Salud mental: el Senado debate una reforma que facilita las internaciones sin consentimiento

El proyecto del Gobierno cambia el criterio para internar a una persona contra su voluntad, permite que un solo médico de guardia lo disponga y quita al juez la autorización previa. Sus defensores hablan de dar respuesta a familias desbordadas. Psicólogos, universidades y organismos de derechos humanos advierten sobre un regreso al encierro.

El Senado debate este jueves la reforma de la Ley de Salud Mental, la norma que desde 2010 regula la atención y los derechos de las personas con padecimientos mentales en la Argentina. El proyecto, enviado por el gobierno de Javier Milei, llegó al recinto con los votos ajustados: quedó al final de una sesión larga, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, tuvo que aceptar cambios de último momento para sumar apoyos.

Qué cambia

El punto central es la internación involuntaria. La ley vigente la permite solo ante un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros. La reforma reemplaza esa fórmula por un “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, y suma como criterios los antecedentes del paciente y la evolución previsible de su cuadro.

También cambia quién decide. En una emergencia, un único médico de guardia podrá ordenar la internación, y un equipo interdisciplinario tendrá 48 horas para confirmarla o revertirla. El juez deja de autorizarla: solo recibe un aviso dentro de las 24 horas, y puede pedir informes o dejar sin efecto la medida.

El proyecto refuerza además el rol de los psiquiatras dentro de los equipos, habilita teleconsultas, permite internaciones en hospitales especializados en salud mental y suma expresamente las adicciones, incluida la ludopatía, a las políticas del área. La prohibición de crear nuevos manicomios se mantiene.

Quiénes la apoyan

El dictamen de mayoría reunió firmas del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola. Sus impulsores sostienen que la ley actual dejó a muchas familias sin herramientas frente a cuadros graves, en especial de consumo problemático, en los que la persona no acepta tratamiento.

Quiénes se oponen

Las críticas llegan desde varios frentes. La Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) rechazó la reforma por considerar que pone en riesgo el trabajo interdisciplinario y el abordaje comunitario. La Red Federal Universitaria en Salud Mental Comunitaria sostuvo que los problemas del sistema no se resuelven cambiando la ley, sino con presupuesto. El CELS ya había advertido, ante una propuesta similar incluida en la Ley Ómnibus de 2024, sobre el riesgo de volver a modelos de encierro.

Incluso entre quienes acompañan hay reparos. Los radicales Carlos Arce y Eduardo Galaretto firmaron en disidencia parcial y reclamaron financiamiento, porque buena parte de las nuevas obligaciones recaería sobre las provincias. El bloque Convicción Federal presentó un proyecto alternativo.

La discusión de fondo

El debate no es nuevo. Desde su sanción, la Ley 26.657 fue defendida como un avance en derechos y criticada por su aplicación incompleta: se cerraron camas de internación sin que se crearan, en la misma medida, los dispositivos comunitarios que debían reemplazarlas.

Ahí está la trampa de la discusión. Si el problema fue la falta de inversión, una reforma que facilita internar sin sumar recursos corre el riesgo de cambiar el criterio sin cambiar la realidad: menos controles judiciales, pero los mismos hospitales saturados y las mismas provincias sin presupuesto. La pregunta que el Senado no termina de responder es quién va a pagar el sistema que la reforma promete.