El peronismo arma una propuesta propia frente a la reforma laboral

Borrador de ocho ejes: recomposición salarial, reducción de la jornada, paritarias sin techo, reglas para plataformas, licencias parentales y más resguardos en salud y seguridad laboral.

En el PJ vienen trabajando una respuesta propia frente a lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral”. No se limitan a rechazar el texto oficial: buscan poner sobre la mesa un esquema alternativo de ocho ejes que, según plantean, apunta a discutir lo que consideran los problemas reales del trabajo en la Argentina. La cocina de ese documento se hizo en la sede partidaria de Matheu, con reuniones entre especialistas en derecho laboral, ex titulares de la cartera de Trabajo, dirigentes sindicales y otros técnicos; tomaron iniciativas que ya circulaban y las ordenaron en un paquete único.

No es, al menos por ahora, un proyecto de ley cerrado. En sesiones extraordinarias, el temario lo define el Poder Ejecutivo y el Congreso queda atado a eso. Aun así, dentro del peronismo no descartan usar esos puntos como base para una postura formal en el debate parlamentario, incluso como dictamen en minoría cuando el tema empiece a moverse en comisiones.

El diagnóstico opositor sobre la propuesta oficialista es duro: la leen como una reforma inclinada hacia el empleador, elaborada con mirada empresaria, y sostienen que podría empujar cambios regresivos. Entre los efectos que advierten mencionan la erosión de salarios mínimos de hecho (y condiciones de trabajo ya deterioradas), un esquema donde el Estado termine absorbiendo parte del costo de los despidos, límites más fuertes a la acción sindical y la posibilidad de fijar techos a la negociación salarial. También señalan riesgos de blanqueo de maniobras de fraude laboral, mayor precarización en el universo de plataformas y recortes en derechos individuales, como el descanso y las vacaciones.

En cuanto al contenido, el primer bloque gira en torno a recuperar ingresos: revalorizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, garantizar que el salario se pague efectivamente en dinero y defender negociaciones paritarias sin cepos ni topes. Otro eje propone cambiar el uso del tiempo de trabajo: bajar la jornada a un máximo de 7 horas diarias y 42 semanales, con la idea de avanzar gradualmente hacia 6 horas por día. El argumento es que eso permitiría conciliar vida laboral y personal; y que, además, reduciría riesgos asociados al estrés y enfermedades vinculadas a jornadas extensas, mientras que a las empresas podría traducírseles en menos accidentes, menor rotación y menos ausentismo.

Hay un apartado específico para quienes trabajan mediante apps y plataformas: plantean crear un marco de negociación colectiva que fije un piso de salario, seguridad social, licencias y resguardo frente al despido, con libertad horaria pero descansos obligatorios. Suman una exigencia de transparencia “algorítmica” para que se conozca cómo se asignan pedidos, cómo se evalúa, cómo se liquidan comisiones y cómo operan sanciones; y piden atención humana obligatoria para evitar bloqueos arbitrarios y resolver conflictos, además de preservar el historial laboral. En ese mismo terreno incorporan capacitación, elementos de seguridad, cobertura por accidentes, espacios sanitarios y reconocimiento de vacaciones, junto con el derecho a sindicalizarse desde la propia aplicación. Dentro del espacio, eso abre una discusión: algunos creen que deberían ir más lejos y definir sin ambigüedades la relación de dependencia, como ya hicieron otros países.

Otro punto busca que los trabajadores participen de las utilidades: que exista un derecho al reparto de ganancias, con pago anual vinculado a lo que efectivamente obtuvo la empresa, dejando afuera a micro, pequeñas y medianas. También aparece la cuestión del límite tecnológico: el derecho a “cortar” fuera del horario, con la idea de que las comunicaciones laborales por fuera de la jornada se compensen en tiempo y dinero.

En materia de cuidados, proponen licencias parentales más simétricas: 120 días para maternidad y adopción, y 90 días para paternidad, extendiendo un esquema equivalente —como prestación de seguridad social— a monotributistas y autónomos. Además, incluyen una regla para ordenar convenios colectivos: si existe un convenio de alcance mayor, los acuerdos por empresa deberían moverse en lo delegado, lo no tratado, lo propio de la organización interna o, sobre todo, en condiciones más favorables para el trabajador.

Por último, el documento cierra con salud y seguridad laboral: plantean comités mixtos y paritarios entre representantes de trabajadores y empleadores para abordar seguridad, higiene, ambiente y prevención de riesgos. Y la pregunta incómoda queda flotando: si una reforma laboral no preserva salario, negociación colectiva y seguridad, ¿qué “moderniza” exactamente, aparte de abaratar el costo humano?