de defensa colectiva puede mejorar balances de corto plazo en algunos sectores, pero no crea por sí solo una economía dinámica, innovadora y con demanda real. Puede, en cambio, consolidar una Argentina más precaria.

El argumento oficial repite que “si se contrata más fácil, se contratará más”. Esa frase suena prolija en un powerpoint, pero choca con la realidad: las empresas no contratan porque un paper libertario se los pida; contratan cuando hay consumo, crédito, previsibilidad y horizonte. Si la actividad sigue débil en sectores clave, si la industria y la construcción no levantan de verdad, y si el ingreso de la gente sigue tensionado, la flexibilización puede terminar funcionando más como mecanismo de disciplinamiento social que como motor de empleo. Es decir: más miedo a perder el trabajo, no necesariamente más trabajo.

También hay un deterioro político y cultural en la forma de gobernar. Milei convirtió la agresión permanente en método. Todo el que critica es “enemigo”, “ensobrado”, “degenerado fiscal” o parte de una conspiración. Ese estilo puede rendir en redes, pero empobrece la democracia. Un presidente no está para ganar discusiones en X todo el día; está para administrar conflictos reales, construir mayorías y cuidar el tejido institucional. Cuando la política se vuelve un ring y el Estado una máquina de castigo simbólico, la convivencia se erosiona y la discusión pública se degrada. Y esa degradación no es un detalle estético: después se traduce en políticas brutales justificadas como si fueran sentido común.

La inflación más baja que la del desastre previo no alcanza para absolver el modelo. Que el IPC de enero haya sido 2,9% y 32,4% interanual puede leerse como una mejora respecto de picos anteriores, pero no como una solución social en sí misma. Porque el dato macro convive con otro fenómeno: salarios castigados, consumo resentido y una economía donde mucha gente siente que la estabilidad prometida se parece demasiado a una vida más chica. La pregunta no es solo si baja la inflación; la pregunta es quién paga el costo de esa baja y cuánto daño estructural queda en el camino.

Lo más preocupante es el núcleo moral del experimento: la idea de que el sufrimiento social es un peaje inevitable y hasta deseable para “ordenar” el país. Ahí está la matriz más peligrosa del mileísmo. No se trata únicamente de una discusión técnica sobre déficit o regulación, sino de una concepción del otro. El trabajador despedido, el comercio que cierra, la pyme que no llega, el jubilado que recorta remedios, pasan a ser daños colaterales narrados con frialdad estadística o directamente con desprecio. Una sociedad no se reconstruye humillando a los que quedan afuera. Se reconstruye con producción, con reglas, con inversión, con protección inteligente y con un Estado que no abandone su obligación de arbitrar en favor del bien común.

Milei llegó capitalizando un hartazgo real y una crisis profunda, y sería necio negar ese punto. Pero una cosa es diagnosticar el fracaso del ciclo anterior y otra muy distinta usar ese fracaso como cheque en blanco para desmantelar derechos, concentrar poder y naturalizar la crueldad. La Argentina necesitaba reformas, sí; no necesitaba una terapia de demolición administrada como espectáculo. A esta altura, la discusión ya no es si su retórica “funciona” o si conserva apoyo en un segmento del electorado. La discusión es si el país sale de la crisis con más trabajo digno, más cohesión social y más instituciones, o si sale con una sociedad más rota y un sistema político acostumbrado a que gobernar sea lastimar. En eso, hasta ahora, Milei viene dejando más heridas que soluciones.