Ingresos fijos a la intemperie: quién gana, quién pierde y quién cuenta el cuento
Un estudio sobre poder adquisitivo deja un mapa incómodo: jubilados de la mínima, empleados públicos y asalariados privados quedaron rezagados, mientras la AUH mostró una recomposición fuerte. En ese contraste se juega algo más que una planilla: se juega la pelea por el sentido, entre gestión, marketing y comunicación política.
La foto es simple y cruel, como esas verdades que no se arreglan con un eslogan: la gran mayoría de los sectores de ingresos fijos quedó atrás. Jubilados de la mínima, empleados públicos nacionales y provinciales, y trabajadores privados registrados aparecen “en rojo” cuando se compara su ingreso contra la inflación. Y sin embargo, en el mismo cuadro, hay un dato que rompe la uniformidad del dolor: la AUH mejora con fuerza. Esa combinación —ajuste para unos, recomposición para otros— no es un accidente técnico; es un diseño político con consecuencias sociales y, sobre todo, con un relato que necesita ser contado para no explotar.
Empecemos por los perdedores más previsibles y más frágiles: los jubilados de la mínima. Ahí el golpe no es sólo económico; es moral. Si hay algo conservador, en el sentido sano de la palabra, es cuidar el pacto básico con quienes trabajaron toda una vida. Cuando la mínima y los complementos quedan atrasados —y más aún si el bono se congela— lo que se rompe es una idea de orden: la vejez deja de ser un puerto y pasa a ser un naufragio administrado. En ese mundo, cada aumento de servicios, transporte o medicamentos pesa como una piedra extra en el bolsillo que ya venía flaco.
Después están los empleados públicos, en especial los nacionales, con una caída que el propio estudio describe como grosera. Acá conviene decirlo sin maquillaje: el Estado se volvió un campo de castigo ejemplar. Puede haber debate legítimo sobre eficiencia, estructura, funciones y tamaño, pero una cosa es ordenar y otra es degradar. Cuando el salario público se derrumba, no sólo baja el nivel de vida de quienes lo cobran: también se erosiona la capacidad del Estado de sostener servicios, profesionalidad y continuidad. Y eso, tarde o temprano, lo paga el ciudadano común, incluso el que hoy aplaude la “motosierra” creyendo que el recorte siempre cae en “el otro”.
Los trabajadores privados registrados, por su parte, quedan en una zona gris que en Argentina siempre es peligrosa: “no mejoré, pero tampoco me fundí… todavía”. Terminan más o menos en niveles similares a los de dos años atrás, lo cual en criollo quiere decir que corrieron para no moverse. Y correr sin avanzar agota. Si encima los servicios suben fuerte, el salario puede “empatar” la inflación en promedio y aun así perder contra la vida real. Porque la inflación no te pega como estadística: te pega como factura.
En el otro lado del tablero aparece la AUH, con una recomposición marcada, incluso muy superior en términos reales respecto de fines de 2023. Ese dato es políticamente relevante por dos motivos. El primero es obvio: mejora un ingreso directo en hogares de menores recursos y ayuda a reducir pobreza e indigencia medidas por ingreso. El segundo es más incómodo: sirve como ancla narrativa para decir “los más vulnerables están mejor”, mientras alrededor se recortan o deterioran otras prestaciones que también impactan sobre los mismos sectores: comedores, educación, salud, subsidios. Entonces la mejora existe, sí, pero convive con una pérdida por otras vías. Es el clásico truco de la sábana corta, sólo que acá la sábana la sostienen números y la destapan tarifas.
Y acá entra la segunda parte de tu texto, que no es un adorno académico sino la llave interpretativa: no hay política sin comunicación y toda comunicación es política. Cuando los ingresos fijos pierden y una prestación focalizada mejora, el Gobierno necesita convertir esa mezcla en “modelo”. Y para eso aparece el marketing político como herramienta: segmentar públicos, fijar ideas, posicionar una interpretación del presente. El problema —y esto es central— es cuando el marketing se confunde con comunicación política, como si gobernar fuera “lanzar un spot” o instalar un hashtag. Ahí nace la fragilidad: la realidad no obedece al guion, y un meme barato puede pinchar una épica cara.
En tiempos de ajuste, la comunicación no es cosmética: es parte de la gobernabilidad. Si el mensaje es pura competitividad y promesa, se vuelve un envoltorio. Si el mensaje reconoce costos, explica criterios y sostiene un marco de justicia —aunque sea discutible— puede construir algo parecido a legitimidad. La diferencia entre “vender” y “generar complicidades”, como sugiere el texto, no es semántica: es la línea entre una sociedad que tolera un sacrificio con horizonte y una sociedad que siente que la están usando de extra en una película ajena.
La pregunta que queda, bien terrenal, es esta: ¿qué clase de país se está armando cuando el ingreso fijo se queda atrás y la corrección se concentra en parches selectivos? ¿Un país más ordenado o un país más resentido? Porque el orden sin equidad no es orden: es disciplina. Y la disciplina, cuando se impone como identidad, suele durar lo que dura la paciencia de la gente. Tradición no es inmovilidad: es cuidar los pactos básicos para que el cambio no sea simplemente un revoleo de costos hacia los mismos de siempre.
