A los gastos de Adorni en propiedades, viajes y refacciones se suman movimientos con criptomonedas que no figuran en su declaración jurada

El caso que rodea a Manuel Adorni empieza a tomar una forma incómoda para el Gobierno. Ya no se trata solamente de viajes, refacciones, propiedades o pagos en efectivo. Ahora, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo: movimientos con criptomonedas por al menos 80 mil dólares que no habrían sido incluidos en la declaración jurada de bienes correspondiente a 2024.

La cifra no aparece sola. Se agrega a un esquema de gastos que, según los datos reunidos en la causa, ya rondaba los 850 mil dólares entre inmuebles, remodelaciones, viajes y consumos. Con las operaciones cripto bajo análisis, el monto total se acerca al millón de dólares. El dato es políticamente sensible: el funcionario que durante meses fue una de las caras más visibles del discurso de la austeridad libertaria deberá explicar cómo sostuvo un nivel de vida difícil de compatibilizar con sus ingresos formales como funcionario público.

La información surgió a partir del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Gerardo Pollicita detectó movimientos vinculados a plataformas de pago, billeteras virtuales, cuentas digitales, productos de inversión y posibles operaciones con criptoactivos. No se trataría, por lo tanto, de una actividad bancaria tradicional, sino de un circuito más fragmentado, disperso y difícil de seguir.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los movimientos con criptomonedas estarían asociados al menos a dos billeteras virtuales. Pero la lupa judicial no se detiene ahí: hay otras dos wallets bajo análisis. Si esas operaciones se confirman, el monto podría crecer todavía más. En la declaración jurada de 2024, Adorni no informó activos virtuales.

El punto central de la causa es el origen del dinero. Hasta ahora, la investigación reconstruyó una serie de erogaciones que contrastan con los ingresos declarados del jefe de Gabinete. Adorni llegó a la función pública con un salario cercano a los tres millones de pesos mensuales, que recién este año habría trepado a unos siete millones. Frente a ese nivel de ingresos, los gastos detectados abren una pregunta elemental: de dónde salió la plata.

Entre los datos que ya aparecen en el expediente figuran operaciones inmobiliarias, refacciones de alto costo, viajes al exterior y consumos mensuales millonarios. Adorni compró un departamento en Caballito, pagó parte de la operación en efectivo y quedó con una deuda importante. También adquirió una casa en Indio Cuá, hizo refacciones por cientos de miles de dólares y afrontó gastos asociados a propiedades, vehículos, colegios privados, tarjetas y servicios.

Uno de los puntos más llamativos es el volumen de pagos en efectivo. La causa menciona erogaciones que rondarían los 400 mil dólares durante el último año y medio. En paralelo, aparecen compromisos pendientes y deudas que también deberán ser explicadas. La Justicia busca establecer si esos fondos provinieron de ingresos lícitos, ahorros previos, préstamos reales o mecanismos todavía no declarados.

El caso golpea en un lugar delicado para la narrativa oficial. El Gobierno que hizo de la motosierra una bandera enfrenta una investigación sobre gastos, bienes y movimientos financieros de uno de sus principales voceros políticos. La contradicción es difícil de disimular: mientras se exige sacrificio a jubilados, trabajadores, universidades y provincias, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente aparece rodeado de operaciones que no cierran con su patrimonio declarado.

La investigación también mira otras hipótesis. Una de ellas apunta a posibles sobresueldos, en un contexto marcado por el aumento de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Otra línea está vinculada a presuntos retornos mediante contratos de la consultora Mas Be, de Bettina Angeletti, con empresas contratistas del Estado que podrían haber estado bajo la órbita o influencia de Adorni.

También aparece en el expediente el antecedente del Tech Forum de 2024, donde empresarios extranjeros señalaron que se les pedían pagos para acceder a reuniones o espacios de cercanía con el presidente Javier Milei. En ese universo se cruzan negocios, política, tecnología, criptomonedas y relaciones personales. No es un detalle menor: Adorni ya tenía vínculo con Mauricio Novelli, el trader asociado al caso $LIBRA, y participó de actividades vinculadas a su academia de negocios.

El capítulo cripto vuelve más espeso ese telón de fondo. En un Gobierno que se mostró permeable al mundo de las finanzas digitales, los activos virtuales y los negocios tecnológicos, la aparición de billeteras no declaradas en una causa patrimonial no puede ser leída como una anécdota. Puede ser apenas una pieza más de un circuito mayor.

Ahora, Adorni tiene un problema concreto: debe explicar. En las causas por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario investigado carga con la obligación de justificar la evolución de su patrimonio. No alcanza con negar. No alcanza con victimizarse. No alcanza con repetir consignas sobre la casta. La pregunta es contable, documental y política: cómo se financiaron esos gastos.

Por el momento, Pollicita no ordenó todavía un peritaje contable integral. Antes, busca completar el mapa patrimonial con la asistencia de organismos especializados. El objetivo es reconstruir ingresos, egresos, bienes, deudas, tarjetas, cuentas, billeteras, inversiones y eventuales operaciones con criptomonedas. En otras palabras: ordenar el laberinto.

Adorni tiene pendiente presentar su declaración jurada de 2025. Ese documento podría aportar explicaciones, aunque también puede abrir nuevos interrogantes. En la declaración anterior había informado 43 mil dólares en efectivo. La cifra queda muy lejos del nivel de gastos que la Justicia intenta reconstruir.

El expediente, además, podría derivar en otros delitos. Si los fondos no tienen respaldo patrimonial suficiente, la investigación puede avanzar hacia hipótesis más graves, como lavado de activos. Por ahora, el caso está en una etapa de acumulación de información. Pero los datos ya alcanzan para incomodar al Gobierno.

La defensa política de Adorni tendrá un límite: los números. En una causa de este tipo, el relato pesa menos que los comprobantes. La épica libertaria puede servir para una conferencia de prensa, pero no para justificar una refacción pagada en efectivo, una wallet omitida o un viaje de lujo sin origen claro de fondos.