Propiedades, financiamiento y vuelos: las zonas grises que rodean el patrimonio de Manuel Adorni

La situación patrimonial de Manuel Adorni quedó bajo una nueva lupa judicial a partir de una serie de operaciones inmobiliarias, movimientos de dinero y viajes que abrieron interrogantes sobre el origen, la forma y la trazabilidad de algunos bienes vinculados al funcionario. La investigación pone el foco en la compra de un departamento en Caballito, en el papel de dos mujeres mayores que financiaron la mayor parte de esa operación y en vuelos que hoy forman parte del expediente.

El último documento patrimonial de acceso público presentado por Adorni, en marzo de 2025, consignaba dos departamentos, casi 2 millones de pesos, 42.500 dólares en efectivo, otros 6.220 dólares depositados en una cuenta en Estados Unidos y un ingreso anual declarado de 40,3 millones de pesos. En ese momento todavía no figuraban ni la hipoteca tomada para adquirir el inmueble de la calle Miró ni el posterior viaje privado a Punta del Este, dos elementos que hoy integran una causa judicial que revisa transferencias, facturas, escrituras y desplazamientos al exterior.

La compra del departamento en Caballito aparece como uno de los episodios más llamativos. Adorni lo adquirió en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. De ese total, 200.000 dólares fueron financiados por Beatriz Alicia Viegas, de 72 años, y Claudia Bibiana Sbabo, de 64. Es decir, ambas aportaron cerca del 87 por ciento de la suma registrada para la operación. Lo singular es que esas mismas mujeres habían comprado ese inmueble apenas seis meses antes por 200.000 dólares.

Según la documentación citada en el texto original, el departamento tiene casi 200 metros cuadrados totales, aunque una parte importante de esa superficie corresponde a un patio trasero. Un vecino describió la unidad como un piso de unos 120 metros cubiertos, con tres dormitorios —uno en suite—, living amplio y cocina. El exfutbolista Hugo Morales, anterior dueño de la propiedad, sostuvo ante allegados que la vendió sin hacerle mejoras importantes, cansado del deterioro acumulado y de la inversión que requería para volverla competitiva en el mercado. También afirmó que la operación fue rápida y que el inmueble se desprendió por el mismo precio que había pagado décadas atrás.

Morales también habría dicho que, tiempo después, tomó conocimiento de que las compradoras planeaban refaccionar el lugar para revenderlo. Esa explicación convive con otras dudas que hoy examinan los investigadores: si las dos mujeres actuaron por cuenta propia, si hubo un simple negocio de reventa o si fueron utilizadas como pantalla por terceros que buscaban no dejar huellas visibles en la operación.

Sobre una de ellas, Claudia Bibiana Sbabo, el artículo indica que figura como empleada de una editorial y que además apareció en la nómina de beneficiarios del programa Pase Cultural de la Ciudad, destinado a jubilados y pensionados con ingresos limitados. La otra mujer, Viegas, aparece vinculada en registros societarios a Nazca Gold SRL y figura como titular de un departamento y un local en la Ciudad de Buenos Aires. El texto también señala que Sbabo posee actualmente tres propiedades, una de ellas a una cuadra del inmueble que terminó comprando Adorni.

El precio declarado de 230.000 dólares tampoco disipó las sospechas. Distintas inmobiliarias de la zona, siempre según el texto base, consideran que ese valor no refleja el precio real de mercado para una propiedad de esas características y ubicación. Aun así, la cifra quedó por encima del Valor Inmobiliario de Referencia fijado por la Ciudad, que rondaba el equivalente a 207.000 dólares al tipo de cambio vendedor del día previo a la operación. La escribana Adriana Nechevenko también quedó en el centro del interés judicial, no sólo por haber intervenido en esta compra sino también por haber participado en otra operación patrimonial vinculada a la familia del funcionario.

Nechevenko intervino también en la registración de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Se trata de una propiedad ubicada en un barrio cerrado cuyas viviendas, según el artículo, oscilan entre 130.000 y 250.000 dólares y cuyas expensas rondan los 700.000 pesos mensuales. En paralelo, se remarca que los bienes de los cónyuges de los funcionarios deben ser declarados por ley, aunque esa información no siempre queda disponible en línea para consulta pública.

A ese cuadro se suma otro dato patrimonial: en 2024 Adorni incorporó una Jeep Compass modelo 2021, además de conservar otros dos departamentos, uno en Parque Chacabuco y otro en La Plata, este último recibido por donación familiar. El problema, claro, no es tener bienes. El problema aparece cuando el modo en que se compran, se financian o se omiten en el relato oficial empieza a dejar más preguntas que respuestas.

La otra gran línea de investigación apunta a los viajes. El caso tomó temperatura política luego de que se difundiera una imagen de la esposa de Adorni en Nueva York, integrada a la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei durante un evento de promoción de inversiones. Poco después se conocieron datos sobre un vuelo privado a Punta del Este. El expediente terminó revelando que tanto el tramo de ida como el de vuelta fueron facturados al comunicador Marcelo Grandio: uno a través de su empresa y el otro directamente a su nombre.

En el regreso, la factura fue emitida por Agustín Issin, piloto y operador comercial de vuelos privados, por apenas 3.000 dólares. Sin embargo, en sede judicial se explicó que esa cifra no era el valor original del servicio sino el saldo resultante luego de una rebaja acordada mediante el uso de plazas vacías del avión. Más delicado todavía fue el testimonio de Vanesa Tossi, empleada de la firma involucrada, quien declaró que fue presionada para no contar lo ocurrido y que incluso recibió un pedido para anular la factura mediante una nota de crédito. También sostuvo que el pago se hizo en efectivo.

Con audios y mensajes incorporados al expediente, el juez Ariel Lijo dispuso que Grandio no volviera a contactar a la empleada que había aparecido en registros audiovisuales vinculados al embarque del funcionario y su familia. Mientras tanto, Adorni sostuvo públicamente que había pagado “su parte” del viaje, aunque —de acuerdo con el texto que compartiste— hasta el momento no se exhibió una prueba concreta de esa operatoria.

La fiscalía también agregó otra pieza al rompecabezas: un viaje realizado a fines de 2024, con salida hacia Perú y regreso desde Ecuador. Los registros migratorios llevaron a los investigadores a preguntarse si el destino final pudo haber sido Aruba. No sería un vuelo privado, pero sí un desplazamiento que, según la hipótesis del expediente, no había sido informado con claridad. En un Gobierno que llegó prometiendo transparencia brutal y superioridad moral frente a la “casta”, estos episodios no son un detalle menor: son una herida política. Porque cuando un funcionario explica tarde, mal o a medias cómo financió un departamento, quién pagó un vuelo o por qué aparecen intermediarios difíciles de justificar, ya no se trata sólo de papeles. Se trata de credibilidad. Y la credibilidad, una vez que se perfora, no se recompone con consignas.