Milei volvió a encontrarse con la universidad en la calle

Docentes, estudiantes, no docentes, rectores e investigadores colmaron Plaza de Mayo y distintos puntos del país para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha dejó al descubierto una contradicción central del oficialismo: reclama excelencia educativa mientras desfinancia las condiciones mínimas para sostenerla.

La universidad pública volvió a ponerle cuerpo al conflicto. Este martes 12 de mayo, una multitud de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades universitarias y familias marchó en todo el país para reclamarle al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración principal fue en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde el reclamo tuvo una consigna precisa: que el Ejecutivo cumpla la ley y deje de asfixiar presupuestariamente al sistema universitario.

No fue una marcha más. Fue la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Milei al poder y llegó en un momento de deterioro profundo: salarios docentes hundidos, fondos de funcionamiento recortados, hospitales universitarios con problemas para sostener sus tareas y universidades obligadas a administrar la escasez como si la escasez fuera una política educativa. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.

El reclamo central apunta a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada luego del veto presidencial. La norma busca actualizar partidas presupuestarias, recomponer salarios y sostener becas estudiantiles. Sin embargo, su aplicación continúa trabada en la pelea entre el Gobierno, la Justicia y la Corte Suprema. Para las universidades, el problema ya no es solo presupuestario: también es institucional. Si una ley votada y ratificada puede ser ignorada por decisión política, el ajuste deja de ser solamente económico y empieza a rozar el terreno del desconocimiento democrático.

La foto de la Plaza de Mayo llena golpeó de lleno sobre uno de los puntos más sensibles del relato libertario. Milei insiste en presentar el ajuste como una necesidad técnica, casi quirúrgica, pero la marcha mostró su costado humano: profesores que cobran salarios deteriorados, estudiantes que dependen de becas cada vez más débiles, laboratorios que pierden capacidad, hospitales universitarios que atienden a miles de personas y universidades del interior que funcionan como la única puerta real de movilidad social para familias enteras.

El Gobierno suele responder con la palabra “caja”. La comunidad universitaria respondió con otra palabra más antigua y más pesada: futuro. Porque el conflicto no se reduce a una disputa entre rectores y funcionarios, ni a una pulseada entre oficialismo y oposición. Lo que está en juego es si la Argentina conserva uno de los pocos sistemas que todavía permiten que un hijo de trabajadores llegue a ser médico, ingeniero, docente, científico, abogado o periodista sin depender exclusivamente del dinero familiar.

Los números explican parte del enojo. Chequeado relevó que, durante el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto universitario cayó 7,9% real interanual y 30,7% respecto de 2023. Además, los salarios docentes registraron una pérdida real del 34,2% desde noviembre de 2023. En los hospitales universitarios, la ejecución presupuestaria llegó apenas al 9,3% en los primeros cuatro meses del año.

La UBA había convocado a acompañar la movilización en defensa de la universidad pública y gratuita, con tres reclamos concretos: aplicación inmediata de la ley, recomposición salarial para docentes y no docentes, y actualización de partidas para funcionamiento, especialmente las vinculadas a salud y hospitales universitarios.

La marcha también tuvo un mensaje político inevitable. No porque la universidad pública pertenezca a un partido, sino porque el presupuesto siempre expresa una idea de país. Milei decidió hacer del ajuste una bandera identitaria. Las universidades, en cambio, salieron a recordar que no todo puede medirse con la planilla de Excel del déficit cero. Una nación que corta sobre educación puede ordenar una cuenta, pero desordena su porvenir.

En Plaza de Mayo, el reclamo fue tan simple como incómodo para el Gobierno: cumplir la ley. No se pidió privilegio, ni excepción, ni cheque en blanco. Se pidió que el Estado garantice las condiciones mínimas para que las universidades sigan enseñando, investigando, atendiendo, formando profesionales y sosteniendo una tradición que atraviesa generaciones.

La postal final dejó una señal clara. Mientras el oficialismo intenta reducir la universidad pública a gasto, militancia o “caja”, cientos de miles de personas la defendieron como patrimonio común. Milei volvió a encontrarse con un límite que no entra fácilmente en su gramática de motosierra: hay instituciones que la sociedad argentina todavía no está dispuesta a entregar sin pelear.