Milei cambia asistencia por “vouchers” y control: menos plata, más condicionamiento
El 6 de enero arranca un plan piloto que el oficialismo vende como modernización, pero huele más a ajuste con moño: transformar planes sociales en “programas de capacitación” y, en el camino, reemplazar dinero por vouchers educativos. El experimento empieza con beneficiarios de Volver al Trabajo (VAT), que hoy cobran una suma mensual congelada desde 2023. La promesa es “formación”; la letra chica, disciplina: menos efectivo en mano, más condiciones para sostener el ingreso.
En esta primera etapa, un grupo reducido cursará durante dos meses un esquema de módulos para certificarse en un oficio (arrancan con pintura en obra). El Gobierno dice que, por ahora, seguirán cobrando. Pero en los pasillos ya se habla de “voucherización” como destino cercano. Traducido: el Estado deja de garantizar un piso de ingreso y pasa a entregar cupones para canjear por cursos. Si no hay horarios compatibles, si hay chicos, si hay viajes imposibles, si la vida aprieta, el voucher no paga el alquiler ni llena la heladera.
La lógica es vieja, aunque la quieran presentar como novedad: condicionar la asistencia para convertir un derecho básico en premio por buena conducta. Y encima con un requisito de asistencia alta, como si la pobreza fuera falta de voluntad y no, muchas veces, falta de tiempo, salud, transporte, redes y estabilidad. El mérito es una palabra elegante; en boca de un Estado que recorta, puede volverse un garrote.
El piloto se hará en un nuevo “Centro de Formación” montado en un predio histórico de La Paternal. Ahí también aparece otro rasgo del modelo Milei: el Estado se retira de la política social como protagonista y la terceriza en acuerdos con grandes empresas. Una firma aporta contenidos, insumos y materiales; el Gobierno pone la población objetivo. Lo llaman “alianza”; también puede leerse como marketing con mano de obra futura barata y una foto prolija para el relato de eficiencia.
En paralelo, el Ministerio prepara un Sistema Integrado de Información Social para mapear cuántas prestaciones recibe cada hogar y, además, baraja unificar asignaciones en una especie de “AUH familiar”. Dicho simple: viene una etapa de control fino. Control no es mala palabra si sirve para evitar abusos, pero en la Argentina real suele ser la antesala de la tijera: cuando el objetivo es achicar, la base de datos se vuelve bisturí. Y cuando el Gobierno ya mostró desprecio por la protección social, cuesta creer que el motor sea el cuidado y no el recorte.
El antecedente inmediato fue la reconfiguración de Potenciar Trabajo en dos programas: uno orientado a “empleo” y otro de “acompañamiento” para poblaciones con más dificultades. También se eliminó la contraprestación laboral, en nombre de reducir intermediación. El problema es que se reemplazó una discusión incómoda (cómo se controla sin punteros) por una solución cómoda para el ajuste: congelar, depurar, limitar el acceso y, más adelante, cerrar el grifo sin decir “cerramos el grifo”.
El VAT vence en abril y, según el clima interno, no hay intención de extenderlo. Ahí está el nudo: si el programa termina y lo que queda es capacitación con vouchers, el Estado se lava las manos. “Te ofrecimos un curso” suena bien en un discurso; en la vida concreta puede significar “te sacamos la plata”. No todos pueden sostener un trayecto formativo con urgencias encima. No todos tienen condiciones para estudiar. No todos pueden esperar a que la “empleabilidad” madure mientras la factura vence mañana.
El mileísmo insiste con el cuento moral: que antes había “gerentes de la pobreza” y ahora todo va “directo a la gente”. Puede ser cierto que haya intermediaciones horribles; también es cierto que Milei usa esa caricatura para pegarle a cualquiera que defienda políticas sociales. Es una trampa retórica: te indignás con el puntero —con razón— y terminás aplaudiendo el desmantelamiento del auxilio estatal. Se cambia un problema real por otro peor.
Si el Gobierno quisiera de verdad “sacar gente de la asistencia”, empezaría por lo aburrido y serio: empleo formal, salarios que alcancen, cuidado infantil, transporte, salud mental, reducción de informalidad, incentivos a pymes, formación articulada con demanda local y no con convenios para la foto. En lugar de eso, elige lo rápido: condicionar, auditar, voucherizar y cerrar programas con calendario.
