Juicio por YPF: los demandantes piden que la Argentina sea declarada en desacato en EE.UU.

Burford Capital y otros beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF avanzan con un pedido ante la jueza Loretta Preska para que el país sea declarado en desacato por la entrega incompleta de documentación. El Gobierno niega incumplimiento y sostiene que colabora con el proceso.

La causa por la expropiación de YPF sumó un nuevo frente en tribunales de Estados Unidos. Los demandantes que obtuvieron un fallo favorable contra la Argentina por USD 16.100 millones presentarán esta semana un planteo formal ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato y se evalúe la aplicación de sanciones económicas.

El reclamo se vincula con un expediente paralelo dentro del mismo proceso, centrado en órdenes judiciales de producción de documentación. Entre los requerimientos figuran intercambios de mensajería y material asociado a funcionarios y exfuncionarios nacionales, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa. Según el seguimiento del caso difundido en redes por especialistas, la mayoría de los alcanzados ya habría presentado lo solicitado, pero al 12 de enero aún restaban seis personas sin cumplir con la entrega.

Desde el Gobierno rechazaron que exista desacato o incumplimiento. La Procuración del Tesoro sostiene que la Argentina está cumpliendo con las decisiones vigentes y que la entrega se realiza de manera escalonada, mediante presentaciones parciales y periódicas, mientras se recopila información y se obtienen consentimientos de quienes están involucrados en la producción de esos materiales.

La jueza Preska aprobó el cronograma impulsado por los demandantes para avanzar con el pedido de sanciones y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo. La discusión, más que sobre el contenido del fallo de fondo, se concentra ahora en el ritmo y el alcance de la cooperación procesal exigida por el tribunal, en un tramo del litigio donde cada documento puede convertirse en un argumento y cada demora, en un costo.

La escena no es nueva en la historia financiera argentina: cuando un pleito alcanza cifras de este tamaño, el expediente deja de ser un papel y se transforma en presión concreta. Y la pregunta que queda flotando, incómoda pero necesaria, es si el país está administrando este conflicto con disciplina y previsión o si, una vez más, está corriendo detrás de la urgencia judicial con reflejos tardíos.