Milei y Sturzenegger avanzan con una reforma que altera cinco leyes vinculadas a la tierra, el ambiente y la vivienda

El proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el gobierno de Javier Milei y elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar de manera profunda cinco normas consideradas estratégicas para la regulación del acceso a la tierra, el ambiente, las expropiaciones y la política habitacional. Sus detractores la bautizaron como «Ley de Extranjerización» al considerar que fortalece la protección de la propiedad privada por encima de otros derechos e intereses públicos.

La iniciativa alcanza a la Ley de Tierras Rurales (26.737), la Ley de Manejo del Fuego (26.815), la Ley de Expropiaciones (21.499), la Ley de Desalojos (17.454) y la Ley de Integración Sociourbana (27.453), modificando aspectos centrales de cada una.

Menos restricciones para la compra de tierras por extranjeros

Uno de los cambios más significativos elimina el límite vigente que impedía que personas o empresas extranjeras concentraran más del 15% de las tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Además, el proyecto habilita la adquisición de inmuebles que contengan lagos, ríos o cursos de agua, una posibilidad que hasta ahora estaba restringida por razones vinculadas a la soberanía y al acceso público a esos recursos naturales. Según los críticos de la iniciativa, la reforma favorecería la expansión de grandes propietarios extranjeros sobre territorios considerados estratégicos.

Las zonas donde hoy existe una mayor presencia de capital extranjero incluyen sectores de la Patagonia, los humedales del Litoral, áreas cercanas al río Paraná y regiones mineras del norte argentino, territorios que desde hace años concentran debates sobre soberanía y control de los recursos naturales.

Cambios en la protección de las áreas incendiadas

Otro de los capítulos elimina las restricciones establecidas por la Ley de Manejo del Fuego respecto del uso de terrenos afectados por incendios.

La normativa vigente impide modificar durante 60 años el destino de bosques incendiados y durante 30 años el de campos destinados a actividades agropecuarias, con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a emprendimientos inmobiliarios o productivos.

La propuesta oficial deja sin efecto esos plazos y remite la regulación únicamente al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, reduciendo las limitaciones posteriores a un incendio.

Diversos especialistas y organizaciones ambientalistas sostienen que esta modificación podría facilitar futuros desarrollos inmobiliarios en zonas donde históricamente los incendios fueron utilizados como mecanismo para liberar tierras.

Expropiaciones con mayores requisitos

La iniciativa también modifica la legislación sobre expropiaciones por utilidad pública.

Según el texto del proyecto, se incrementan las exigencias administrativas y económicas para concretar este tipo de procesos, elevando el costo de las indemnizaciones y sumando nuevas instancias burocráticas antes de que el Estado pueda avanzar con una obra pública.

Para quienes cuestionan la reforma, estos cambios podrían dificultar la ejecución de proyectos de infraestructura impulsados por futuras administraciones al hacer más complejo y costoso el procedimiento expropiatorio.

Desalojos en plazos más breves

En materia de ocupaciones de inmuebles, el proyecto plantea un esquema de desalojos considerablemente más expeditivo.

La propuesta contempla la posibilidad de ejecutar el desalojo en un plazo mínimo de 72 horas, sobre la base de una denuncia y sin prever una audiencia previa que permita a las familias afectadas ejercer una instancia de defensa o apelación antes de la medida.

Los sectores que rechazan la iniciativa advierten que este mecanismo podría reducir las garantías procesales de personas en situación de vulnerabilidad.

Modificaciones al régimen de barrios populares

El proyecto mantiene vigente el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), aunque introduce cambios relevantes en la legislación que regula esos asentamientos.

Entre ellos, elimina la suspensión de desalojos prevista para numerosos barrios registrados y restringe las herramientas estatales para declarar inmuebles de utilidad pública con el objetivo de avanzar en procesos de urbanización o regularización dominial.

La iniciativa se suma a una decisión previa del Gobierno nacional, que en 2024 eliminó el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), utilizado para financiar obras de infraestructura y mejoras habitacionales en barrios populares.

Para organizaciones sociales y referentes del sector, el conjunto de estas modificaciones implica un retroceso en las políticas de integración urbana y una reducción de las herramientas estatales destinadas a mejorar las condiciones de vida de miles de familias.