Presupuesto 2026: la urgencia no es política, es de caja (y de reloj)

El Gobierno está empujando el Presupuesto 2026 con una velocidad que no se ve cuando se trata de educación, discapacidad o salarios. Esta vez el apuro tiene nombre y apellido: financiamiento. Sin Presupuesto sancionado, no hay artículo que habilite nueva deuda en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa. Y sin esa llave legal, se achica la posibilidad de salir al mercado a buscar los dólares que faltan.

La fecha que manda es concreta y antipática: 9 de enero de 2026. Ese día el Tesoro debe afrontar un vencimiento cercano a US$ 4.000 millones entre amortización e intereses de Bonos Globales y Bonares. El esquema que circula en la cocina oficial sugiere que hoy hay una parte cubierta —alrededor de US$ 2.000 millones— pero queda un agujero demasiado grande como para taparlo con discursos.

Por eso el oficialismo quiere que el Senado apruebe el Presupuesto sin cambios y que el Presidente lo promulgue sin demoras. Milei ya dijo que no lo vetará, y además hay un dato técnico-político que vuelve el trámite aún más lineal: no podría aplicar un veto parcial sobre lo que necesita. En otras palabras: si quieren salir a emitir, necesitan la sanción completa, limpia, rápida. No es épica: es habilitación.

La estrategia financiera que se dibuja es doble. Primero, una colocación internacional por un monto estimado entre US$ 1.000 y 1.500 millones, con la expectativa de convalidar una tasa inferior al 9%. Segundo, completar lo que falte con un REPO con bancos. Y acá aparece el “sí, pero”: esas negociaciones suelen exigir garantías. Y cuando el mercado pide garantías, no está preguntando por la patria: está preguntando por el riesgo.

En paralelo, el Gobierno busca llegar a esa eventual colocación con un dólar quieto, “presentable”. Hubo intervenciones para contener el mayorista y evitar que la demanda lo empuje hacia el techo de la banda. El mensaje es de estabilidad; el método, bastante menos libertario que el eslogan. Ironías de época: cuando la realidad aprieta, hasta los más dogmáticos terminan haciendo gestión.

Hay además un límite silencioso: la competencia por los dólares. En el último año, el sector privado colocó muchísimo financiamiento en moneda dura, y también lo hicieron algunos distritos subnacionales. Eso ocupa espacio, apetito y atención. Y cuando el mercado ya está servido, al Estado le toca negociar desde una posición menos cómoda: o paga más, o promete más, o acepta condiciones menos elegantes.

Lo verdaderamente delicado es el calendario. Si el Presupuesto entra en vigencia el 2 de enero, la ventana para anunciar, recibir ofertas, adjudicar y liquidar antes del 9 de enero es microscópica. Una carrera así suele terminar de dos maneras: o sale prolija y a tiempo, o sale cara. Y el país ya aprendió —a fuerza de golpes— que la deuda tomada “por urgencia” es la que después se paga “por años”.

Pagar las obligaciones es lo correcto, y en eso no hay discusión: un Estado serio honra su firma. Lo que sí merece discusión es cómo se llega: con qué transparencia, con qué costo y con qué relato. Porque si el Presupuesto se vuelve una herramienta para correr detrás del vencimiento, el riesgo no es solo financiero: es político e institucional. Y la contabilidad creativa, además de mala costumbre, casi siempre termina siendo mala historia.