El vaciamiento del INTI
Sturzenegger elimina controles clave y expone a la población a mayores riesgos
El Gobierno avanzó con una nueva etapa del desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y dio de baja cerca de mil servicios vinculados al control de alimentos, bebidas, materiales de construcción, surtidores de combustibles y otros procesos sensibles para la salud pública, la seguridad y la producción. La decisión fue celebrada por Federico Sturzenegger bajo una lógica tan brutal como reveladora: como esos servicios se ofrecían a bajo costo, había que eliminarlos.
La discusión no es administrativa ni técnica. Es política. Lo que está en juego no es un simple recorte de prestaciones, sino el desmantelamiento de una estructura estatal que durante décadas garantizó controles, asistencia tecnológica y capacidades que el sector privado no está en condiciones de reemplazar en el corto plazo. Esa advertencia no surge de un panfleto opositor, sino de áreas técnicas del propio organismo, cuyos responsables marcaron que la medida puede afectar exportaciones, estándares internacionales, desarrollo de nuevas tecnologías y funciones críticas para la población.
El problema de fondo es conocido: el Gobierno no distingue entre gasto improductivo y capacidad pública estratégica. Todo lo que no responde a la lógica del mercado es presentado como un exceso, un privilegio o una distorsión. En esa mirada miope, el Estado no debe garantizar calidad, seguridad ni desarrollo; apenas debe correrse. Y si en ese retiro quedan debilitados controles sobre combustibles, sustancias peligrosas, juguetes, pinturas, autopartes o equipamiento médico, parece no importar demasiado.
La resolución que desarticula estos servicios confirma esa visión. También confirma otra cosa: que la motosierra no vino a podar privilegios, sino a arrasar funciones esenciales. Porque el INTI no era un lujo burocrático. Era una pieza central de la infraestructura tecnológica del país, especialmente para pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar servicios privados a valores de mercado o directamente no tienen dónde conseguirlos.
Sturzenegger intentó justificar la medida con argumentos que fueron rápidamente desmentidos por trabajadores del organismo, que le señalaron errores groseros y falsedades concretas. Uno de los casos más notorios fue el de la verificación de surtidores de combustibles. El ministro afirmó que esa tarea ocupaba al 12 por ciento de la planta del INTI, cuando en realidad involucraba a una porción mínima del personal. No fue un detalle menor: fue la muestra de una argumentación armada sobre datos deformados para legitimar una decisión ya tomada.
También sostuvo que esos servicios estaban subsidiados por “el IVA a la polenta”, en una frase tan efectista como engañosa. Los trabajadores le recordaron algo elemental: esos servicios no eran gratuitos, sino pagos por las empresas que los requerían. El objetivo del organismo no era obtener rentabilidad, sino sostener capacidades técnicas para el entramado productivo y resguardar estándares que no pueden quedar librados al interés de cada actor privado.
Ahí está el corazón del debate. El INTI no competía en un mercado. Cumplía una función que el mercado, por sí solo, no garantiza. Capacitar a empresas alimenticias, controlar materiales tóxicos en juguetes, verificar pinturas con plomo, calibrar balanzas para comercio exterior, hacer ensayos sobre envases para sustancias peligrosas o revisar equipamiento clave para la salud no son tareas decorativas. Son funciones que protegen vidas, ordenan la producción y sostienen soberanía técnica.
La diputada Julia Strada también salió a responderle al ministro y marcó un punto central: no existen hoy en la Argentina laboratorios privados con capacidad para reemplazar esa función de manera inmediata. En algunos casos, incluso, el INTI era el único organismo del país con el conocimiento y la infraestructura necesarios para realizar ciertos ensayos. Destruir eso no es modernizar. Es retroceder.
El oficialismo insiste en vender cada desguace como una hazaña contra la casta, pero lo que está haciendo es otra cosa: desmantelar herramientas públicas que garantizan controles básicos mientras deja a la sociedad más expuesta y al aparato productivo más débil. La retórica libertaria se llena la boca hablando de eficiencia, pero termina defendiendo un modelo en el que los privados se controlan a sí mismos, fijan sus propias condiciones y operan con menos supervisión estatal.
Eso, lejos de ser libertad, es desprotección. Y cuando se trata de alimentos, combustibles, materiales de construcción, salud o transporte, la desprotección no es una abstracción ideológica. Puede costar caro. A veces en plata. A veces en derechos. A veces en vidas.
