Incendios en la Patagonia: cuando la negación se vuelve política pública

Los incendios forestales que vienen arrasando el bosque andino patagónico de Río Negro y Chubut desde 2023 no son un rayo en cielo sereno: son el resultado de una combinación explosiva donde el cambio climático empuja, pero la política decide si el desastre se vuelve inevitable. Sequía prolongada, temperaturas extremas, tormentas eléctricas, vegetación reseca, falta de nieve. El combo estaba servido. Lo que faltó —otra vez— fue prevención.

En la Patagonia Norte, la sequía ya dejó de ser un “evento” y pasó a ser una condición. Ríos y arroyos casi secos, lagos con niveles en baja y ciudades al límite con el agua potable. La comunidad científica lo advirtió con tiempo, incluso con borradores de propuestas. La respuesta provincial, en el mejor de los casos, fue indiferencia. En el peor, fue negación activa: mirar para otro lado hasta que el fuego obliga a hacer anuncios, alquilar helicópteros y montar operativos cuando ya no hay control posible.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres quedó en el centro de las críticas por haber descartado recursos destinados a proteger bosques nativos y prevenir incendios. Según el texto original, había fondos de la Ley de Bosques y también financiamiento internacional para tareas específicas en la Comarca Andina. El punto político es lineal: si tenés fondos etiquetados para prevenir y no los usás, la “sorpresa” del incendio es un acting.

El incendio de Puerto Patriada, que ya carbonizó decenas de miles de hectáreas y golpea a Cholila, abrió además otro capítulo: la necesidad oficial de encontrar culpables rápido. Torres y el fiscal Carlos Di Meyer apuntaron velozmente a una comunidad mapuche. El problema no es sólo lo que se acusa, sino cómo: con apuro, sin pruebas firmes y con un guion que se repite cuando el Estado necesita correr el foco.

Mientras tanto, vecinos de la zona cartografiaron el área y trabajan en sostener otra hipótesis: inicio del fuego por cables del tendido eléctrico enredados en ramas de pinares altamente combustibles. Y ahí aparece un dato que incomoda: la empresa eléctrica pertenece al gobierno provincial. Si esa línea de investigación gana fuerza, el relato cambia de “terrorismo” a negligencia estatal.

Y lo más grave: el riesgo de Puerto Patriada no era desconocido. Ya había sido señalado en un plan municipal de protección contra incendios elaborado años atrás y en manos del Estado provincial desde 2015. Si había diagnósticos previos y no hubo acción, no es mala suerte: es gestión.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck aparece con un patrón similar. Brigadistas y especialistas describen una falta total de política preventiva desde el incendio de Mallín Ahogado en enero de 2025. La provincia, según el texto base, reaccionó con anuncios y despliegue comunicacional: compras, licitaciones, videos en redes, incluso el alquiler tardío de un helicóptero. Mucha épica de emergencia. Poco trabajo silencioso previo.

Las recomendaciones que se ignoraron son las que cualquier especialista repite: reservorios de agua en zonas críticas, raleo y limpieza de pinares abandonados, cortafuegos, fajas de contención, planes de evacuación construidos con vecinos y simulacros reales. No se trata de inventar la rueda: se trata de hacer lo básico antes de que el fuego se vuelva noticia.

Hay además un dato político fuerte: Weretilneck mantendría cajoneado desde 2018 un plan integral de manejo del área natural protegida Río Azul–Lago Escondido, que incluía prevención de incendios. Y el incendio de 2025, justamente, arrancó dentro de esa área. En términos periodísticos: el plan existía; la tragedia también. Lo que faltó fue decisión.

Torres y Weretilneck —alineados con el presidente Javier Milei— comparten un hilo ideológico que en este caso tiene costo ambiental y humano: un Estado que se retira de la prevención, pero aparece con fuerza para el operativo, el anuncio y la búsqueda de chivos expiatorios. Esa lógica no es abstracta. Se ve en el terreno: bosques sin cuidado, zonas habitadas sin protección real, comunidades enteras viviendo con la sensación de que todo depende de “que no pase”.

Negar el cambio climático no siempre significa decir “no existe”. A veces significa algo más práctico y más brutal: gobernar como si no existiera. Y cuando se gobierna así, el fuego no es una catástrofe natural: es el resultado esperado de una política pública.