Colombia reabre el diálogo con el Clan del Golfo y la “paz total” vuelve a caminar por la cornisa

En Colombia, la “paz total” volvió a quedar expuesta como lo que es: una estrategia ambiciosa, frágil y profundamente política. El gobierno de Gustavo Petro anunció la reanudación de las conversaciones con el Clan del Golfo apenas semanas después de haberlas suspendido, en un ida y vuelta que no se explica por un capricho diplomático sino por la tensión estructural entre dos verbos que no conviven bien: negociar y capturar.

El cortocircuito tuvo un detonante claro: la discusión sobre el destino de su máximo jefe, alias “Chiquito Malo”. Para el Estado, sostener una mesa sin renunciar a la persecución penal es una forma de no regalar impunidad. Para el grupo, cualquier señal pública de “cacería” convierte el diálogo en una trampa. Esa diferencia no es retórica: define si el proceso es un camino con reglas o una tregua táctica con fecha de vencimiento.

En Bogotá se intenta presentar la reanudación como un regreso a la racionalidad: retomar canales, reconstruir confianza mínima, bajar la espuma. Pero el fondo es más áspero. El Clan del Golfo no es un actor menor ni una guerrilla clásica: es una estructura de control territorial con economía criminal diversificada —narcotráfico, extorsión, contrabando, cobros a la minería ilegal y regulación violenta de la vida local— que compite con el Estado en capacidad de mando allí donde el Estado llega tarde o llega fragmentado.

Por eso el debate real no es solo si se habla o no se habla. Es qué se negocia, con quién, y a cambio de qué. Si el gobierno lo trata como “organización criminal”, el horizonte es sometimiento, judicialización, desarme y desmantelamiento financiero. Si el grupo insiste en venderse como “actor político”, busca elevar su estatus para obtener beneficios, garantías y un relato de legitimidad. En el medio queda la sociedad: la gente que vive en corredores donde la palabra “paz” se mide en una cosa muy concreta, casi brutal, como si el negocio del día abrió o cerró por miedo.

La facilitación externa y el acompañamiento de actores como la Iglesia católica y gobiernos como Qatar, España, Noruega y Suiza le dan a la mesa un marco de “proceso” y no de charla improvisada. Pero ningún padrinazgo internacional resuelve el problema central: la política interna colombiana se está endureciendo. Hay un segmento social que pide resultados rápidos en seguridad, y una oposición que convierte cada gesto de negociación en una acusación automática de debilidad. La tentación de la mano dura crece cuando la extorsión se vuelve cotidiana, cuando los homicidios reaparecen en zonas que creían haber salido del infierno, cuando la gente siente que la institucionalidad discute mientras otros mandan.

En ese contexto, “paz total” funciona como bandera y como blanco. Bandera para quienes creen que sin negociación no hay salida sostenible. Blanco para quienes sostienen que hablar con estructuras armadas es premiar el crimen. Y la verdad incómoda suele estar en el barro: ni el diálogo por sí solo desmonta economías ilegales, ni la represión por sí sola construye Estado donde nunca lo hubo. Si el gobierno quiere que el proceso sea algo más que un titular, necesita reglas verificables y un cronograma que produzca hechos, no intenciones: reducción medible de extorsiones, entrega de armas, desmantelamiento de redes, identificación de mandos, reparación a víctimas, y control territorial real por parte de la fuerza pública con presencia estatal sostenida (escuela, salud, justicia, obra).

También está el factor externo, inevitable: la relación con Washington y la cooperación antidrogas. Colombia no negocia en una burbuja; lo hace bajo presión internacional, con mercados ilícitos que se financian por fuera de sus fronteras y con socios que exigen resultados. Eso vuelve aún más delicado el equilibrio: si el gobierno promete capturas para mostrar firmeza, puede dinamitar la mesa; si evita capturas para sostener la mesa, puede quedar preso del argumento de impunidad.

En la práctica, lo que se está jugando es una pregunta vieja con ropa nueva: ¿puede un Estado negociar sin rendirse y golpear sin destruir el camino a la salida? Si la reanudación del diálogo sirve para bajar violencia y recuperar control territorial, será defendible incluso para sectores escépticos. Si se convierte en una pausa útil solo para reacomodar negocios criminales, el costo político será enorme y la “paz total” quedará como una promesa que sonó bien en campaña pero no resistió la realidad.

Colombia vuelve a intentar. No es poco. Pero el país ya aprendió —a fuerza de golpes— que en estos temas la fe no alcanza: lo único que convence es el dato, el cambio en el barrio, la noche que se puede caminar, el comerciante que no paga “vacuna”, el reclutamiento que baja, el Estado que llega y se queda. Ahí, y solo ahí, la paz deja de ser discurso y se convierte en una forma de vida.