El modelo de Milei, en la encrucijada

El modelo de Milei, en la encrucijada

El proyecto político, económico e institucional que encabeza Javier Milei se presenta como una revolución, pero ya muestra rasgos de un régimen agotado en su forma antes de haber consolidado su fondo. Lo que está en juego no es solo la viabilidad de un experimento económico extremo, sino la continuidad del sistema republicano tal como lo consagra la Constitución argentina. En nombre del orden, la eficiencia y la libertad, se ejecuta un modelo que margina al Congreso, debilita la justicia y somete a buena parte de la población a una recesión brutal.

Milei llegó al poder con la promesa de terminar con la casta, dinamitar el Estado y reordenar la economía. Pero a un año y medio del inicio de su gestión lo que se ve es un país bifurcado: por un lado, una minoría dolarizada que aprovecha los beneficios de la apertura, la caída de los costos laborales y la estabilidad cambiaria para consumir, invertir o viajar; por el otro, una mayoría que padece la recesión, la licuación de ingresos, la desarticulación del Estado y la falta de horizonte.

Como señaló el economista Martín Burgos, el gobierno festeja datos que en realidad apenas muestran una recuperación respecto de un año de crisis. En sectores claves como industria, construcción y comercio, la actividad sigue muy por debajo de 2023 —que ya había sido un año flojo— y, en comparación con 2022, las caídas llegan hasta el 20%. La recesión está lejos de tocar fondo.

La cara visible de la economía que “funciona” es parcial: el agro muestra cifras mejores, pero venía de una de sus peores campañas en la historia; la minería y la energía crecen, pero son sectores concentrados, extractivos y poco intensivos en empleo; el sistema financiero gana con tasas altas, pero no moviliza crédito productivo ni dinamiza el consumo. Los salarios reales siguen deprimidos, especialmente fuera del empleo registrado, y eso limita cualquier posibilidad de recuperación genuina.

Además, el modelo enfrenta un problema estructural: no genera divisas suficientes. En plena temporada alta de exportaciones, no logró acumular reservas. ¿Por qué? Porque los dólares se fugan por múltiples canales: importaciones, formación de activos externos, turismo emisivo. El Banco Central está vendiendo más de lo que compra. En términos domésticos: la casa gasta más de lo que entra, y se mantiene prendida con deuda. Una estrategia frágil, que muchos observan con inquietud de cara al segundo semestre.

El Gobierno apuesta a no devaluar, confiando en que la apreciación cambiaria contenga la inflación. Pero esa estrategia también tiene costos: baja la competitividad, se encarece la producción nacional y se estimula el consumo de bienes importados. La macroeconomía contradice a la micro. Y así se va gestando el escenario clásico de una crisis de balanza de pagos.

La historia no se repite, pero rima. El modelo actual recuerda peligrosamente a la lógica de la convertibilidad: atraso cambiario, endeudamiento, recesión y fantasmas de default. En los años 2000-2001 se intentó evitar la devaluación con deflación, bajando impuestos y salarios para ganar competitividad. No funcionó. Las quiebras se multiplicaron, el desempleo se disparó y, aun así, los precios no bajaron al ritmo esperado. Keynes lo había anticipado: los precios no caen fácilmente, y cuando lo hacen, es demasiado tarde.

Hoy el Gobierno interpreta cualquier caída de precios como una victoria, sin advertir que detrás hay caída de consumo, cierre de empresas y parálisis. La deflación no es sinónimo de estabilidad, sino de una recesión profunda. Es raro suponer que la economía crece mientras las empresas bajan precios: si vendés más, subís precios; si bajás precios, es porque no vendés. La lógica es implacable.

El resultado es una economía anémica, donde solo consumen los sectores que conservaron ingresos altos. Se venden autos, electrodomésticos, pasajes al exterior… pero todo eso es importado. Y quienes no pueden acceder a esos bienes, apenas sobreviven. El gobierno frena las paritarias para sostener la apreciación, pero eso frena la economía. Si el consumo no se reactiva, no hay crecimiento posible.

Mientras la economía se estanca, el poder se concentra. La democracia argentina vive hoy un retroceso institucional silencioso pero sostenido. Como advierte el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el presidente ha convertido las herramientas excepcionales de la Constitución —como los decretos de necesidad y urgencia o los decretos delegados— en instrumentos regulares de gobierno. Desde que asumió, firmó en promedio cinco DNU por mes, muchos de ellos en materias prohibidas, como la tributaria (caso DNU 4/2025). Además, ha vetado leyes sancionadas por el Congreso sin fundamentos razonables y disolvió instituciones enteras —como el sistema de Bibliotecas Populares— por decreto.

Esto no es solo un problema de estilo. Es una vulneración del principio de división de poderes, piedra angular de la república. La Constitución prohíbe expresamente la “suma del poder público” y castiga con nulidad absoluta e insanable a quienes usurpen facultades. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo: el Ejecutivo legisla, ejecuta, veta y reemplaza al Congreso.

¿Y la justicia? La Corte Suprema aplica una doctrina formalista y reparadora que no frena el abuso. Solo actúa ante “casos concretos” y no declara la inconstitucionalidad general de normas arbitrarias. Es decir: si una norma inconstitucional afecta a miles, solo se invalida cuando alguien la sufre y lo reclama. Y mientras tanto, sigue vigente. Una trampa perfecta.

En este contexto, el derecho constitucional se vacía de sentido. ¿Qué garantía ofrece una república que no puede evitar que el poder se concentre? La democracia se debilita no solo por lo que se hace, sino por lo que se tolera.

Lo cierto es que el modelo mileísta está en su hora de la verdad. No puede seguir ajustando sin consecuencias sociales, ni gobernando por decreto sin consecuencias institucionales. Tarde o temprano, los límites llegarán: por la economía o por la política. La pregunta es si será el propio sistema democrático quien ponga esos límites… o si llegará demasiado tarde.


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Francisco Sciaky

Periodismo