La CGT activa un paro general contra la reforma laboral y apunta directo al corazón del transporte

La CGT resolvió convocar a un paro general nacional de 24 horas para el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida será sin movilización, una señal deliberada: no se busca “una foto” en la calle, sino parar la actividad y tensionar el trámite parlamentario donde más duele: la normalidad cotidiana.

La central obrera definió la huelga tras una reunión virtual de su conducción —encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (vidrio)— y con un dato que convierte el anuncio en un hecho político mayor: la adhesión del transporte. Según lo informado, habrá apoyo de los gremios del sector, con “libertad de acción” para cada sindicato, pero con el compromiso explícito de cortar la circulación en el área donde se define la agenda pública: Ciudad de Buenos Aires y AMBA.

En ese marco, la UGATT confirmó su adhesión total al paro y anticipó un impacto amplio: colectivos, trenes, taxis y vuelos se verán afectados, entre otros servicios. El mensaje sindical eligió un tono frontal: rechazo a lo que describe como “prepotencia” oficial y un llamado a la solidaridad con jubilados, pensionados y trabajadores formales e informales, estén o no sindicalizados. La decisión de sumar el transporte no es un detalle técnico: es lo que transforma una protesta sectorial en un evento nacional.

La fecha exacta quedará atada al calendario legislativo, pero todo indica que la sesión podría ser miércoles 18 o jueves 19 de febrero de 2026, con mayores probabilidades para el jueves 19. La CGT además anunció una conferencia de prensa el miércoles a las 11 en su sede de Azopardo, para ampliar fundamentos y encuadrar políticamente la medida.

Este sería el cuarto paro general de la CGT contra la gestión Milei. El número, por sí solo, desnuda un punto que el Gobierno insiste en maquillar con épica comunicacional: la reforma no se discute en un vacío, sino sobre un clima de conflicto social creciente, con salarios que corren detrás, consumo resentido y un Estado que —en nombre de la “libertad”— reescribe reglas laborales que, en la práctica, vuelven a inclinar la cancha.

¿Dónde está el núcleo del rechazo? En los artículos que tocan fibras históricas del derecho del trabajo: indemnizaciones, jornada laboral, derecho a huelga, vacaciones y el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. El argumento sindical es claro: no se trata de “modernización”, sino de quita de derechos y de un rediseño que traslada riesgos al trabajador y certezas al empleador. Dicho sin vueltas: cuando el Gobierno habla de “flexibilidad”, el mundo del trabajo escucha precarización.

La presión interna para ir más allá de la protesta callejera venía creciendo. Jerónimo lo sintetizó en una frase que circula como diagnóstico: “estaban dadas las condiciones” para una huelga nacional. Y desde sectores más combativos la idea se explicitó sin eufemismos. El titular del sindicato aceitero, Daniel Yofra, empujó públicamente hacia el paro con una definición que busca legitimidad histórica: “somos producto de los paros y de las huelgas”. En su lectura, frente a este gobierno “no alcanza” con marchar: hay que detener.

La jugada de la CGT tiene, además, un costado estratégico: al fijar el paro exactamente el día del debate parlamentario, intenta convertir la sesión en un costo político inmediato. No es una huelga “para desahogarse”, sino una huelga diseñada para incidir. Y el Gobierno, que suele tratar cualquier resistencia como “casta” o “operación”, enfrenta aquí un dilema: si descalifica sin responder el contenido, se expone a que la reforma quede asociada —en el sentido común— a la idea de un avance contra derechos; si negocia, reconoce que el conflicto es real y que su mayoría no es tan sólida como pretende.