Ante el incumplimiento del Gobierno, las universidades convocan a una cuarta Marcha Federal el 12 de mayo

La protesta tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y se replicará en distintos puntos del país. Docentes, no docentes y estudiantes denuncian la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro salarial y presupuestario del sistema.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse el próximo 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria, que tendrá como punto central una masiva concentración en la Plaza de Mayo y réplicas en diferentes ciudades del país. La convocatoria surge en medio del creciente malestar por el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario y por la profundización de la crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las casas de estudio.

Será la cuarta gran demostración de fuerza del sector desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Como ya ocurrió en abril y octubre de 2024 y en septiembre de 2025, la protesta buscará volver a instalar en el centro del debate público la defensa de la universidad pública, la ciencia y el sistema de investigación nacional, frente a un ajuste que golpea de lleno sobre docentes, no docentes, estudiantes e instituciones.

El conflicto se agudizó en el inicio del ciclo lectivo 2026. Desde el sistema universitario denuncian una pérdida salarial superior al 30 por ciento, además de un severo deterioro en las condiciones de cursada y funcionamiento. A eso se suma que la ley de actualización presupuestaria, aprobada por el Congreso y reafirmada incluso tras el rechazo al veto presidencial, lleva seis meses sin aplicarse.

“Si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación”, advirtió el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, una de las voces más visibles del reclamo. Desde el organismo remarcan que agotaron todas las instancias institucionales antes de volver a convocar a una movilización masiva.

El Frente Universitario sostiene que acudió a la Justicia cuando el Gobierno anunció que no aplicaría la norma, y que ya obtuvo una cautelar favorable en primera instancia, luego confirmada, que ordena al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley. Sin embargo, afirman que la respuesta oficial sigue sin llegar.

Lejos de retroceder, el Gobierno presentó en los últimos días un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema e intentar evitar el desembolso de los fondos reclamados. Para las universidades, esa maniobra no hace más que profundizar el conflicto y confirma la decisión de la administración libertaria de dilatar el cumplimiento de una ley vigente.

En paralelo, desde la Casa Rosada se analiza el envío de un nuevo proyecto de financiamiento al Congreso, con una propuesta de recomposición del 12,3 por ciento en cuotas hasta fin de año. La oferta es considerada insuficiente por el sistema universitario, sobre todo en un contexto inflacionario persistente y luego de una pérdida acumulada del poder adquisitivo de alrededor del 34 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria.

Los gremios docentes y no docentes exigen una actualización salarial superior al 50 por ciento para recuperar el nivel de noviembre de 2023, en línea con lo contemplado por la normativa hoy frenada por el Ejecutivo. Desde el movimiento estudiantil, en tanto, también endurecieron el tono. “La Ley de Financiamiento Universitario está vigente y debe cumplirse. No hay margen para interpretaciones ni dilaciones cuando está en juego el funcionamiento de nuestras universidades”, sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina.

La convocatoria del 12 de mayo, entonces, no será solo una nueva protesta contra el ajuste. También buscará denunciar lo que el sistema universitario considera un abierto desconocimiento de una ley aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia. En ese marco, las universidades vuelven a apostar a la calle como último recurso frente a un conflicto que, lejos de resolverse, suma cada vez más tensión política e institucional.