Ordenar las cuentas, desordenar la vida: por qué el modelo de Milei no funciona

Hay una escena que resume la Argentina de octubre de 2026. En los despachos oficiales se celebra el superávit fiscal como si fuera un trofeo; en las casas, siete de cada diez jóvenes se quedan sin plata antes del día 20. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y esa coexistencia es, precisamente, el núcleo del problema: el Gobierno de Javier Milei ordenó las planillas del Estado, pero lo hizo a costa de desordenar la vida de millones de personas. Y lo más grave es que, casi tres años después, el sacrificio no se está transformando en el crecimiento, el empleo y el bienestar que se prometieron.

Esta columna no niega que bajar una inflación descontrolada era urgente ni que un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda tiene un problema. Lo que sostiene es otra cosa: que el equilibrio fiscal es una condición, no un plan de desarrollo; que la forma en que se consiguió destruye las bases del crecimiento futuro; y que el modelo que se está construyendo deja afuera a la mayoría de los argentinos.

Los números que no entran en el discurso

Empecemos por los datos oficiales, los del INDEC, que nadie puede tildar de opositores.

• Actividad: en julio la economía se desplomó 2,9% respecto de junio, la mayor caída mensual desde abril de 2020, en plena pandemia. La industria cayó 4,6% interanual y el comercio, 5,1%. Como el PBI ya había retrocedido 0,6% en el segundo trimestre, el país quedó al borde de una recesión técnica. La explicación oficial apuntó a las lluvias y las nevadas.
• Pobreza: en el primer semestre de 2026 subió al 32,3%, 4,1 puntos más que en el semestre anterior. Son unos 15 millones de personas. Entre los chicos de hasta 14 años, la pobreza alcanza al 44,5%: casi uno de cada dos. El propio INDEC explicó la causa: los ingresos crecieron menos que el costo de las canastas.
• Empleo: la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre, el nivel más alto de esta gestión. Si se suman los subocupados que buscan más trabajo, la desocupación ampliada trepa al 15,9%. Entre las mujeres de 14 a 29 años, el desempleo es del 17,1%. Y la informalidad ya abarca al 45% de los ocupados.
• Inflación: fue de 1,9% en septiembre y de 33,4% en los últimos doce meses. Bajó mucho respecto del pico, sí, pero la Argentina sigue siendo el segundo país con más inflación de América Latina, solo detrás de Venezuela.

El Fondo Monetario Internacional, que no puede ser acusado de kirchnerista, acaba de recortar su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 al 2,1%. Hace un año esperaba un 4%. Con ese número, el país crecería incluso por debajo del promedio de América Latina. El “milagro” que se anunciaba se parece cada vez más a un serrucho: rebotes cortos y caídas largas.

La falacia del déficit cero

El superávit fiscal es el gran estandarte del Gobierno. En los primeros ocho meses de 2026, el superávit primario fue del 1,1% del PBI. Pero la pregunta que importa no es si hay superávit, sino cómo se consiguió. Y la respuesta no es la “eficiencia” ni el fin de los privilegios de la casta. El ajuste recayó, sobre todo, en quienes menos podían defenderse:

• Los jubilados: el bono de $70.000 está congelado desde marzo de 2024. La jubilación mínima con bono quedó 19,2% por debajo, en términos reales, del último trimestre del gobierno anterior.
• Los estatales: los salarios del sector público nacional perdieron 37% de su poder de compra entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
• La obra pública: la inversión en obra pública pasó de representar el 1,3% del PBI en 2023 a alrededor del 0,3%. El presupuesto de Vialidad Nacional se redujo a una fracción de lo que era, y casi tres de cada diez kilómetros de rutas nacionales ya están en estado crítico.
• Las universidades y la ciencia: sobre esto volveremos más adelante, porque merece un capítulo aparte.

Dejar de construir rutas, escuelas, redes eléctricas y gasoductos no es ahorrar. Es patear una deuda hacia adelante: una deuda de infraestructura que vamos a pagar todos, con más costos logísticos, más accidentes y menos competitividad. Cada ruta que se rompe hoy es una obra más cara mañana.

