Regalo para el capital, factura para el país
Reforma laboral: el “regalo” de Milei, la factura de todos
Bajo la bandera de la “modernización”, el Gobierno empuja un esquema que abarata el despido, desfinancia la seguridad social y fortalece la lógica financiera, justo cuando la industria opera a media máquina y el empleo privado se achica.
El 13 de febrero de 2026, Luis Caputo se reunió con la Unión Industrial Argentina y lo que se presentó como diálogo “técnico” dejó un mensaje político nítido: la prioridad de Javier Milei no es reactivar la producción, ni sostener el consumo, ni estabilizar sin romper el tejido social; es reescribir las reglas del trabajo para que el costo de la crisis caiga, otra vez, sobre el que menos margen tiene. La escena fue limpia, casi amable: funcionarios y empresarios conversando sobre “mejores productos” y “mejores precios”. Pero el contenido es áspero: un paquete que debilita derechos laborales, facilita despidos y desplaza recursos de la sociedad hacia el capital, con un mecanismo central tan novedoso como peligroso, el Fondo de Asistencia Laboral.
Conviene desconfiar de los nombres lindos. “Fondo de Asistencia Laboral” suena a ayuda al trabajador; en la práctica, funciona como un subsidio indirecto al despido. La lógica histórica de la indemnización no es caprichosa: es resarcitoria, sí, pero también disuasoria. Obliga al empleador a pensarlo dos veces antes de cortar el vínculo, porque despedir tiene costo. El FAL modifica esa filosofía: crea una caja común para que las empresas financien indemnizaciones con un aporte mensual calculado sobre la masa salarial, pero con un detalle decisivo, ese aporte se detrae de lo que hoy se paga al sistema de seguridad social en contribuciones patronales. El costo de despedir deja de ser, principalmente, una consecuencia que paga quien decide despedir, y empieza a socializarse vía un agujero previsional que termina cubriendo el conjunto de la sociedad.
El proyecto aprobado con media sanción fija porcentajes de aporte al FAL del 1,0% al 1,5% en grandes empresas y del 2,5% al 3,0% en pymes y mipymes. Dicho sin maquillaje: el sistema previsional pierde recaudación para que el despido sea más “previsible” para el empleador. Y cuando despedir se vuelve prepagado, despedir se vuelve más fácil. No por maldad abstracta, por incentivo económico. Si el costo marginal se achica, la rotación deja de ser una decisión excepcional y puede convertirse en herramienta de ajuste cotidiano. Con demanda débil, con ventas en caída y con un programa económico que enfría la actividad, esta reforma no estimula la contratación: estimula la flexibilidad del despido. En la vida real, esa diferencia se traduce en miedo, precariedad y salarios con menos fuerza para discutirse.
El impacto fiscal no es un detalle técnico: es un cambio de reglas de enorme escala. Un cálculo preliminar atribuido a un análisis presupuestario del Congreso estimó una pérdida de recaudación para el sistema previsional del orden de 2.600 millones de dólares anuales. El razonamiento se apoya en el universo de trabajadores en pymes con salarios promedio cercanos a 850 mil pesos y una alícuota del 2,5%, y en grandes empresas con sueldos promedio cercanos a 1,3 millón y una alícuota del 1,5%. Aun si esos promedios se discuten, el orden de magnitud no se evapora: estamos hablando de miles de millones que dejan de alimentar jubilaciones y seguridad social. En un país con tensión fiscal permanente, esa pérdida obliga a elegir entre más ajuste, más impuestos o más licuación. Milei elige desfinanciar para “abaratar”, y después pedirá que no nos sorprendamos si hay que recortar. Es la vieja maniobra: primero se rompe la caja común, luego se denuncia que la caja común “no da”.
Hay otro costado, menos confesable y más rentable: el negocio financiero. El FAL administrará una montaña de dinero mensual que será gestionada por entidades financieras registradas ante el regulador del mercado. En el mundo real, administrar fondos masivos implica comisiones, spreads, instrumentos, colocaciones, beneficios por escala. Es decir, la reforma no sólo mueve poder desde el trabajo hacia el capital productivo: también crea un circuito de renta para el capital financiero. Los derechos laborales pasan a ser, en parte, flujo de fondos. El empleo se vuelve una variable que también alimenta una cartera. Es un diseño que, por donde se lo mire, convierte un conflicto social en oportunidad de negocios. Y la pregunta incómoda es inevitable: ¿quién sale ganando cuando el despido se abarata, la seguridad social se desfinancia y las finanzas administran la diferencia?
El Gobierno justifica el paquete hablando de “industria del juicio” como si la litigiosidad fuera un fenómeno autónomo, una plaga moral desconectada de la realidad laboral. Es un recurso discursivo cómodo: si el problema son los juicios, la solución es recortar derechos y debilitar herramientas de reclamo. Pero la litigiosidad también se alimenta de informalidad, registraciones defectuosas, aportes incompletos, incumplimientos, malas condiciones de trabajo y relaciones laborales mal estructuradas. Si se quisiera resolver con honestidad, habría que mejorar inspecciones, acelerar trámites, ordenar mediaciones, sancionar el fraude y dar seguridad jurídica sin desproteger. Milei elige la salida rápida: bajar el estándar y llamar “modernización” a la regresión.
