“El único presidente es Nicolás Maduro”: Delcy Rodríguez denuncia un “secuestro” y llama a la unidad ante la ofensiva de Estados Unidos

ras una operación militar atribuida a Washington y la difusión de imágenes desde la Casa Blanca, la vicepresidenta venezolana exigió la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores y dijo que el país está “listo para defenderse”. Trump presentó el ataque como una “advertencia” regional. Mientras crecen los repudios y las convocatorias a marchas, el Gobierno argentino celebró el operativo y anunció nuevas restricciones migratorias para venezolanos ligados al oficialismo.

Caracas amaneció con el sonido áspero de las cosas que se rompen rápido: explosiones, incertidumbre y una secuencia de anuncios que, de confirmarse en todos sus términos, reconfiguran el tablero político regional. Estados Unidos informó este sábado una operación militar en territorio venezolano que incluyó ataques sobre distintos puntos del país y la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Desde Washington se difundieron imágenes del presidente Donald Trump y su equipo de Seguridad Nacional siguiendo el operativo desde Mar-a-Lago, en Florida, como si la guerra pudiera presentarse en formato de sala de situación y fotografía institucional.

Del lado venezolano, la respuesta llegó desde el corazón del poder político. La vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezó un Consejo de Defensa de la Nación junto a autoridades de los distintos poderes públicos y fijó la línea oficial: “Hay un solo presidente de Venezuela y se llama Nicolás Maduro Moros”. Definió lo ocurrido como un “secuestro ilegal e ilegítimo”, exigió la “inmediata liberación” del mandatario y de su esposa y sostuvo que el país se encuentra “listo para defender Venezuela”.

Rodríguez buscó a la vez contener y encuadrar. Llamó a la población a “mantenerse en calma”, pero no a resignarse. Pidió “unión nacional” en defensa de la soberanía y de la independencia, y apeló a una retórica de raíz histórica: habló de Bolívar, de Miranda, de “héroes y mártires”, y juró que Venezuela “jamás volverá a ser colonia”, ni de “imperios nuevos, viejos ni en decadencia”. No fue un detalle ornamental: la idea de colonia, en la política latinoamericana, funciona como un disparador emocional y como advertencia estratégica. Se usa para decir que no está en juego solo un gobierno, sino la posibilidad misma de decidir puertas adentro.

En esa misma línea, la vicepresidenta sostuvo que el accionar de Washington constituye una “barbarie” que “violenta los mecanismos de derechos humanos internacionales” y que incluso “configura delitos de lesa humanidad”. También reivindicó la voluntad de diálogo que, según recordó, había expresado Maduro días atrás: dijo que el gobierno venezolano estaba dispuesto a sostener relaciones diplomáticas orientadas a una agenda “constructiva” y que la respuesta fue la “flagrante agresión” contra el país. En ese tramo, mencionó que habría mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como señal de que —aun en un escenario de máxima tensión— se intenta conservar una línea de comunicación que evite una escalada sin retorno.

El trasfondo económico apareció sin eufemismos. Rodríguez subrayó que el pueblo venezolano “sabe lo que significan sus hidrocarburos y sus recursos”, y ubicó allí un motivo central del conflicto. La referencia no fue abstracta: desde Estados Unidos, Trump habló del futuro del país en términos de administración y transición, y vinculó la operación a la idea de que compañías petroleras estadounidenses puedan “hacer dinero”. En el lenguaje crudo del poder, los recursos no se discuten: se disputan.

Trump, por su parte, presentó la intervención como un mensaje directo al resto del continente. En una conferencia desde Mar-a-Lago describió la captura de Maduro como un “aviso” para cualquiera que, según sus palabras, amenace la soberanía estadounidense o ponga en riesgo vidas estadounidenses. En el mismo tono, afirmó que el embargo al petróleo venezolano continuará y que la presencia naval frente a las costas del país no se modificará hasta que se cumplan las “demandas” de Washington. El concepto de “dominio” del hemisferio occidental —mencionado explícitamente— volvió a escena como definición ideológica, no como lapsus: una manera de decir que el mapa se mira desde arriba, no entre pares.

La onda expansiva llegó a Europa con reacciones dispares. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que España no reconocerá una intervención militar que viole el derecho internacional. Aclaró que su país no reconoció al gobierno de Maduro, pero marcó una frontera: no validar una acción armada que, sostuvo, empuja a la región hacia un horizonte de “incertidumbre y belicismo”. Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer evitó condenar de inmediato el ataque y se mostró prudente: dijo que antes de pronunciarse quiere dialogar con Trump y con aliados, y remarcó que su país no tuvo participación en la acción. La cautela británica, en este contexto, no suena a neutralidad moral sino a cálculo diplomático: cuando el mundo se pone áspero, nadie quiere quedar pegado a la foto equivocada.

En la Argentina, la disputa encontró su propio espejo. Mientras sectores políticos expresaron preocupación por la escalada militar y el impacto regional, el Gobierno nacional se ubicó en la vereda opuesta: celebró la operación estadounidense y la captura de Maduro. Además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció “nuevas restricciones migratorias” para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al oficialismo: funcionarios, miembros de fuerzas armadas, empresarios relacionados al gobierno y otras personas alcanzadas por sanciones estadounidenses. El mensaje fue tajante: quienes sean considerados “cómplices” no podrán ingresar. En pocas líneas, la crisis externa se tradujo en una decisión interna con efectos concretos sobre el movimiento de personas, justo cuando el continente entra en una zona de turbulencia.

La calle también empezó a moverse. Organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos convocaron a una marcha hacia la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para la tarde del sábado. El objetivo, según la convocatoria, es repudiar la intervención militar y reclamar por la paz, en un contexto donde se mencionan decenas de heridos y la posibilidad de víctimas fatales tras los bombardeos en ciudades venezolanas. En paralelo, organismos de derechos humanos difundieron un pronunciamiento conjunto en el que repudiaron el ataque “brutal”, reclamaron el retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses del territorio venezolano y exigieron la liberación de Maduro. Advirtieron, además, que la agresión “pone en grave riesgo la paz de toda la región” y llamaron a la comunidad internacional a actuar para restablecerla.

La pregunta que queda flotando —y que conviene formular sin histeria, porque la histeria es el combustible preferido de las operaciones— es qué tipo de precedentes está dispuesto a aceptar el sistema internacional cuando una potencia decide intervenir, bombardear y capturar a un jefe de Estado en ejercicio. La legalidad, cuando se la estira demasiado, no se vuelve elástica: se rompe. Y cuando se rompe, el problema deja de ser Venezuela y pasa a ser el método.

Delcy Rodríguez eligió fijar una consigna cerrada: “El único presidente es Nicolás Maduro”. Trump eligió fijar otra: “advertencia” y “dominio”. En el medio queda un país bajo ataque, una región mirando con el ceño fruncido y una certeza incómoda: cuando los poderosos convierten el derecho en decoración, lo que sigue suele escribirse con tinta más oscura.