Y hay algo más profundo. En economía, el gasto de uno es el ingreso de otro. Cuando el Estado se retira de golpe, cuando los jubilados y los empleados públicos compran menos, cuando se frenan las obras, la demanda se contrae, las empresas venden menos, despiden y recaudan menos impuestos. Un superávit logrado ahogando el consumo interno termina erosionando la misma recaudación que lo sostiene. No es casual que en el primer semestre la Argentina haya quedado por debajo de la meta de superávit comprometida con el FMI, ni que hasta en el propio Gobierno se reconozca que, de acá en más, el superávit tendrá que venir de más recursos y no de más recortes: el margen de la motosierra se agotó.

Un país que cierra fábricas

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en julio de 2026 quedaban 480.067 empresas con al menos un trabajador registrado. Desde el inicio de esta gestión desaparecieron más de 32.000 empleadores, y el indicador acumula 18 meses seguidos de caída. En el mismo período se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo registrados: unos 450 por día. La enorme mayoría de las empresas que cerraron son pymes, justamente las que sostienen la mayor parte del empleo privado.

La industria funciona a media máquina: en julio, la utilización de la capacidad instalada fue de apenas 58,2%. En el sector textil la situación es todavía peor. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 cerraron 1.042 empresas de la cadena, la producción de julio quedó 33,8% por debajo del mismo mes de 2023 y las fábricas usan solo el 40% de su capacidad, mientras las importaciones de ropa terminada siguen en niveles récord. Frente a este panorama, el ministro Luis Caputo eligió la ironía: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”. Para él, los cierres son parte de un reacomodamiento normal. Para las miles de familias que viven de esas fábricas, no hay nada de normal.

Detrás de estos números hay una idea de país. El modelo libertario concibe a la Argentina como una gran plataforma exportadora de materias primas (minería, petróleo, agronegocio) y como un espacio para la renta financiera. Esos sectores generan dólares, pero generan muy poco empleo. Una economía que apuesta todo a la extracción y renuncia a la industria y al valor agregado deja afuera a millones de personas del sistema productivo. Y una libertad sin empleo es, apenas, la libertad de arreglárselas como se pueda.

Desinflación con la heladera vacía

La baja de la inflación es el logro que el Gobierno muestra con más orgullo. Pero conviene preguntarse cómo se logró. Una parte importante de la desaceleración no responde a ninguna magia monetaria, sino al derrumbe del poder adquisitivo y a una recesión inducida: cuando la gente no tiene plata para comprar, los precios dejan de subir porque la demanda se cae.

El salario mínimo es el ejemplo más brutal: perdió más del 40% de su poder de compra desde noviembre de 2023 y tocó su valor real más bajo en 33 años. Los salarios privados registrados todavía no recuperaron el nivel que tenían cuando asumió Milei. Y en el sector informal, que ya abarca a casi la mitad de los trabajadores, la situación es peor.

¿Cómo se sostiene una familia cuando el sueldo no alcanza? Endeudándose. La morosidad de los créditos a las familias llegó al 12,9% en julio, un récord en más de 20 años según el Banco Central. En los préstamos personales, la mora pasó de 3,3% a fines de 2024 a 15,9% a mediados de 2026; en las tarjetas, ronda el 13%; y en las fintech, cerca de un tercio de lo prestado está en situación irregular. Se toma deuda para pagar comida, remedios y servicios. Frente a esto, el Presidente descartó cualquier ayuda para los deudores y les preguntó si alguien les había puesto una pistola en la cabeza. La respuesta, para millones, es sí: se llama fin de mes.

Mientras tanto, la distribución del ingreso se volvió cada vez más regresiva. Los recursos que perdieron los asalariados, los jubilados y la clase media no desaparecieron: fueron a parar al sector financiero, a los grandes exportadores y a los servicios concentrados. La justicia social, que no es asistencialismo sino la garantía de un piso de dignidad para que el ascenso social sea posible, fue reemplazada por una meritocracia de laboratorio en la que casi nadie llega a la meta.

Soberanía en liquidación

Para el Presidente, el Estado es una organización criminal. Para cualquier país que haya logrado desarrollarse, en cambio, el Estado fue una herramienta indispensable: para invertir en infraestructura, para financiar ciencia y tecnología, para proteger a sus industrias mientras crecían y para negociar de igual a igual con las grandes corporaciones.