En paralelo, el contexto productivo desmiente el cuento de que el empleo depende de abaratar despidos. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8%, el mínimo en 21 meses. Una fábrica que trabaja apenas por encima de la mitad no está pensando en contratar porque sea más barato despedir: está pensando en sobrevivir. Además, desde el inicio de la gestión Milei se perdieron cerca de 192.300 puestos en el sector privado, con la industria manufacturera y la construcción como focos del retroceso. En los últimos meses, distintas estimaciones oficiales y privadas registraron caídas concentradas en comercio, industria y servicios empresariales. ¿De verdad alguien cree que el problema era el “costo laboral” y no la política macro que enfría ventas, seca crédito y reduce demanda? La reforma aparece, entonces, como una coartada: cuando la economía no crea empleo, se culpa al trabajador y se le quita protección. Es más fácil disciplinar que gobernar bien.
La discusión en el Senado argentino fue extensa y tensa: la reforma obtuvo media sanción por 42 votos a favor y 30 en contra, en una madrugada de debate, mientras afuera se reprimían protestas con gases. La negociación política del oficialismo se atribuyó a Patricia Bullrich, que festejó como si se tratara de una gesta patriótica. Hubo concesiones de último minuto, como mantener aportes solidarios sindicales con tope y ajustar algunos puntos operativos, pero el núcleo permanece: se facilita el despido, se habilitan mecanismos que estiran jornadas y se cambian incentivos de negociación. La reforma privilegia acuerdos por empresa sobre acuerdos por sector, es decir, atomiza el poder de negociación del trabajo. En un país desigual, atomizar no “moderniza”: debilita. Y debilitar al trabajador en masa no genera inversión: genera salarios más bajos y una sociedad más insegura.
A eso se suman mecanismos de flexibilidad horaria que, en teoría, podrían presentarse como administración racional del tiempo, pero en la práctica argentina suelen terminar en horas extra sin pago real o con compensaciones diferidas que el trabajador nunca controla. Se habló, además, de períodos de prueba más extensos y de modalidades que habilitan jornadas de hasta doce horas diarias sin pagos adicionales, manteniendo el tope semanal. En el papel suena “eficiente”; en el cuerpo, suena a agotamiento. En la casa, suena a vida familiar comprimida. En la calle, suena a más accidentes laborales y menos salud. Cuando un gobierno desprecia el valor del descanso y lo trata como rigidez, no está modernizando: está retrocediendo un siglo y sonriendo para la foto.
El oficialismo insiste en que estas reglas fomentarán empleo formal. Pero la informalidad no baja porque se recorten derechos; baja cuando se simplifica registración, se incentiva formalización con inteligencia fiscal, se persigue la evasión, se protege a las pymes de la competencia desleal y, sobre todo, cuando hay crecimiento. Sin demanda, no hay contratación. Y sin salario digno, la demanda no aparece. Milei pretende que el empleo nazca del miedo a reclamar y de la facilidad para despedir. Es una teoría social, no una política productiva. Es una forma de orden: orden por fragilidad.
Los apoyos públicos que aparecieron tras la media sanción ayudan a leer el sentido histórico del proyecto. Mauricio Macri lo celebró como “un paso en la dirección correcta” y pidió más reformas. Desde la vereda opuesta, Axel Kicillof lo comparó con programas de flexibilización que se intentaron imponer en otras épocas y no pudieron consolidarse. Incluso juristas advirtieron que se tensiona el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, es decir, la idea básica de que el Estado no debería retroceder en protección social sin una justificación excepcional y muy fuerte. Si el Gobierno cree que puede recortar derechos invocando promesas abstractas de empleo, está vendiendo humo con lenguaje jurídico.
La UIA, mientras tanto, mostró la verdadera preocupación industrial: exportaciones, reintegros, eliminación de derechos de exportación pendientes, medidas para reactivar sectores vinculados a la construcción, devolución de IVA en consumos con tarjeta para mover insumos. Es decir, demanda, incentivos, alivio fiscal. Nada de eso se arregla con un trabajador más débil. La propia agenda empresarial reconoce, por omisión, que el problema de la industria no era el convenio colectivo sino el nivel de actividad. Pero el Gobierno elige la vía que le conviene políticamente: en vez de cambiar las condiciones que deprimen la producción, cambia las condiciones del trabajo para que el ajuste sea más “barato”.
Esta es la verdad incómoda de febrero de 2026: la reforma laboral no llega para crear empleo, llega para reordenar poder. No llega para modernizar, llega para disciplinar. No llega para proteger a las pymes, llega para darles un marco donde despedir sea más sencillo y donde la seguridad social financie parte del costo. No llega para bajar precios, llega para bajar el precio del despido y el precio de la dignidad laboral. Y mientras eso ocurre, la industria sigue hundiéndose por la política económica de Milei, como un barco al que le cambian las reglas de navegación pero no le arreglan el motor.
A Milei le gusta presentarse como el que dice verdades incómodas. Acá conviene devolverle el espejo: el programa que impulsa necesita un trabajador más frágil porque su economía no ofrece bienestar; ofrece ajuste. Necesita abaratar el despido porque no puede garantizar expansión sostenida. Necesita desfinanciar la seguridad social porque su esquema fiscal no cierra sin licuación o recorte. Y necesita venderlo como “modernización” porque admitir que es una transferencia desde abajo hacia arriba sería, incluso para su narrativa, demasiado obsceno.
La Argentina no necesita un San Valentín para el capital. Necesita una estrategia productiva que no destruya el mercado interno, un Estado que ordene sin humillar, una estabilidad que no sea sinónimo de desempleo, y una política laboral que reduzca informalidad sin castigar a quien trabaja. Si el Congreso convalida este rumbo, el conflicto no termina: empieza. Y no porque “la gente no entienda”, sino porque la gente entiende demasiado bien qué significa quedarse sin protección en un país donde el poder siempre negocia con ventaja.
