Crece la presión para poner límites a la usura y al sobreendeudamiento de las familias

Más de 20,5 millones de personas tienen deudas financieras y la morosidad en tarjetas alcanzó niveles muy superiores a los de comienzos de 2025. Con tasas que promedian el 91% anual y salarios que siguen perdiendo poder de compra, cada vez más hogares usan el crédito para pagar comida, alquileres y servicios. El problema ya no es sólo financiero: también es social, jurídico y político.

La expansión del crédito y de las billeteras digitales permitió que millones de personas accedieran a herramientas financieras que antes estaban fuera de su alcance. Pero esa inclusión tiene un límite evidente: acceder a un préstamo no significa necesariamente poder pagarlo. En la Argentina, las cuentas de pago crecieron de 2,3 millones en 2019 a 27 millones en 2024, mientras las cuentas bancarias pasaron de 27 a 35 millones. La tenencia de tarjetas también se expandió con fuerza y las fintech ganaron presencia entre sectores históricamente excluidos del sistema financiero tradicional. El problema es que ese crecimiento se produjo al mismo tiempo que se deterioraban los ingresos y aumentaba la dependencia del crédito para sostener gastos cotidianos.

Hoy más de 20,5 millones de personas, cerca del 60% de los adultos, registran algún tipo de deuda financiera. La irregularidad crediticia alcanzó en mayo de 2026 el 7,7%, pero entre los hogares llegó al 12,8%. En tarjetas de crédito, la mora trepó al 14,5%, muy por encima del 2,8% registrado en marzo de 2025. Y en junio, la situación era todavía más delicada en el sistema no financiero, donde la mora superaba el 33%, frente a un 18,61% en bancos privados.

La combinación entre deuda e ingresos deteriorados vuelve explosiva la situación. Mientras los salarios nominales subieron alrededor de 30% hasta febrero de 2026, las tasas anuales de las tarjetas promediaban el 91%. Además, los salarios reales privados seguían por debajo de los niveles de 2023 y los públicos acumulaban una pérdida todavía mayor. A eso se sumó la destrucción de empleo de 2024 y 2025. El resultado es claro: el crédito dejó de usarse para afrontar un imprevisto o financiar una compra importante y pasó a cubrir alimentos, alquileres, servicios y gastos básicos.

Ahí aparece el verdadero problema. No todo interés elevado constituye usura, pero tampoco toda tasa puede considerarse legítima simplemente porque fue aceptada por quien tomó el crédito. La desigualdad entre una persona desesperada por llegar a fin de mes y una entidad financiera que fija unilateralmente las condiciones vuelve discutible la idea de un contrato entre partes equivalentes. El artículo 42 de la Constitución protege los intereses económicos de los consumidores, mientras el Código Civil y Comercial permite revisar intereses desproporcionados, limitar la capitalización, controlar cláusulas abusivas y cuestionar acuerdos celebrados aprovechando la necesidad, debilidad o inexperiencia de una de las partes.

También existe una herramienta penal. El artículo 175 bis sanciona a quien, aprovechándose de la necesidad o vulnerabilidad ajena, exige intereses o ventajas claramente desproporcionadas. La figura no se aplica automáticamente frente a cualquier tasa alta: debe demostrarse que existió explotación concreta de una situación de debilidad. Pero el crecimiento del endeudamiento masivo vuelve cada vez más urgente discutir hasta dónde puede llegar el negocio del crédito sin que el Estado intervenga preventivamente.

El problema es que las herramientas actuales suelen actuar cuando el daño ya está hecho. Para cuestionar intereses abusivos, cláusulas desproporcionadas o prácticas usurarias, el deudor muchas veces debe iniciar un reclamo judicial, algo que está lejos del alcance real de la mayoría. Una familia que no puede pagar la tarjeta difícilmente tenga recursos para contratar abogados, sostener un juicio y esperar años una sentencia.

Por eso crece el reclamo de una ley específica contra el sobreendeudamiento. La discusión no debería limitarse a castigar abusos una vez consumados, sino a establecer mecanismos preventivos, topes razonables, sistemas de refinanciación, protección de salarios y reglas claras para evitar que una persona termine atrapada durante años por una deuda que crece más rápido que sus ingresos.

El dato de fondo es político. Bajo el gobierno de Javier Milei, el problema de la deuda familiar fue presentado muchas veces como una cuestión estrictamente privada. Pero cuando más de 20 millones de personas están endeudadas, cuando la mora crece a dos dígitos y cuando una parte importante del crédito se destina a comida y servicios, ya no se trata de decisiones individuales aisladas.

Se trata de una crisis social.

Y una crisis social no se resuelve diciendo que cada uno se arregle solo.