Lo que pasa con la ciencia argentina es difícil de exagerar. La inversión en ciencia y tecnología caería este año a alrededor del 0,15% del PBI, el nivel más bajo desde que existen registros, en 1972. El presupuesto del área cayó cerca de la mitad en términos reales respecto de 2023. Los investigadores y becarios del CONICET perdieron alrededor del 40% de su salario real. La Agencia I+D+i, que financia proyectos de investigación, ejecutó en el primer semestre casi 90% menos que en 2023. Las universidades nacionales siguen con un presupuesto más de 20% por debajo del de 2023. Desmantelar el sistema científico no es un ahorro: es renunciar al futuro y condenarnos a comprar afuera el conocimiento que antes producíamos.

La otra cara de la moneda es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 23 proyectos, con un fuerte peso de la minería y los hidrocarburos, a los que les otorga beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios con estabilidad garantizada por décadas. La exigencia de compre local quedó en apenas el 20% de la inversión, y un alto funcionario del área de Energía y Minería llegó a calificar de “malas ideas” a los esquemas provinciales que buscan proteger a sus proveedores. Mientras una pyme que paga todos sus impuestos cierra por falta de ventas, a los grandes grupos se les asegura un trato privilegiado que ningún gobierno futuro podrá modificar. Es la vieja receta de exportar recursos naturales con poco valor agregado y escasa transferencia tecnológica, con otro envoltorio.

Un diagnóstico equivocado

El error de fondo del modelo está en el diagnóstico. El Gobierno parte de la premisa de que la inflación es única y exclusivamente un fenómeno monetario y que basta con cerrar la canilla de emisión y equilibrar las cuentas para que todo lo demás se acomode solo. Pero la economía argentina tiene problemas estructurales que la teoría de manual ignora: la restricción externa, es decir, la falta crónica de dólares; los costos de insumos clave atados al dólar; y una inercia inflacionaria con raíces profundas.

La falta de dólares sigue ahí. El Gobierno incumplió en 2025 la meta de acumulación de reservas que había acordado con el FMI, y el organismo tuvo que perdonarle el incumplimiento. La Argentina sigue siendo, por lejos, el principal deudor del Fondo, con obligaciones por unos 56.700 millones de dólares. El modelo que prometía terminar con la dependencia del endeudamiento terminó atado, una vez más, a las revisiones trimestrales de Washington.

Lo que dirán desde el Gobierno

Los defensores del modelo responderán con tres argumentos. Que la inflación pasó del 211% anual en 2023 a cerca del 33%. Que la pobreza bajó del 52,9% del primer semestre de 2024 al 32,3% actual. Y que el Estado dejó de tener déficit por primera vez en mucho tiempo.

Vale la pena tomarlos en serio. La inflación efectivamente bajó, pero a un costo social enorme, y sigue siendo de las más altas del continente. El pico de pobreza del 52,9% no fue una herencia: fue la consecuencia directa de la devaluación del 118% de diciembre de 2023, impulsada por este mismo Gobierno; antes de eso, la pobreza rondaba el 40%. Bajar desde un pico que uno mismo provocó no es un logro, es apenas volver al punto de partida. Y ahora la tendencia volvió a darse vuelta. En cuanto al superávit, ya dijimos lo esencial: un equilibrio fiscal sostenido sobre jubilados empobrecidos, rutas destruidas y laboratorios vacíos no es solidez, es fragilidad con las cuentas en orden.

Ordenar no es desarrollar

El modelo de Milei fracasa porque supone que la economía es un juego abstracto de oferta y demanda en un mercado perfecto que no existe en ningún lugar del mundo. Ningún país se desarrolló sin industria, sin un Estado capaz de invertir en infraestructura y conocimiento, sin regular los monopolios y sin un mercado interno que empuje el consumo. Sin esas condiciones, el resultado no es la libertad prometida: es la primarización de la economía, la precarización del trabajo y el empobrecimiento de la mayoría en beneficio de unos pocos.

La pregunta de fondo sigue abierta y el Gobierno se niega a contestarla: ¿de qué sirve tener las cuentas del Estado en orden si una parte creciente de la sociedad no llega a fin de mes? Un país no es una planilla de Excel. Y ninguna planilla, por prolija que sea, puede reemplazar a una economía que produzca, que dé trabajo y que permita vivir con dignidad.