El Gobierno se corre del financiamiento de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del esquema de compensaciones económicas que cubría a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y menores con cáncer. La medida no deroga el derecho a viajar sin cargo, pero modifica un aspecto central: el Estado deja de hacerse cargo del costo y lo traslada a las compañías privadas.

La decisión fue establecida por la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma deroga el mecanismo por el cual el Estado Nacional compensaba parcialmente a las empresas de transporte interjurisdiccional por los boletos gratuitos emitidos en cumplimiento de leyes vigentes.

Hasta ahora, ese esquema permitía sostener el acceso sin cargo para sectores especialmente vulnerables, entre ellos personas con discapacidad amparadas por la Ley 22.431, personas trasplantadas o en lista de espera contempladas por la Ley 26.928 y menores con cáncer alcanzados por la Ley 27.674.

El argumento oficial se inscribe en la política de desregulación del transporte de larga distancia. En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que el régimen anterior había nacido en un contexto de emergencia y que formaba parte de un modelo de fuerte intervención estatal, con regulación tarifaria y limitaciones para que las empresas fijaran libremente sus precios.

Con el nuevo paradigma abierto por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las compañías cuentan ahora con mayor libertad para definir tarifas, recorridos y horarios. Por eso, según la interpretación oficial, están en condiciones de incorporar dentro de sus propios costos las obligaciones legales de gratuidad.

La gratuidad, según aclara la resolución, permanece vigente. Es decir: las personas alcanzadas por las leyes mencionadas conservan el derecho a viajar sin cargo y las empresas siguen obligadas a otorgar los pasajes. El cambio se produce en la relación económica entre el Estado y los operadores privados: ya no habrá compensación estatal por esos boletos.

Sin embargo, la decisión abre una zona de tensión evidente. Aunque el derecho formal no haya sido eliminado, su cumplimiento dependerá ahora de que las empresas absorban el costo sin trasladarlo a la práctica mediante obstáculos administrativos, menor disponibilidad de cupos o demoras en la entrega de pasajes. En otras palabras: el derecho sigue escrito, pero su garantía material queda más expuesta.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá mantener los mecanismos de control y fiscalización para asegurar que las compañías cumplan con la entrega de boletos gratuitos. Ese punto será clave: si el Estado se retira del financiamiento, al menos deberá demostrar capacidad real para impedir que el beneficio se deteriore por la vía de los hechos.

La medida forma parte de una lógica más amplia del Gobierno de Javier Milei: reducir la intervención estatal, desarmar subsidios y trasladar costos al sector privado o a los usuarios indirectamente. En este caso, el impacto político es especialmente sensible porque involucra a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer, sectores para los cuales el transporte no es un lujo, sino muchas veces una condición básica para acceder a tratamientos, controles médicos, vínculos familiares o trámites esenciales.

El punto de fondo no es solo contable. Es una discusión sobre el rol del Estado frente a quienes tienen mayores dificultades para ejercer derechos elementales. La administración nacional afirma que la gratuidad continúa vigente. La pregunta, a partir de ahora, será si ese derecho podrá cumplirse con la misma eficacia cuando el Estado deja de financiarlo.