La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

El máximo tribunal rechazó un recurso de queja presentado por el Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La medida obliga al Estado a cumplir con los artículos de la norma referidos a salarios universitarios y becas estudiantiles.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025, en particular los artículos vinculados con los salarios de docentes y no docentes y con las becas estudiantiles.

La decisión del máximo tribunal se produjo al rechazar un recurso de queja presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado por el Decreto 759/25.

En una resolución firmada este jueves, la Corte remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa correspondiente al mismo expediente. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal sostuvo que el recurso extraordinario cuya denegación parcial dio origen a la queja no cumplía con el requisito de estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, tal como exige el artículo 14 de la Ley 48.

Con el rechazo de la queja, quedó firme lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que a su vez había confirmado el fallo de primera instancia.

El expediente se había iniciado en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre ordenó al Gobierno aplicar la ley sancionada por el Congreso.

El fallo obliga al Estado a cumplir con los artículos referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, así como también con los vinculados al sistema de becas estudiantiles.

En la práctica, la decisión judicial alcanza algunos puntos similares a los incluidos en el reciente acuerdo entre el Gobierno, las universidades, los rectores y los gremios, que contempló un aumento del 21,3% en junio y otro del 3% en octubre.

Sin embargo, la resolución judicial también obliga a actualizar las becas Progresar, un punto que no había sido contemplado en ese acuerdo.

La presentación ante la Corte había sido realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada.

La causa tuvo origen luego de que el presidente Javier Milei fuera obligado a promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, aunque el Gobierno se negara posteriormente a aplicarla en los términos establecidos por la norma.