El lawfare dio su golpe final

No fue una sorpresa. Fue una ratificación. Lo que el poder económico necesitaba, lo que el Partido Judicial preparó durante años, lo que los medios dominantes instalaron como clima de época, lo que la derecha pedía a gritos en cada set televisivo: ya ocurrió. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consumó la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, la figura más gravitante del peronismo en este siglo. Lo hizo con tres votos y una herramienta técnica: el artículo 280 del Código Procesal, que permite rechazar un recurso sin explicar los motivos. Sin debate público. Sin revisar pruebas. Sin garantizar justicia.

El fallo —votado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— confirma seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el castigo no es solo jurídico. Es simbólico. Es político. Es un mensaje para todo aquel que alguna vez se atrevió a tocar intereses estructurales. Quieren borrar a Cristina como dirigente. Pero también quieren aniquilar lo que representa: un modelo de país, una memoria colectiva, una posibilidad de futuro.

El juicio de la causa Vialidad fue una farsa desde el inicio. No hubo peritaje sobre las obras cuestionadas. No se probó daño económico. No se pudo demostrar que Cristina diera órdenes, ni siquiera que tuviera facultades sobre las contrataciones licitadas en Santa Cruz. La auditoría hecha durante el gobierno de Macri reconoció que las obras se construyeron y con buena calidad. Y, sin embargo, la condena avanzó. Se usaron chats de otras causas sin control judicial. Se incorporaron decretos no discutidos en el juicio. Se ignoró el principio de legalidad.

Fue un expediente armado para disciplinar, no para esclarecer. Como dijo Cristina: “cuando fui a declarar, dije que la sentencia ya estaba escrita. Y no me equivoqué”. Y la Corte, en lugar de revisar esas irregularidades, eligió callar. Su silencio fue estruendoso. La frase “la sentencia fue fundada en derecho” escrita por Rosatti es tan vacía como reveladora. El derecho, cuando se usa como arma de poder, deja de ser garantía. Se convierte en trampa.

Cristina no fue condenada por lo que hizo. Fue condenada por lo que significa. Su presidencia dejó en la historia una marca que el poder económico nunca le perdonó: salarios altos, industria protegida, científicos repatriados, universidades abiertas, consumo popular, América Latina como horizonte y no como amenaza. Ese poder económico no se equivoca dos veces. En 2019 subestimó su capacidad de organización. En 2025 quiere asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Como ella misma lo expresó: “cuando este monigote se caiga, no quieren que el campo nacional y popular pueda organizarse”. La Corte, entonces, no actuó como árbitro. Actuó como ejecutora. La condena no fue firmada solo por jueces. Fue dictada por el directorio de la Argentina concentrada: Clarín, Techint, AEA, AmCham y sus extensiones políticas, judiciales y mediáticas. Es la versión local del golpe blando que ya vimos en Brasil, Bolivia y Ecuador. Es lawfare sin disimulo.

Mientras los fiscales Luciani y Mola piden su detención inmediata, y la ministra Bullrich busca un lugar para encerrarla, Cristina enfrenta la escena con lo que siempre tuvo: coraje. Desde la sede del PJ, rodeada de militantes, lanzó su mensaje: “los peronistas no nos profugamos. Eso hace la derecha mafiosa. Nosotros ponemos el cuerpo”. Afuera, en la calle Matheu, miles de personas sostenían una vigilia que mezclaba angustia y fuerza. “Todavía tenía alguna esperanza”, decía una militante, con una pancarta que rezaba “Argentina sin proscripciones”. Otro gritaba: “hay que saltar, el que no salta es del Partido Judicial”.

La escena no es nueva. La historia argentina ya conoce las proscripciones. Pero también conoce la resistencia. A Perón lo proscribieron. A Evita la quisieron borrar. A Néstor lo desestimaron. Y a Cristina ahora quieren encerrarla. Pero el peronismo siempre vuelve. Porque nunca es solo una persona: es una memoria larga, un dolor compartido y una esperanza obstinada.

La democracia no se degrada solo con tanques o censura. También se degrada cuando tres jueces deciden que millones no puedan votar a quien quieren. Se degrada cuando los fallos judiciales reemplazan a las urnas. Se degrada cuando la política se convierte en fachada y el poder real actúa sin pasar por las elecciones. Como advirtió Zaffaroni, “nos estamos peruanizando”. Se consolida una República Oligárquica Judicial en la que se condena sin pruebas, se encierra sin proceso justo y se gobierna sin responsabilidad popular. Cristina es la excusa. La advertencia es para todos.

La sentencia no cierra nada. Abre una nueva etapa. Una etapa en la que el peronismo —con sus contradicciones, sus heridas, sus luchas internas— deberá decidir si se repliega o se reorganiza. Cristina ya eligió: se queda, da pelea, no se esconde. Lo dijo en su balcón, con la voz firme y el cuerpo presente. Hoy la condenan a seis años. Pero la pregunta de fondo no es cuánto durará su pena, sino cuánto más puede resistir una democracia a la que le amputan el voto popular, el Estado, el salario y el futuro. Proscribieron a Cristina. Pero no pueden proscribir la historia ni la ideología de las mayorías.