Bono congelado, jubilación licuada: la mínima pierde terreno frente a los precios

Desde marzo de 2024 hay un dato que no se mueve: el bono que completa la jubilación mínima quedó congelado en 70.000 pesos. Todo lo demás sí se mueve, sobre todo los precios. El resultado es simple y cruel: esa parte del ingreso se achica mes a mes, y la pérdida queda prolijamente afuera de muchos cálculos oficiales, como si el deterioro pudiera esconderse detrás de una fórmula.

En febrero, el haber mínimo sube por el mecanismo vigente desde abril de 2024, que ajusta por inflación del Indec con dos meses de atraso. Con ese criterio, el incremento será de 2,84% (por la inflación de diciembre) y la mínima quedará en 359.219,42 pesos. Con el bono, el total llega a 429.219,42. Pero, como el bono no sube, el aumento real para quienes cobran mínima más bono es menor: ronda el 2,3%. Traducido: el “complemento” funciona cada vez menos como complemento y cada vez más como ancla fiscal.

La comparación con la Canasta Básica que marca el umbral de pobreza deja el cuadro sin maquillaje. Con una inflación parecida a la de los últimos meses, la canasta rondaría los 440.000 pesos, por encima del ingreso mínimo incluso con bono. Si se lo mira como “adulto equivalente”, la referencia baja a alrededor de 320.000, pero aun así la distancia con la pobreza es chica y frágil. Se vive al borde: un aumento de remedios, una consulta, un trámite que se complica, y la cuenta se rompe.

Este deterioro no pega en un grupo pequeño. La mínima la cobra cerca del 60% de los jubilados, así que la merma es masiva. Según estimaciones privadas, las jubilaciones vienen cayendo en términos reales por varios meses seguidos: en noviembre, la mínima habría bajado 0,8% real y el resto (medias y altas) 0,4%, con la explicación repetida como un estribillo: inflación que acelera, actualización que llega tarde y un bono que se licúa. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la mínima acumularía una caída real del 7,3%.

El clima social también se recalienta por fuera de las planillas. Los reclamos semanales frente al Congreso se volvieron rutina, con operativos de seguridad que tensan la escena. A eso se suma el impacto del precio de los medicamentos en un esquema más desregulado y la sensación de retroceso en coberturas y prestaciones, especialmente alrededor del PAMI. No es solo ingreso: es protección concreta, cotidiana, de esas que se notan cuando faltan.

En paralelo, aparecen discusiones que apuntan al financiamiento futuro del sistema. El proyecto de reforma laboral del oficialismo plantea bajar contribuciones patronales: de 20,4% a 17,4% en servicios y de 18% a 15% en el resto de empleadores privados para puestos registrados. Esa recaudación hoy alimenta a la Anses (jubilaciones y pensiones), sostiene al PAMI y financia asignaciones familiares. Menos aporte, menos caja: no hace falta ser contador para ver el riesgo.

Además, la iniciativa incorpora un Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones, con aporte empresarial del 3% de la masa salarial, compensado con otra baja de 3 puntos en contribuciones. En la práctica, un rediseño que vuelve a cargar tensión sobre una seguridad social ya debilitada.

La escena, entonces, queda ordenada al revés de la propaganda: los jubilados no están “protegidos por un bono”, están expuestos a un bono quieto en un país que no se queda quieto nunca. Y cuando la inflación corre, el atraso y el congelamiento hacen su trabajo silencioso: los últimos de la fila pagan primero.