Qué es el RIGI y a quién beneficia

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es la herramienta central del gobierno de Milei para atraer capitales. Ofrece rebajas impositivas, libre disponibilidad de dólares y estabilidad garantizada por 30 años a quienes inviertan al menos 200 millones de dólares. Ya movilizó proyectos por miles de millones, pero casi todos en minería e hidrocarburos. Qué dice la ley, quién se beneficia y por qué genera tanta discusión.

Pocas leyes del gobierno de Javier Milei generaron tanto debate como el RIGI. Para el oficialismo, es la llave para que lleguen las inversiones que la Argentina necesita desde hace décadas. Para sus críticos, es un régimen que regala ventajas extraordinarias a grandes empresas, en su mayoría extranjeras, a cambio de poco empleo y sin obligaciones de desarrollo local. Para entender la discusión, primero hay que saber qué es.

Qué es

El RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, fue creado por la Ley Bases, sancionada en 2024. Es un paquete de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. La idea de fondo es simple: en un país con una larga historia de cambios bruscos de reglas, el Estado le ofrece al inversor una garantía de que las condiciones no van a cambiar durante 30 años.

Para acceder hay que cumplir tres condiciones:

• Invertir al menos 200 millones de dólares por proyecto.
• Hacerlo a través de una sociedad creada exclusivamente para ese proyecto, el llamado “vehículo de proyecto único”.
• Pertenecer a uno de los sectores habilitados: minería, petróleo y gas, energía, infraestructura, forestoindustria, tecnología, siderurgia y turismo, entre otros.

El plazo para presentar proyectos vencía a mediados de 2026. El Gobierno usó la facultad que le daba la ley para extenderlo por única vez, y ahora las empresas pueden ingresar hasta julio de 2027.

Qué beneficios ofrece

Los incentivos son amplios.

• Menos impuesto a las Ganancias: las empresas del régimen pagan una alícuota del 25%, en lugar del 35% general.
• Amortización acelerada: pueden descontar más rápido el costo de sus inversiones, lo que reduce el impuesto que pagan en los primeros años.
• Cero aranceles de importación para los bienes que ingresen para el proyecto.
• Cero derechos de exportación, una vez cumplido un período inicial de dos o tres años, según el caso.
• Libre disponibilidad de dólares: pueden quedarse con una parte creciente de los dólares que obtienen al exportar, sin liquidarlos en el país. Empieza con el 20% en el primer año, sube al 40% en el segundo y llega al 100% desde el tercero.
• Estabilidad por 30 años: las condiciones impositivas, aduaneras y cambiarias quedan congeladas para el proyecto. Si un gobierno futuro sube impuestos, a estas empresas no las alcanza.
• Arbitraje internacional: ante un conflicto con el Estado, la empresa puede recurrir a tribunales internacionales en lugar de la Justicia argentina.

A cambio, la ley pide que al menos el 20% de la inversión se destine a proveedores locales, siempre que estén disponibles en condiciones de mercado.

Cuánto se invirtió

Según el relevamiento del Observatorio del RIGI con datos hasta abril de 2026, se presentaron 35 proyectos por unos 81.000 millones de dólares. De ellos, 15 fueron aprobados, por unos 29.000 millones, y otros 19 seguían en evaluación. Hubo un único rechazo formal: el de la minera china Ganfeng Lithium.

Las cifras son grandes, pero conviene leerlas con cuidado. Un proyecto aprobado no es dinero ya invertido: es un compromiso de inversión que se ejecuta a lo largo de varios años. Hasta marzo, según el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, el ingreso neto de dólares atribuible al régimen era de 762 millones.

A quién beneficia

La respuesta corta: a la minería y a los hidrocarburos. Más del 95% de los proyectos y de los montos comprometidos se concentran en esos dos sectores. Entre ellos están los oleoductos para exportar el petróleo de Vaca Muerta y grandes proyectos de cobre y litio en la cordillera. Las provincias con más inversiones son San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta.

En hidrocarburos predominan las empresas argentinas. En minería, los capitales vienen sobre todo de Suiza, el Reino Unido, China, Canadá y Australia.

Quedan prácticamente afuera la industria manufacturera, el comercio y las pymes. No pueden acceder: ninguna de ellas invierte 200 millones de dólares en un solo proyecto.

Los argumentos a favor

Los defensores del RIGI sostienen que, sin estas garantías, esas inversiones simplemente no llegarían. Un proyecto minero o un oleoducto tarda años en construirse y décadas en recuperar lo invertido. Ninguna empresa arriesga miles de millones en un país que cambió sus reglas impositivas y cambiarias decenas de veces. Desde esta mirada, el RIGI no regala nada: compra la credibilidad que la Argentina perdió. Y los dólares que generan esos proyectos son justamente lo que la economía necesita para dejar atrás las crisis recurrentes.

Las críticas

Las objeciones se agrupan en cinco puntos.

1. El costo fiscal. El Estado deja de cobrar impuestos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima ese costo en unos 1.069 millones de dólares por año cuando el régimen funcione a pleno. El Gobierno no publicó una estimación oficial.
2. Las inversiones que iban a llegar igual. Al menos siete de los proyectos aprobados habían sido anunciados antes de que el régimen existiera. Si iban a hacerse de todos modos, los beneficios son un costo sin contrapartida.
3. El poco empleo. La minería y los hidrocarburos generan mucho valor por trabajador, pero ocupan relativamente poca gente, sobre todo una vez terminada la construcción. El Gobierno estima unos 37.000 puestos de trabajo, una cifra modesta frente a las que se pierden en la industria.
4. Los 30 años. Congelar las condiciones por tres décadas limita lo que podrán hacer los gobiernos futuros, sin importar quién gane las elecciones.
5. La soberanía. El arbitraje internacional saca de la Justicia argentina los conflictos con estas empresas. La Argentina ya tuvo malas experiencias con tribunales internacionales, como los litigios en el CIADI tras la crisis de 2001.

Lo que viene

El modelo se está ampliando. El Senado acaba de dar media sanción al RIIR, un régimen más chico para inversiones de al menos 12 millones de dólares, pensado para medianas empresas y economías regionales. Además, el Gobierno impulsa un “Súper RIGI” para inversiones de más de 1.000 millones en sectores como inteligencia artificial, centros de datos y refinado de cobre.

En síntesis

El RIGI es una apuesta: ceder recaudación, control de divisas y margen de decisión futura a cambio de inversiones que, de otro modo, quizás no llegarían. Que la apuesta salga bien depende de algo que todavía no se puede medir: cuánto de esas inversiones se concreta, cuántos dólares quedan realmente en el país y si el crecimiento de la minería y el petróleo derrama hacia el resto de la economía, o queda encerrado en unos pocos enclaves.